La coalición Elkarrekin Podemos-IU ha denunciado en el Parlamento Vasco que el Gobierno de Iñigo Urkullu mantiene contratos regulares con empresas investigadas o sancionadas por Competencia por repartirse el mercado. David Soto ha señalado que ello ocurre también en Prisiones, el último organismo autonómico creado tras la transferencia cerrada el 1 de octubre del pasado año. “Tenemos la sensación de que este problema empieza a resultar ya endémico”, ha afirmado Soto, que ha preguntado al Ejecutivo por las medidas que está tomando a este respecto en la sesión de control que celebra la Cámara.
Soto ha puesto algunos ejemplos. “El 1 de octubre del 2021 se transfirió la competencia de Prisiones y la sociedad informática del Gobierno vasco [por EJIE] licitó la gestión penitenciaria el 12 de septiembre a Ibermática. La segunda empresa con mayor baremación era Inetum. Ambas están investigadas en estos momentos por la Autoridad Vasca de la Competencia por posibles prácticas anticompetitivas, por contratos a su vez también realizados con la sociedad informática del Gobierno vasco. Ibermática e Inetum, ambas, se han repartido en los últimos años unos 50 y 30 millones, tanto una como la otra, respectivamente, por contratos también con esta misma sociedad. El plan estratégico de infraestructuras de las Instituciones Penitenciarias de Euskadi en estos momentos no ha sido licitado, pero soóo hay un único ofertante: Idom, sancionada por la CNMC con 640.000 euros recientemente por el cártel de zona norte. Suministro de productos de limpieza y aseo para los centros penitenciarios [ha ido] a Gasca Garbitasuna Higiene, vinculada al Grupo Gasca, empresa que fue condenada por la Justicia y por esta Cámara por participar del cartel de comedores escolares de Euskadi. Nos preocupa, señora consejera, que tras recibir una nueva competencia por parte del Gobierno vasco, ésta básicamente se abra al mercado de determinadas empresas y consultoras que vienen siendo sancionadas, o en su caso están siendo investigadas, por prácticas colusorias”, le ha señalado a la consejera Olatz Garamendi, a cuyo departamento está adscrita EJIE.
Según Garamendi, estas denuncias son un “nahaste borraste” y, sin entrar a analizar cada contratación mencionada, ha recordado que en Euskadi existe un organismo de control de Competencia y recomendaciones e informes al respecto. “Yo le invito a leerlo”, ha despachado ante las preguntas de Soto.
El representante de Elkarrekin Podemos-IU, ha replicado: “Si nos atenemos al portal de contratación, el año pasado 765 contratos por un valor de 189 millones, de estos, el 60% de los cuales tenía un único ofertante o eran a dedo. Es decir, consideramos que en estos momentos existe el riesgo, y, además, de estos, la mayor parte de los contratos estaban vinculados a determinadas empresas que tenía o estaban siendo investigadas por prácticas colusorias. Creemos que existe una persistencia por parte de determinadas empresas de presentarse a determinados procesos de contratación y de licitación pública, y que luego, a su vez, estas empresas son investigadas y sancionadas por prácticas colusorias”.
“Parece que pretende llegar al extremo de condenar sin presunción de inocencia. Insisto, las adjudicaciones se realizan con arreglo a la normativa vigente. Y parece que usted quiere establecer una prohibición no existente para contratar con determinadas empresas”, ha señalado Garamendi, quien ha remarcado que la prohibición de licitar a empresas investigadas solamente es aplicable después de una serie de trámites que dependen del Estado.
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