“Dicen que no hay ningún problema con nuestra salud, pero nosotros sabemos que lo hay”, insisten en el entorno de Glefaran

En 2016 una nube de cenizas inundó las calles de Güeñes, municipio vizcaíno de cerca de 7.000 habitantes y llenó las casas de sus vecinos de hollín. Aquellas cenizas procedían de la quema de madera para la obtención de energía que aún a día de hoy realiza la empresa Glefarán. “La población se comenzó a alarmar y decidimos denunciarlo, pero el Gobierno vasco respondió diciendo que el hollín era molesto, pero no tóxico”, explica a este diario Fernando Naranjo, portavoz de la plataforma vecinal Güeñes Bizia.

La plataforma lucha desde entonces para acabar con la contaminación y lograr el cese inmediato de la actividad de incineración de madera y biomasa forestal por parte de la empresa Glefarán, que heredó las instalaciones de la antigua papelera Pastguren y junto con ellas, la autorización ambiental integrada, es decir, los permisos relativos al medio ambiente, pese a realizar una actividad distinta a la que llevaba acabo la papelera.

No contentos con aquella respuesta por parte del Gobierno vasco, los vecinos optaron por recaudar fondos para llevar a estudiar las partículas que emitía la empresa energética. “Los estudios demostraron que los elementos estudiados eran muy tóxicos. Nuestro objetivo es que esa empresa no haga daño a la población. Esto afecta a la salud de mucha gente y nadie nos está protegiendo”, asegura Naranjo.

Hasta en dos ocasiones tres científicos han visitado el municipio vizcaíno para realizar estudios independientes sobre las emisiones que realiza la fábrica y los riesgos a los que se expone la población que allí reside. El último de ellos, firmado por Fernando Palacios, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entre 1986 y 2019 y revisado por Josep Ferrís i Tortajada, fundador y coordinador de la unidad de Salud Medioambiental Pediátrica del hospital La Fe de Valencia, y Eduard Rodríguez-Farré, también vinculado al CSIC, determinaba que “la incineración de la madera, incluidos el pino y eucalipto, produce sustancias tóxicas para la salud de las personas” y que “la actividad de la instalación es incompatible con la reducción de gases de efecto invernadero” por lo que “recomendaba el cese inmediato de la actividad” de la empresa.

“En el estudio se numeran una serie de cuestiones que debería llevar a cabo la empresa y que a día de hoy no realiza. La conclusión a la que llegan es que no puede haber una planta de biomasa a menos de cinco kilómetros de la población porque no hay filtros que retengan las partículas dañinas”, apunta Naranjo.

El informe, que consta de 79 páginas, señala que “no se ha realizado un estudio en profundidad de las sustancias peligrosas que se emiten, sus cantidades, su toxicidad y ámbito de afección, y tampoco se ha realizado un estudio en profundidad sobre los efectos de las emisiones en la salud a lo largo del periodo de actividad de la instalación” por lo que “no se han establecido las medidas preventivas y protectoras que habrían sido necesarias para garantizar la salud de las personas al haberse ignorado la emisión de sustancias peligrosas”. Con todo ello, el estudio concluye que “la alternativa más coherente con la prioridad de defender la salud es el cese de la actividad de incineración de biomasa forestal”.

Para evitar la contaminación en la localidad vizcaína, lo que buscan desde la asociación, es que “la empresa realice otras actividades menos perjudiciales para la población y que generen más empleabilidad en la zona”. “Nos aseguraron que la empresa iba a crear muchos empleos y que iba a salvar no solo a Güeñes y a Zalla, sino a toda la comarca del desempleo y la realidad es que a día de hoy allí trabajan cerca de 20 personas, incluidas las personas que se dedican a la administración”, confiesa el portavoz de Güeñes Bizia.

Tres cargos del Gobierno vasco imputados por falsedad documental

La indignación de los vecinos llegó a su punto más álgido cuando en 2019, quince días antes de las elecciones municipales, técnicos del Departamento de Sanidad del Gobierno vasco presentaron un informe favorable sobre mediciones de emisiones de benzopireno y metales pesados procedentes de la empresa Glefaran. “La plataforma llevaba tiempo pidiendo que se midieran algunos materiales más allá de las partículas, no nos hicieron caso y resulta que justo antes de las elecciones presentaron ese informe en el que aseguraban que todo estaba dentro de los límites. Eso es falso porque esas mediciones no se llegaron a realizar y tenemos pruebas de ello”, denuncia Naranjo.

Para demostrarlo, la plataforma Güeñes Bizia interpuso una denuncia penal contra el exdirector de Administración Ambiental, Iván Pedreira, del PSE-EE, contra su superior jerárquica, la entonces viceconsejera de Medio Ambiente, la también socialista Elena Moreno, y contra el exalcalde de Güeñes por el PNV, Imanol Zuluaga. A día de hoy ninguno de los tres continúa en el puesto en el que estaba cuando se dio la crisis de Glefaran, aunque todos ellos son altos cargos del Gobierno vasco en la actualidad. Los tres declararon el pasado 21 de septiembre como imputados por falsedad documental.

“Queremos que se haga justica. El Gobierno vasco y el Ayuntamiento dicen que no hay ningún problema con nuestra salud, pero nosotros sabemos que lo hay. Lo único que pedimos es debatir en público este problema. Ellos se defienden asegurando que la empresa cumple la ley, pero esa misma ley no respeta nuestra salud”, asegura Naranjo.

Otro de los objetivos de la asociación es que más allá de los estudios independientes realizados hasta ahora, se realice un “estudio en profundidad” para conocer los efectos que ha tenido la actividad de la instalación en la salud de las personas que residen en Güeñes y Zalla. “Este informe puede servir de base a acciones que culminen en la compensación a los posibles damnificados”, apuntan. Según los cálculos de la asociación, cerca de 15.000 personas que viven a menos de 5 kilómetros de Glefarán podrían estar “en grave peligro” por las sustancias que emite la fábrica durante su actividad, que ya suma más de cinco años.