La organización de defensa de los derechos de los presos de ETA Sare ha indicado este viernes que, en materia de clasificación penitenciaria, de las 24 progresiones a tercer grado aprobadas por el Gobierno vasco en este último año, 16 han sido recurridas por la Fiscalía, mientras que queda pendiente de conocer la actitud que pueda tomar sobre dos de las tres progresiones que se aprobaron en la última semana de julio. Sare estima que se están recurriendo un 75% de las progresiones y añade que esta cifra “alcanza aún mayor gravedad” si se tiene en cuenta que el porcentaje de recursos para otro tipología de presos “no alcanza el 25%”.
La red ciudadana también ha informado de que de las 16 progresiones a tercer grado recurridas por el ministerio fiscal seis han sido revocadas por el juzgado central de vigilancia penitenciaria, por lo que los presos a los que les afectan estas medidas han regresado a segundo grado y a prisión; mientras que seis han sido ratificadas, de forma que estos reclusos han sido mantenidos en tercer grado, al desestimarse el recurso de la Fiscalía (en uno de los casos fue la propia Fiscalía desistió). Asimismo, un caso quedó sin resolver al finalizar el preso la condena antes de que se resolviera el recurso, y otros tres recursos se encuentran pendientes, informa Europa Press.
Sare ha denunciado que estas cifras demuestran que los órganos de la Audiencia Nacional “ignoran y menosprecian el trabajo y las opiniones e informes” de los técnicos de los centros penitenciarios, así como las opiniones y decisiones o propuestas de las juntas de tratamiento y del Gobierno Vasco. Esta plataforma también ha precisado que cuando utiliza el lema 'Etxera', habla de la necesidad de que los presos “puedan iniciar el camino de regreso a casa”, desde “la aplicación de una política penitenciaria ordinaria”. “No se entiende que se hable de 'amnistía camuflada' o 'impunidad', ha añadido el colectivo liderado por el exconsejero con EA Joseba Azkarraga.
Sara también ha pedido al próximo Gobierno central que “devuelva” a las instituciones vascas la competencia en materia de supervisión de la ejecución de las penas impuestas a personas que en su día pertenecieron a ETA y que ponga fin a la legislación “excepcional” aplicada a este colectivo. “Es la sociedad vasca quien va a reintegrar a estas personas y, por lo tanto, los procesos a seguir por la aplicación de una legislación ordinaria deben ser diseñados, dirigidos y propuestos y aceptados por la sociedad vasca, a través de sus instituciones políticas y judiciales”, han añadido.
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