El Departamento de Educación ha abierto una investigación a los centros privados Ikasbide y Begoñazpi de Bilbao, ambos concertados con fondos públicos. Una familia denunció a través de este periódico que estaban cobrando cuotas de pago obligatorio por servicios educativos, que están prohibidas por ley. En uno de los casos (Begoñazpi) lo llegaron a plasmar por escrito. En otro de los casos (Ikasbide) reclaman como deuda el dinero no abonado de unos conceptos que en pura teoría son voluntarios.
El anuncio lo ha realizado el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, que ha respondido a una pregunta formulada en el Parlamento Vasco durante la sesión de control al Gobierno que se celebra este viernes en la Cámara. La portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, ha enfatizado que las cuotas llevan prohibidas en la normativa estatal desde 1985 y en la autonómica desde 1987. Ha lamentado que en octubre el consejero del ramo, Jokin Bildarratz, se limitara a plantear un fin “progresivo” de esta práctica. En Euskadi, prácticamente el 50% del alumnado está matriculado en centros de titularidad privada y el coste de acceso a la concertada ha supuesto una barrera para familias de nivel socioeconómico más bajo. Solamente se pueden cobrar por servicios “complementarios”, como en la pública, esto es, el transporte, el material o el comedor.
“¿Cuándo cree este Gobierno que va a tener la capacidad de cumplir la ley de 1985? No son sólo 'vox populi' [las cuotas] sino que un organismo de este Gobierno las ha cuantificado”, ha señalado Gorrotxategi citando un informe del Eustat de esta misma semana. El dato más llamativo del informe del Instituto Vasco de Estadística es que la red privada ingresó por cuotas 397 millones de euros en 2021, de los que las “cuotas de enseñanza” supusieron el 74,5% del total, esto es, alrededor de 295.
“No tenga dudas [de que Educación] tomará las medidas que haya que tomar”, se ha limitado a reseñar sobre el caso de Bilbao Urkullu. Ha preferido ofrecer medidas más generales que piensa implementar el Ejecutivo en esta materia. Aunque ya habían sido anunciadas en junio “auditorías” para vigilar una práctica ilegal pero generalizada, el lehendakari ha añadido que será un “inventario” para poder después “autorizar únicamente aquellas que sean no educativas”. “Y vamos a publicarlas en la web”, ha aseverado Urkullu, que ha apostillado que se trata de que quien vaya a matricular a un estudiante en un centro conozca sus tarifas y a qué conceptos concretos se destinan. Fuentes de Educación indican que esta publicación no se podrá realizar todavía a corto plazo.
Urkullu le ha recordado a Elkarrekin Podemos-IU que comparten un acuerdo para la reforma educativa -aunque la coalición ya se ha distanciado de él sin romperlo expresamente- y que en él se garantiza la gratuidad de la enseñanza en todos los centros cubiertos con recursos de la Administración. Eso sí, ha vuelto a deslizar que ello debería implicar procurar fondos “suficientes” a los privados, que se quejan de que los módulos de los conciertos no cubren la totalidad del coste de la enseñanza. Ha recordado a Gorrotxategi antes de que pudiera quejarse de la sobrefinanciación de la privada que es lo mismo que contempla la nueva ley educativa estatal, impulsada en su día por la ministra socialista y exconsejera vasca Isabel Celaá y apoyada por Podemos e IU.
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