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Después de Prisiones, Euskadi quiere recibir antes de que acabe el año las transferencias del IMV y de Cercanías

Euskadi escenificó el pasado 1 de octubre la recepción de la transferencia de Prisiones, prevista en el Estatuto de Gernika de 1979 y no consumada hasta 2021. Mientras el PNV y el lehendakari, Iñigo Urkullu, avanzan con el freno de mano echado en el proceso de reforma del marco de autogobierno, aunque no renuncian formalmente a ello, su gran objetivo es completar a corto plazo lo que han venido en llamar el “autogobierno reconocido”. Aunque hay más temas en cartera, antes de que acabe el año son dos las prioridades definidas y claras. Por un lado, se pretende el traspaso de la gestión completa del nuevo Ingreso Mínimo Vital (IMV). Y, por otro lado, se trabaja en una propuesta para la transferencia de las líneas de ferrocarriles de Cercanías, según indican portavoces oficiales del Gobierno vasco. Se da la circunstancias de que ambas materias serían gestionadas por consejeros socialistas del Gobierno de Urkullu.

Urkullu y el líder del PNV, Andoni Ortuzar, suelen repetir que han arrancado al actual Gobierno de España algo que nunca han conseguido con los anteriores, un calendario para completar las materias pendientes del Estatuto que este mes cumplirá 42 años. Ese cronograma está vigente y, además de Prisiones, ha permitido otros acuerdos de menor calado político como algunos tramos de autopistas -ninguna carretera que atraviesa Euskadi es ya de titularidad estatal- o la asignación del código ISBN de los libros. Pero ha sufrido todo tipo de retrasos y vicisitudes. En 2019 quedó condicionado por las dos elecciones generales. La pandemia también modificó otros plazos en 2020. Además, Pedro Sánchez ha modificado el Ministerio de Política Territorial en varias ocasiones en estos tres años. La primera interlocutora del Gobierno vasco fue Meritxell Batet, después asumió sus funciones temporalmente Luis Planas, luego llegó Carolina Darias, Miquel Iceta tuvo una breve estancia en el puesto y ahora la ministra es Isabel Rodríguez.

En el listado de pendientes, además del IMV y Cercanías, hay más temas que serán objeto de negociación. Está Inmigración o una materia simbólica, los paradores nacionales. También queda para el final el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social, aunque aquí el compromiso de Sánchez se limita a hacer un estudio de sus implicaciones, siembre polémicas porque implica a un sistema unitario. En materia de transportes, el PNV demanda también una transferencia completa de puertos y aeropuertos, aunque hasta ahora el Estado se ha reservado aquellas infraestructuras que considera de “interés general”. De este modo, la comunidad autónoma gestiona todos los puertos salvo los de Santurtzi y Pasaia y en los aeropuertos no ha habido cesiones (pero en Catalunya la Generalitat sí dispone de terminales pequeñas mientras el Gobierno central dirige El Prat y otros).

El caso del IMV es singular. Cuando Sánchez llegó a La Moncloa y se confeccionó el primer calendario, esta prestación ni siquiera existía. Su transferencia -también a Navarra- fue pactada por el PNV a cambio del apoyo a una de las prórrogas del primer estado de alarma. Se planteó con el doble objetivo de integrar este sistema como la renta social autonómica (RGI) y con el de explorar un primer intento de fijar un criterio para allanar el camino a la Seguridad Social vasca, según explícito en la primavera de 2020 el PNV. Se hablaba de otoño de 2020 como el momento para la firma del traspaso, pero solamente se accedió entonces a una encomienda de gestión. ¿Qué implica? Que el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) recoge efectivamente las solicitudes del IMV al igual que las de la RGI pero el que las tramita, autoriza y paga es el Estado a través de la Seguridad Social.

El PNV no ha dudado en señalar al ministro del ramo, José Luis Escrivá, del área socialista, como responsable directo de este retraso. Le auguró incluso “dardos desde todas las esquinas” antes del verano, pero al poco tiempo fue ratificado por el presidente a pesar de la profunda remodelación de su gabinete. En Euskadi, es el PSE-EE el que gestiona el Departamento de Trabajo y Empleo y Lanbide en el Ejecutivo de coalición y también ha alzado la voz contra Escrivá. La propia Idoia Mendia, con el rango de vicelehendakari, ha denunciado que se quiera convertir a Lanbide en una “sucursal” en este tema.

Fuentes tanto nacionalistas como socialistas confían en que este mes de octubre llegue una propuesta para completar la transferencia. “Nos preocupa este tema. La transferencia tiene que ser íntegra. En esto compartimos estrategia con el PNV”, explican desde el PSE-EE. El retraso -añaden estas fuentes- “afecta directamente a Lanbide” y explican que la polémica ha de estar resuelta “antes de que se tramite la reforma de la RGI en el Parlamento Vasco”. Según datos de Lanbide, hasta agosto 15.935 perceptores de la RGI vieron “regularizadas” sus pagas porque no estaba resuelta la duplicidad de sistemas y, en realidad, tenían que cobrar una parte de IMV. Solamente hay 678 perceptores de IMV por no llegar a los requisitos de la RGI.

En cuanto a Cercanías, Renfe opera tres líneas en el área metropolitana de Bilbao, una de las cuales llega al norte de Álava, y otra en Gipuzkoa, de Brinkola hasta la frontera francesa pasando por Donostia. Además, existe la línea C4 de Bilbao, operada antiguamente por FEVE en vía estrecha y que llega hasta las Encartaciones. Es la única de este ancho no transferida. “La comunidad viene gestionando 184 kilómetros de líneas de vía métrica. La Administración General del Estado, por su parte, gestiona 82 kilómetros de líneas de vía métrica y 308 kilómetros de líneas de vía ancha”, indicaba un informe del Gobierno vasco sobre el detalle de las infraestructuras de Adif y su equivalente autonómico, ETS. El precedente en esta materia hay que buscarlo en Catalunya, pero las Rodalies de Barcelona tienen la peculiaridad de que son un servicio autonómico pero prestado por Renfe. No obstante, desde 1979 se ha modificado de manera importante esta materia ya que por ahora se diferencia la gestión de la infraestructura (vías y estaciones) y del servicio (trenes) y, recientemente, se ha eliminado el monopolio estatal y se permiten operadores privados compitiendo con Renfe. Como en el caso del IMV, una transferencia de Cercanías afectaría a un Departamento dirigido por los socialistas en Euskadi, en este caso por el consejero Iñaki Arriola.

En el capítulo de ferrocarriles, en todo caso, se cuela otro debate que no es una transferencia propiamente dicha pero que implica compromisos del Estado. El corredor vasco de alta velocidad, la conocida como 'Y' por su forma para unir las tres capitales, sigue sin ser completado y ahora está en aire el acceso de los trenes AVE a Vitoria y Bilbao, para las que se plantean soluciones provisionales y no los prometidos soterramientos. Esta semana, delante del jefe del Estado y de la ministra del ramo, Raquel Sánchez, el lehendakari emplazó al Gobierno central a que se comprometa a “culminar” esta infraestructura cuyos primeros bocetos datan de 1987. El último plazo dado, 2026, parece ya nuevamente una quimera aunque sea el enésimo calendario establecido.

La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, se reunió en septiembre con la nueva ministra de Política Territorial, quien también telefoneó a Urkullu para presentarse. En todo caso, aunque consultado por este periódico prefiere guardar silencio por discreción, todo apunta a que el IMV y al menos la finalización de las obras de la 'Y vasca' serán dos elementos clave que el PNV pondrá sobre la mesa en la inminente negociación de los presupuestos generales del Estado en las Cortes Generales. “Es muy importante para afianzar la confianza y para generar más en el futuro comprobar que algunas cosas que estaban pendientes de ejecución, no estrictamente presupuestarias, ya se encarrilan definitivamente. No es chantaje. Si compromisos que tú has asumido no se cumplen, ¿con qué seguridad vamos a ir nosotros a una negociación de cosas para el futuro?”, dijo la pasada semana en la Cadena Ser Ortuzar.

elDiario.es/Euskadi

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