El desfalco de 176.945,72 euros de la 'alcaldesa' de Eribe, de 64 habitantes, el enésimo caso en los minúsculos concejos de Álava

Eribe es un pequeño pueblo de 64 habitantes 15 kilómetros al norte de Vitoria y perteneciente al término municipal de Zigoitia. Como es tradición en Álava, este concejo tiene su propia junta administrativa con un presidente asistido por una figura de denominación antiquísima, fiel de fechos, que actúa como secretario. Entre 2004 y 2009 la 'alcaldesa' fue Maite Garaithe Rubina Ochoa de Eribe y su fiel de fechos Olatz Ruiz. Esta semana, ambas han aceptado un trato con la Fiscalía para evitar el juicio y entrar en la cárcel en el que admiten un desfalco de 176.945,72 euros. Son 2.764 euros por habitante, como si en Vitoria hubiese un desvío de 700 millones de euros.

Lo llamativo es que este caso no es el único en los concejos de Álava. Ni mucho menos. El más sonado fue el juicio que en 2017 se celebró contra Miguel Acedo, el 'alcalde' de Aretxabaleta, un pueblo ahora ya integrado en el casco urbano de Vitoria. En su caso desvió 545.454,74 euros para beneficio propio o de terceros. En aquel proceso salieron facturas de un viaje a Eurodisney y de otro a Valladolid para más de 60 personas y hasta recitales de los hermanos Calatrava, de Mary Carmen y sus muñecos o de Marianico El Corto a costa del dinero público. Se llegó a crear un cisma vecinal en el pueblo, con una plataforma muy activa que defendía a su 'alcalde'. “Todos con Miguel”, clamaban. Acabó condenado pero no consta ni que devolviera el dinero ni que entrara en la cárcel.

Esta misma semana se ha conocido otra sentencia. El antiguo regidor de Ribaguda ha sido condenado a cuatro años de prisión por apropiarse de 145.183 euros de un concejo de ¡17 habitantes! entre 2010 y 2013. Ribaguda pertenece al término municipal de Ribera Baja. A la lista se suman Arkaute, Urturi o Respaldiza. Y ésos son los casos que se conocen. “Nos sigue preocupando el elevado número de causas que se incoan como consecuencia de irregularidades en la gestión de las juntas administrativas. Las juntas administrativas, entidades locales menores que, dada la distribución poblacional de Araba, tienen gran importancia en su entramado institucional, son fuente de muchas denuncias por irregularidades en la gestión. La experiencia adquirida en la tramitación de las causas incoadas, ya reflejada en anteriores memorias, pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal que establezca mayores mecanismos de control contable y presupuestario de su actividad”, escribió en una de sus memorias anuales el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, al hilo del caso de Aretxabaleta.

El caso de Eribe salió adelante debido a que el nuevo equipo gestor presentó una denuncia, pero en una reunión que se mantuvo hace años en la Diputación entre el entonces responsable de Administración Local con el PP, Javier Ruiz de Arbulo, y los concejos afectados, la lista de presentes era muy amplia y no todos los desfalcos han trascendido. La propuesta fue solicitar al Tribunal de Cuentas del Reino una auditoría para, en su caso, liquidar la responsabilidad contable, una facultad que no tiene su equivalente autonómico. Otros decidieron acudir también a la Justicia ordinaria. Pero hubo casos que se quedaron ocultos.

Y quienes decidieron dar el paso para recuperar el dinero público esquilmado no lo han tenido sencillo. Ocurrió en Aretxabaleta por la fuerte oposición de un grupo de vecinos. El caso de Eribe ha sido una investigación liderada por la magistrada de Vitoria Ana Jesús Zulueta, conocida por haber dirigido en los últimos meses hasta su salto a la Audiencia de Álava el sumario de las filtraciones en las oposiciones médicas de Osakidetza en 2018. En la documentación consta que se han producido importantes retrasos, que el caso “se ha encontrado paralizado sin justificación por tiempos prolongados”. Se citan en concreto seis momentos de parón, algunos de casi un año.

A pesar de la simpleza de la trama -la regidora extraía dinero de la cuenta del concejo y en la mismas fechas hacía imposiciones en sus depósitos bancarios particulares- se llegó a archivar dos veces y estuvo a punto de irse al traste la investigación. A diferencia de en los casos de Ribaguda y Aretxabaleta, en Eribe no hubo ingresos extraordinarios por aprovechamientos urbanísticos que le hacían disponer de mayor presupuesto a pesar de su tamaño. Aquí las vías de financiación eran tres, los fondos de Zigoitia, el fondo foral llamado Fofel y los ingresos del arrendamiento de los terrenos de la hípica.

Finalmente, la acusada y su fiel de fechos han pactado una pena de cárcel de dos años -lo que les evita la entrada efectiva- y han admitido irregularidades por valor de 130.786,65 euros, a los que se suman intereses. La devolución que harán será de 176.945,72 euros. Ese dinero ya se ha ido pagando, primero unos 70.000 antes de la denuncia, después otros 40.000 al hilo del procedimiento en el Tribunal de Cuentas y ahora quedan por liquidar con esta sentencia 62.649,22 euros, aunque el tribunal ha de ratificar el trato entre Fiscalía y acusadas.