Euskadi acuerda con el Gobierno de Sánchez la transferencia de Prisiones por un valor aproximado de 70 millones de euros

El Gobierno vasco ha comunicado este viernes en una comparecencia extraordinaria convocada en Vitoria a última hora de la tarde que ha alcanzado un acuerdo con el Estado para la asunción de la competencia de Prisiones, entre otras materias de menor calado político y económico como la asignación del número ISBN a los libros, un edificio portuario en Ondarroa y unos flecos de la competencia de transporte por carretera. En España, hasta ahora, solamente Catalunya gestiona sus propios centros penitenciarios. En el caso vasco, se trataba de una transferencia pendiente desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979 y que siempre había estado condicionada a la existencia de ETA. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha dotado al anuncio de la mayor solemnidad con la presencia del vicelehendakari, Josu Erkoreka, y de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. El traspaso se firmará en una Comisión Mixta de Transferencias que se celebrará el 10 de mayo -después de las autonómicas matritenses- pero no se hará efectivo hasta el 1 de octubre. Tendrá una cuantificación económica aproximada de 70 millones que se reducirán del Cupo que la comunidad autónoma abona al Gobierno central por los servicios que presta en virtud del Concierto Económico.

Instituciones Penitenciarias dispone en Euskadi de tres centros, Zaballa a las afueras de Vitoria -el mayor y más moderno-, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, aunque aquí se proyecta ya un nuevo presidio en Zubieta. “Será una realidad en la primavera de 2023” tras un presupuesto de 39 millones, cree el Ejecutivo vasco, que entonces “devolverá” el viejo penal. Asimismo, continúa en pie la antigua cárcel de Álava, en Nanclares de la Oca, donde hasta hace unas semanas residían aún funcionarios estatales. A 16 de diciembre, la población reclusa era de 954 personas -628 en Zaballa, 175 en Martutene y 151 en Basauri- y ahora se eleva a 1.300, a los que atienden alrededor de 700 funcionarios y laborales dependientes del Ministerio del Interior, que podrán ver revalorizadas sus condiciones laborales. La legislación de Prisiones no es objeto de traspaso, solamente los edificios y el personal. Esta política -a pesar de las voces que desde la derecha vinculaban este acuerdo con una cesión al nacionalismo para beneficiar a los presos de ETA- seguirá en manos del Estado, aunque en su aplicación sí se podrán aplicar criterios propios siempre bajo la tutela de los jueces de vigilancia penitenciaria. En este sentido, el Gobierno de Iñigo Urkullu ya ha fichado al exjuez de la Audiencia Provincial de Álava Jaime Tapia como responsable de diseñar un nuevo modelo más pegado a la reinserción.

A pesar de que el Estatuto de Gernika lleva incompleto en parte de su articulado desde 1979, la sintonía entre Madrid y Vitoria tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa posibilitó la aprobación de un cronograma de transferencias. El lehendakari Urkullu, de hecho, ha orillado sus propuestas iniciales de un nuevo estatus e incluso una consulta -concurrió con esas promesas a sus primeras elecciones en 2012- y, en un contexto muy marcado por el 'procés' catalán, ha aparcado un preacuerdo para superar el Estatuto que lograron en 2018 PNV y EH Bildu y ha apostado todas sus cartas al pleno desarrollo del actual marco de autogobierno. Sin embargo, han tenido que pasar tres ministros por la cartera de Política Territorial -Meritxell Batet, Carolina Darias y ahora Miquel Iceta- y casi tres años -el PNV propició la moción de censura contra Mariano Rajoy en junio de 2018- para que llegue la primera de las dos grandes materias pendientes, Prisiones. La segunda es la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, nunca antes cedida a ninguna autonomía, y aquí el único compromiso del Estado es un “estudio” de sus posibilidades. En el camino se ha colado también una nueva materia, el Ingreso Mínimo Vital, que está resultando de elevada complejidad técnica aunque desde su puesta en marcha lo gestiona ya Euskadi mediante una encomienda de gestión provisional.

Con Sánchez en el Gobierno, Batet fijó el primer cronograma de transferencias pero solamente se dieron unos pocos pasos en aquel período 2018-2019. Euskadi recibió unos tramos de ferrocarril y de carreteras, en concreto las autopistas AP-1 en el límite con Castilla y León y el recorrido de la AP-8 por Bizkaia y Álava. Ello supuso que toda la red de carreteras haya quedado en manos de instituciones vascas. Pero la doble convocatoria electoral de 2019 en España frustró otros planes. En 2020, a principios de año, Darias visitó Vitoria y reajustó el calendario de traspasos con Erkoreka, pero la pandemia retrasó nuevamente la operación. Eso sí, una semana después de finalizado el primer estado de alarma motivado por la COVID-19, el 25 de junio, que era campaña electoral en Euskadi, la comunidad autónoma recibió la transferencia de gestión de las ayudas a afectados por ERE, la de legislación de productos farmacéuticos y la del seguro escolar, de escasa dotación económica. Ahora, con Miquel Iceta en el Gobierno, se había barajado marzo como fecha para la transferencia, pero ha llegado en abril. Desde Vitoria insistían en que lo importante era cerrar un buen acuerdo y no la fecha una vez que, tras una reunión en Madrid entre el ministro y la consejera Garamendi, ya estaba encarrilado el pacto.

En cuanto al resto de transferencias, el ISBN era gestionado hasta ahora por la Biblioteca Nacional de España. Ahora los editores se dirigirán a una ventanilla autonómica, que también controlará el depósito legal. El distrito marítimo de Ondarroa, por su parte, es un antiguo edificio militar desafectado en 1995. Será “derribado” para que “en ese espacio se construyan una rotonda y una rampa de salida del muelle de carga de camiones” como remate del proyecto de nueva lonja de pescado de la localidad vizcaína. “Es muy reclamado desde hace tiempo por la población local”, ha enfatizado el Gobierno vasco. Finalmente, hay acuerdo en torno a la ordenación, coordinación, inspección y control del transporte por carretera que circule íntegramente por territorio vasco. Se da la circunstancia de que, parcialmente, Álava ya ejerce esas funciones desde el franquismo, desde 1950, a diferencia de Bizkaia y Gipuzkoa.

“Sin duda, es un gran paso para nuestro autogobierno”, ha enfatizado la consejera Garamendi ante los medios de comunicación. Ha añadido que, a más competencias vascas, más “cercanía, bienestar y eficacia”. “Esperemos que sea la legislatura para completar de una vez el Estatuto de Gernika. Es una deuda histórica”, ha señalado la titular de Gobernanza Pública y Autogobierno, que ha descrito estos meses de negociaciones como un tiempo de “encuentros, desencuentros y reencuentros” y marcado por los cambios en el Gobierno de Sánchez y por la pandemia.

El vicelehendakari Erkoreka ha añadido que “una transferencia no es un mero cambio de manos de un servicio público”. “Es mucho más. Es una oportunidad para cambiar un modelo y para gestionar la competencia aprovechando el conocimiento de nuestra realidad social”, ha manifestado. Sobre Prisiones -“un paso de gigante”-, ha recalcado que “Euskadi está preparada para recibir esta crucial competencia”. “Nos avala la gestión que venimos desarrollando en el ámbito de la justicia juvenil, con las medidas impuestas a los menores infractores. Los resultados avalan nuestra gestión. Año tras año, los datos sitúan a Euskadi a la vanguardia en la educación y resocialización de los menores que han cometido delitos”, ha abundado Erkoreka, que fue consejero de Justicia entre 2012 y 2016. Y ha concluido: “Euskadi tiene un perfil propio de servicio público que, ahora, vamos a aplicar también a las políticas penitenciarias”. ¿Cómo? Con una fórmula de “tres erres”, las correspondientes a “reeducación, resocialización y reinserción”. Ha asegurado que un país se define por cómo trata a sus presos.

No mezclar el traspaso con los presos de ETA

Erkoreka y Garamendi han considerado que sería “incurrir en un inmenso error” confundir el traspaso de Prisiones con la gestión concreta del colectivo de presos de ETA. “No hay que establecer conexión de causa-efecto”, ha respondido el vicelehendakari, que ha recordado que “los funcionarios serán los mismos” que hasta ahora y que no hay por qué tener “desconfianza” o sospechar que “vayan a operar con métodos que merezcan sospecha” en relación a algún tipo concreto de reclusos. Además, ha incidido que ya antes de cualquier acuerdo con Euskadi el Ejecutivo central ya realiza acercamientos semanales siempre que renuncien a la violencia.

No obstante, el Gobierno vasco entiende que, desde octubre, tiene “margen” para aplicar políticas penitenciarias propias -para todos los presos- aunque se opere en el marco de la misma legislación penitenciaria. Han citado que el PP o el PSOE han aplicado modelos diferentes desde el Gobierno de España y que la propia Catalunya también lo ha hecho. “Se traspasa toda la capacidad política, que siempre deja margen importantísimo aunque bajo el control de la autoridad judicial”, ha destacado Erkoreka.