EH Bildu ha elevado la denuncia de casos de corrupción y clientelismo a una de sus principales líneas de oposición al Gobierno de Iñigo Urkullu y, en general, al PNV. Y, en las últimas semanas, esta decisión se está reflejando con claridad en los mensajes políticos. La coalición retomará en la sesión plenaria de este jueves en el Parlamento Vasco su propuesta para crear un órgano que se ha venido en llamar oficina anticorrupción y que sería “independiente”, al modo de la constituida en 2018 en Navarra, aunque ya adelanta su temor a que la mayoría absoluta que en la Cámara tienen PNV y PSE-EE se convierta en “rodillo” y no permita la tramitación de esta propuesta. Fuentes nacionalistas precisan que hasta el jueves no concretarán el sentido de su voto y desde el PSE-EE traslada un mensaje similar.
Este texto no es nuevo. Ya se presentó en la pasada legislatura y fue admitido a trámite con el apoyo de los partidos del Ejecutivo. Sin embargo, las tres diputaciones actuaron de la mano y la recurrieron ante la Comisión Arbitral por invasión de competencias forales. La Comisión Arbitral es una suerte de Tribunal Constitucional interno que analiza los contenciosos entre el nivel autonómico y el foral. Tras el cepillado, volvió a la Cámara con “informe jurídico favorable” de los letrados del Parlamento, según remarca EH Bildu, pero el final de la legislatura no dio margen para que terminara su tramitación.
Ahora, la coalición retoma un texto sustancialmente similar, pero el parlamentario Josu Estarrona ha hecho ver este martes que el Gobierno ha pasado de mostrar un criterio “favorable” a tenerlo “desfavorable” en el preceptivo informe que se entrega al Parlamento ante cualquier iniciativa legislativa que no parta del Ejecutivo. Es un pronunciamiento que no es vinculante, pero obviamente muy importante para PNV y PSE-EE. Estarrona ha asegurado que en la votación se verá si los nacionalistas y los socialistas “están en contra de la corrupción” o son “conniventes” con ella al no proponer “medidas”. Preguntado por los periodistas, ha indicado que el texto solamente incluye una modificación sustancial respecto a la versión orginal, una disposición pensada para dotar de mayor protección a los denunciantes en línea con una directiva comunitaria de 2019. “El cambio de criterio no puede venir por ahí”, entiende Estarrona.
EH Bildu ha querido situar el debate de esta ley en su contexto. Ha enumerado hasta diez casos de corrupción o irregularidades económicas contemporáneos y ha añadido que existe la “corrupción legal”, aquella basada en “redes clientelares” que colonizan el sistema. Y ha deslizado que podría ser “la punta del iceberg” porque no hay “instrumentos suficientes” para investigarla. En el plano de la Administración, Estarrona ha vuelto a insistir en una tesis que ya viene reiterando en los últimos meses, que los órganos de control están controlados y no son operativos. “Han pasado decenas de contratos delante de sus narices y no los han olido”, ha dicho sobre el Tribunal de Cuentas o la Oficina de Control Económico. Ha mencionado también la Comisión de Ética, a la que suele llamar “Comisión de Estética”, y ha ironizado que en ella “se dedican a felicitarse entre consejeros”, en alusión al dictamen que aplaudía la gestión de Gotzone Sagardui de las vacunaciones irregulares en dos hospitales de Bilbao y que venía firmada por su colega Olatz Garamendi.
elDiario.es/Euskadi
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