Cuando Europa obligó a Euskadi a aprobar medidas para proteger a los denunciantes de corrupción

Es un mantra de la campaña electoral que la acción de la Unión Europea afecta de modo directo a la vida pública local. Pero, ¿en qué se ha traducido eso en los últimos años? Un ejemplo concreto: Euskadi no tiene ley de Transparencia. Es la única comunidad autónoma en esa situación. Sin embargo, en abril de 2023 el Gobierno de Iñigo Urkullu tuvo que activar de forma urgente la tramitación de un decreto para crear un canal que permitiera recoger denuncias de funcionarios y otro personal de la Administración ante posibles casos de corrupción. Se aprobó en tiempo récord, en dos meses. Muy poco antes, en febrero de ese año, era algo que ni se contemplaba. Llevaba rechazándose en votaciones parlamentarias desde que en 2019 la entonces parlamentaria Cristina Macazaga lo propuso por vez primera. ¿Qué cambió? Esta regulación viene marcada por una directiva de la Unión Europea y había urgido a España para que la incorporase a su derecho interno.

Según admitió el propio Gobierno vasco en un documento, la secuencia temporal es muy elocuente. Europa aprobó en 2019 la directiva 1937. Fue visada por el Parlamento y por la Comisión Europea. Ordenaba que los Estados miembros activarían las medidas contempladas “a más tardar el 17 de diciembre de 2021”. Pero el 15 de febrero de 2023 el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen requirió judicialmente a varios países porque no estaba en marcha ese “sistema interno de información y de protección de las personas denunciantes”. España realizó lo que jurídicamente se llama “transposición” ese mismo mes, el 20 de febrero.

Y en abril la consejera vasca Olatz Garamendi ya inició el procedimiento para hacer lo propio en Euskadi. En junio estuvo listo y se designó a Maite Basabe, procedente del Ararteko, para liderar esa oficina, de la que no se ha tenido ninguna noticia desde entonces. Eso sí, esta regulación solamente establece un “canal interno” de denuncias. El “canal externo” estaba previsto en los borradores de la ley de Transparencia pero es uno de los grandes debes del Gobierno de Urkullu. En tres legislaturas se ha prometido y en tres legislaturas no ha salido adelante, incluso teniendo mayoría absoluta en la última de ellas.

“En 2019, hace cinco años, Euskadi perdió la oportunidad de tener una ley propia que protegiese a las personas que en diferentes ámbitos denunciaran corrupción. En Euskadi teníamos casos de acoso como el que sufrió Ainhoa Alberdi (denunciante del 'caso De Miguel') o los tres profesionales de Osakidetza que denunciaron las irregularidades de las OPE de Osakidetza”, cuenta Macazaga sobre su propuesta de hace un lustro. Y sigue: “PNV, PSE-EE y PP rechazaron la ley. En aquel año, el Eurobarómetro sobre corrupción señalaba que, el 81% de los europeos no informaban de casos de corrupción por miedo a represalias y La Comisión Europea contemplaba la implantación de esta norma. Años después la directiva que protegía a las y los alertadores de corrupción obligaba a Euskadi a adaptarla”. Según Macazaga, ya alejada de la primera línea política, “casos como estos demuestran la importancia de votar a las elecciones al Parlamento Europeo”. Permite “lograr avances en políticas de derechos y de protección a la ciudadanía que desde las instituciones propias sufren resistencias”, entiende.

“Ha puesto en marcha el Gobierno un canal interno de denuncias, sí, pero nosotros planteábamos una oficina que iba más allá, como la de Navarra. Una oficina abierta a cualquier otra persona que vea un hecho irregular y que pueda acudir a una ventanilla con todas las garantías y recursos a su alcance. Ése es el siguiente paso que hay que dar. Hay mucho margen de mejora”, apunta el senador de EH Bildu Josu Estarrona, antes parlamentario vasco y que vio decaer numerosas iniciativas en ese sentido. “La directiva obliga a que los Estados miembros, a nivel nacional o autonómico, adopte las medidas para implementar unos objetivos. Euskadi no tenía por qué haber esperado al Gobierno nacional. Tenía competencias de sobra para aplicarlo antes”, señala Luis Gordillo, que fue parlamentario de la coalición PP+CS en la anterior legislatura vasca y que en noviembre de 2021 instó al Gobierno vasco a aplicar ya la normativa europea sobre denunciantes de corrupción.

Se da la circunstancia de que la gestión de los fondos comunitarios Next Generation EU que han reportado o comprometido ya a Euskadi unos 2.000 millones de euros tienen también su propio sistema impuesto por Europa de seguimiento y control de posibles irregularidades. Se trata de mecanismo con indicadores en forma de banderitas de color rojo. Confirma Juan Alberdi, director de fondos europeos del Gobierno vasco y miembro del equipo del consejero del PNV Pedro Azpiazu, que, aquí también, “todos los mecanismos de control vienen de la normativa europea”. La gestión de los fondos tiene controles “ex ante” -previos a la concesión de una subvención o contrato- y controles “ex post”. No es que antes no existieran auditorías con los fondos FEDER o FSE, pero Alberdi concede que el programa Next Generation EU “ha puesto más foco y desarrollado más los mecanismos de control”.