Los presupuestos vascos de 2023 ya están en vigor y, en ellos, se ha incorporado una partida de 2,5 millones de euros para la puesta en marcha de un bono de alimentación para familias vulnerables afectadas por la carestía de los precios. Será de hasta 300 euros que se podrán percibir en un máximo de tres ocasiones a lo largo del ejercicio, esto es, 900 euros de tope. La propuesta era previa a que se conociera, en los últimos días de 2022, que también el Gobierno central abonará 200 euros para fines similares a las rentas por debajo de 27.000 euros. Fuentes del área de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigida por la consejera Beatriz Artolazabal, indican que no se sabe aún con exactitud si ambos programas van a ser compatibles. No obstante, como el plan vasco no se presentará hasta el 13 de enero, hay cierto margen para aquilatar los detalles.
Ya en octubre, con la presentación del proyecto de presupuestos, se conoció la creación de esta nueva prestación dentro de un programa de actuaciones más amplio llamado Hitzartuz. Será gestionada por Cruz Roja y recuerda en su funcionamiento a los bonos contra la pobreza energética ya más consolidados. En 2021, por ejemplo, llegaron a 1.400 familias con una dotación superior a los 0,3 millones. Y en 2023 están presupuestadas con 9,4 millones de euros. A falta de unos días para que se conozca todo el plan, la idea es que sea un sistema mediante una tarjeta-monedero y que permitiría hacer frente a “necesidades básicas”, lo que implica también “productos de limpieza” o de higiene básica además de los alimentos. Será acompañada de “seguimiento social a las personas beneficiarias”.
“En función de la valoración de vulnerabilidad y del número de miembros de las familias, con especial atención al número de menores, se harán tres entregas de entre 150 y 300 euros cada una, al tiempo que se tratará de integrar a esas familias en el sistema vasco de protección social (Ayudas de Emergencia Social o Renta de Garantía de Ingresos)”, informan desde el departamento de Artolazabal, que previsiblemente dejará el Gobierno en las próximas semanas para centrarse en su candidatura a la alcaldía de Vitoria por el PNV.
La viceconsejera Lide Amilibia manifestó en ETB antes del cambio de año que prevén llegar con este bono a alrededor de 2.500 familias. Si la media de componentes es de cuatro, dos adultos y dos menores, los beneficiarios potenciales serían 10.000 personas. Como en el caso de otras medidas anticrisis como la prestación económica para los refugiados ucranianos -con un formato totalmente nuevo también desde este 1 de enero- o los descuentos en el transporte público, la intención inicial es mantener vigente este programa durante seis meses. Destacaba Amilibia que el hecho de que el dinero se transfiera a una tarjeta y se controle mediante una aplicación hace que los perceptores pasen inadvertidos y, por lo tanto, que no sean estigmatizados.
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