Un colectivo de especialistas de apoyo educativo se ha concentrado frente al Gobierno vasco para denunciar la desatención que sufren los escolares con necesidades educativas especiales. El deterioro en la calidad del servicio está provocado, a su juicio, por unas condiciones laborales desacordes con la demanda. “Se reducen las horas por chavales y no se da una atención conveniente. En muchos casos en que, tras una valoración pedagógica, se estipula un apoyo a jornada completa de un especialista, el escolar acaba siendo atendido por tres y cuatro. De esta forma no se puede realizar el seguimiento que necesita ese chaval”, explica Maider Ezkioga, trabajadora y sindicalista de ELA.
El personal laboral que el Departamento de Educación tiene asignado a este servicio está compuesto por una plantilla de unos 450 trabajadores fijo y otros 400 interinos. Los portavoces del grupo concentrado frente al Ejecutivo vasco aseguran que está plantilla es insuficiente para atender una demanda que va en aumento. “La matriculación se está incrementando. Vemos como cada vez hay más chavales que requieren de nuestro apoyo, porque no solo atendemos a alumnos con deficiencias, autismos sino que ahora se registra un aumento de chicos con problemas de conducta que también debemos tratar. Pero los ratios suben y los trabajadores no”, detalla Ezkioga.
“Colectivo discriminado”
Mientras hace unos años, en algunos casos, había un especialista para uno o dos chavales ahora el mismo profesional debe atender a tres o cuatro, según han revelado los portavoces del grupo movilizado. Por ello piden al departamento de Educación un incremento de la Relación de Puestos de Trabajo, RPT. “Hacemos una llamamiento a los padres para que exijan para sus hijos lo que disfrutan el resto de los chavales. Educación les deben garantizar todos los medios para que se puedan ir desarrollando dentro de sus capacidades como cualquier otro niño”.
Estos profesionales dicen sentirse discriminados porque son “el único colectivo de todas las administraciones vascas que no tiene las 35 horas. Trabajamos en algunos casos más de 40-45, porque no está asignado el reparto semanal sino en función de jornadas anuales de 1.480 horas. De esta forma todo queda muy ambiguo”. Entienden que deben ser igualadas a las del resto de personal laboral de la Administración pública.
Después de esta primera movilización no descartan la celebración de paros y huelgas. Estudian estas nuevas medidas y están en contacto con el resto de los sindicatos con representación en el sector para hacer actos conjuntos.