Quién es “Doña Ana”, la eterna alcaldesa socialista de Lasarte-Oria sepultada por irregularidades en Nicaragua

Ninguna fuente es capaz de confirmarlo con precisión pero, a la vez, ninguna es capaz de concretar otro caso previo de un cargo público en España que se haya acogido a la reforma del delito de malversación. Ana Urchueguia, alcaldesa socialista de Lasarte-Oria desde que se creó el municipio en 1986 hasta 2010, ha llegado a acuerdo en el proceso judicial que tenía pendiente desde 2015 justo al calor de los cambios en la regulación de este delito implementados por el Gobierno de Pedro Sánchez y ha logrado que su confesión de nueve años de delitos “continuados” en la gestión de los fondos de cooperación para la localidad de Somoto, en Nicaragua, se haya quedado en una inhabilitación de casi dos décadas sin efectos prácticos, porque lleva ya dos lustros fuera de la política, y en una multa simbólica, de poco más de 2.000 euros. Pero, ¿quién era “Doña Ana”, esa mujer que se presentaba ante los somoteños como una potentada conseguidora que venía de Europa y que llegó a adquirir allí fincas?

Urchueguia nació en Donostia en 1952. Ella misma solía repetir que empezó a trabajar de adolescente. En 1979, todavía veinteañera, fue elegida concejal en las primeras elecciones municipales tras la aprobación de la Constitución. Ni siquiera existía Lasarte-Oria como entidad independiente y ella fue edil del PSOE en Hernani. La nueva demarcación surgió con terrenos de Hernani pero también de Urnieta y Andoain. Está pegada a Donostia y tiene unos 18.000 habitantes. El nuevo municipio se creó en 1986, con ella al frente. Ganó las elecciones en 1987, en 1991, en 1995 –ya tras la fusión con EE–, en 1999, en 2003 y en 2007. Probablemente con cierta exageración, en aquel 2007 fue grabada contando en Somoto que tenía el récord en España.

Somoto, de 40.000 habitantes, es la capital de la región de Madriz, con zeta, aunque su bandera es como la de Francia. Es fronteriza con Honduras. Lasarte-Oria se hermanó con ella en 1997 y ése fue el origen de que se destinaran buena parte de los fondos de cooperación locales allí. “Es lo más pobre de Nicaragua. Y, si entendemos que Nicaragua es lo más pobre de Centroamérica, verán ustedes lo que supone”, explicaba ella sobre la importancia de este vínculo. En el año 2000, la alcaldesa -aunque a sí misma se llamaba “alcalde”- se arrogó en primera persona las competencias de gestión de esta materia. Además, Urchueguia tenía un papel relevante en Euskal Fondoa -Asociación de Entidades Locales Vascas Cooperantes- y en la FEMP –Federación Española de Municipios y Provincias–, donde era responsable de cooperación.

En 2007, salieron a la luz informaciones que ya alertaban del descontrol de los dineros que salían de las arcas del municipio guipuzcoano hacia Nicaragua. En una visita a Somoto, con una revista en la mano, Urchueguia fue grabada avisando de que las “víboras” que habían colaborado con periodistas del otro lado del charco deberían estar vigilantes. En esos mismos vídeos, la alcaldesa -exagerando de nuevo al contarles a los somoteños que gestionaba anualmente 300 millones de euros de presupuesto- les indicaba a los locales que el dinero no procedía de ninguna institución, sino del trabajo de un grupo reducido de personas entre las que estaba ella, Doña Ana, la madrina. Sacó un bolso al escenario y contó que ella misma vendía ese tipo de productos para sacar dinero. Y luego repartía los cheques para diferentes iniciativas.

Lo que ha quedado acreditado ahora con su confesión es que ella hacía y deshacía. El dinero iba fundamentalmente a OHLOS, una carcasa que respondía al nombre de Oficina de Hermanamiento de Lasarte-Oria y Somoto que no tenía ninguna personalidad jurídica. Desde allí, se controlaba su reparto. En el acuerdo judicial no se habla de cantidades, pero entre 2000 y 2009 se pudieron mover del orden de 2,5 millones dólares estadounidenses (2 millones de euros al cambio de la época). Eran actuaciones ilegales y la alcaldesa sabía que lo eran. También se han acreditado “desviaciones”, es decir, que el destino del dinero no era siempre el prometido originalmente. Lo primero es prevaricación y lo segundo es malversación. De lo primero hay 81 expedientes y de lo segundo 39. Y aquí entra en juego la reforma legislativa. Como no se ha acreditado un enriquecimiento ilícito y pese a las desviaciones, mal que bien, el dinero quedó en Somoto, se aplican unas condenas muy atenuadas a pesar de ser delitos “continuados” que se prolongaron nueve años en el tiempo. Ni siquiera recibirá una pena de cárcel de corta duración de las que habitualmente quedan suspendidas.

En la legislatura 2007-2011 se empezaron a suceder informaciones, informes internos y otros datos que alentaban la hipótesis de que algo no estaba yendo bien en Somoto. El Grupo Noticias llegó a enviar periodistas a Somoto. En 2010, el partido la retiró de su cargo avanzada su séptima legislatura. Pero, a cambio, la nombró delegada de Euskadi en Chile y en Perú. Patxi López era el lehendakari y este cargo dependía directamente de la Presidencia vasca. Urchueguia, que llegó a comparecer en el Parlamento Vasco negando las irregularidades con vehemencia, pone ahora en un compromiso a López, portavoz del PSOE en el Congreso. Dio la cara por ella en la Cámara y llegó a criticar que se le intentara “destrozar la vida”. Fue uno de los elementos que el PNV utilizó con más dureza en su oposición a aquel Ejecutivo del PSE-EE. Fuentes del Euzkadi Buru Batzar encajan ahora la confesión como una muestra de “trabajo bien hecho”. “El tiempo ha demostrado que no había caza de brujas” y que la exalcaldesa “mentía” cuando despachaba las denuncias sobre su gestión, inciden estas fuentes. “Se confirman las sospechas”, ha escrito también EH Bildu en Twitter.

El entorno de Urchueguia, cuyos abogados tienen el bufete en la acera frente a la sede del PSE-EE en Donostia, no quiere hacer comentarios. Sin embargo, otras fuentes judiciales explican que fue su letrado, José María Múgica, quien armó este final para la historia de Doña Ana. La exalcaldesa, que lleva desde 2012 retirada de la vida pública, cuando cesó como alto cargo de la Presidencia vasca con la llegada de Iñigo Urkullu a Ajuria Enea, quería poner fin a su periplo judicial. El movimiento fue contrastado con el partido. Aunque la familia Múgica hace tiempo que se alejó del PSE-EE, se mantienen algunos canales. La intención se presentó a la Fiscalía, que dio su visto bueno. De lo sorpresivo del hecho da cuenta que la fiscal asignada al caso, Rocío Arana, ni siquiera tenía hecha su petición de penas. “Nos da igual que sea en elecciones con tal de que acabe ya”, cuenta una fuente conocedora de las conversaciones sobre el hecho de que el acuerdo, cerrado hace pocas semanas, haya estallado a días de la campaña electoral.

Los socialistas ya perdieron Lasarte-Oria en 2011. La nueva coalición Bildu no ganó en las urnas pero logró una mayoría con PNV y la plataforma local PCLO. Este caso tuvo mucho que ver y el regidor abertzale, Pablo Barrios, fue quien presentó la querella que ahora ha desembocado en esta resolución. En 2015, quien relevó a Urchueguia temporalmente, Jesús Zaballos, recuperó el poder. Ahora el primer edil es Agustín Valdivia, y aspira a la reelección. El partido quiere dar por “zanjado” este 'affaire' con la confirmación del acuerdo judicial de reconocimiento de los hechos y la constatación de que no hubo apropiación indebida. Han suspendido la militancia de Urchueguia de manera cautelar y la expulsarán cuando la sentencia sea firme, como está previsto para casos de corrupción. Eso sí, este paso se ha dado después de que se hiciera pública la noticia de la confesión y no antes, aunque ya lo conocían.

De hecho, en Lasarte-Oria se celebró en abril un pleno a puerta cerrada en el que se acordó dar por bueno el acuerdo judicial, ya que el Ayuntamiento es una parte personada. Informa El Salto de que, en esa sesión, PNV, EH Bildu y Elkarrekin votaron a favor y que los socialistas se abstuvieron. El PSE-EE, en un comunicado, insiste en que pusieron los medios para atajar estas irregularidades. El acuerdo de conformidad, como se llama en jerga judicial, ha de ser ratificado ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Se convocará una vista pero no habrá juicio como tal. Es un mero trámite. El caso está visto para sentencia. ¿Qué hubiese ocurrido si Nicaragua hubiese colaborado con las comisiones rogatorias y las peticiones de información llegadas desde la Justicia española?