El área de Derechos Humanos del Gobierno vasco busca por toda España a descendientes de los 225 fallecidos en el campo de concentración y prisión de Orduña, la única ciudad de Bizkaia y que además es un enclave en Álava. El franquismo instaló allí un centro de represión como en otros puntos de Euskadi (Vitoria, Nanclares de la Oca, Bilbao o Tolosa, por ejemplo) y de toda España. Por Orduña pasaron 3.981 republicanos y el grueso procedían de otras regiones. Los fallecidos tienen nombre y apellidos y procedencia -aparece en los gráficos adjuntos- y ahora se trata de que posibles descendientes se animen a dar una muestra de ADN para cruzarla con los restos localizados en las exhumaciones que se están llevando a cabo en el lugar, 71 hasta el momento.
La propia consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, que está apurando sus últimos días en el cargo antes de centrarse en su candidatura a alcaldesa de Vitoria por el PNV, viajó a Extremadura este fin de semana para impulsar esta iniciativa. El acto en Castuera, provincia de Badajoz, motivó que ocho personas contactaran ya. En total, según cifras oficiales, el Gobierno vasco “está en contacto ya con 41 familias”. “De ellas -se añade- 32 han dado muestras de ADN para cotejarlas con los restos exhumados”.
Murieron por frío, por hacinamiento o por mala alimentación. Quienes dieron su vida, quienes cayeron en el frente, quienes fueron tiroteados en una cuneta, quienes padecieron los rigores de la cárcel y de los campos de concentración, hasta encontrar muchas veces la muerte, quienes fueron objeto de todo tipo de represión, hoy nos interpelan. Tienen derecho, y vosotros, sus familiares, tenéis derecho. No les devolveremos la vida, pero sí su derecho a descansar en paz entre los suyos, su derecho a la dignidad, dignidad que pretendieron arrebatarles pero que nunca perdieron“, solemnizó Artolazabal en Extremadura.
Los fallecidos Orduña, que estuvo operativo de 1937 a 1941, fueron 127 extremeños, 125 de ellos pacenses. 87 procedían de un centro de reclusión en Castuera. 41 eran de Castilla-La Mancha, concretamente 34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete. Había también 22 procedentes de Málaga y 7 de Tarragona, aunque también han aparecido datos de nacidos en otras provincias andaluzas, en Cantabria o en la actual Comunidad Valenciana.
“El objetivo es llegar a contactar con el mayor número de familiares posibles que puedan donar ADN para llevar a cabo la identificación genética de los restos. El tiempo transcurrido desde su muerte, la calidad del ADN que se pueda extraer de los restos óseos y el grado de parentesco del familiar al que se extrae el ADN determinan en gran medida que se pueda llegar a la identificación genética”, indican desde Euskadi, que colabora en el proceso con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con el ayuntamiento de Orduña y con el Gobierno central.
Para más información, el teléfono de Gogora (Instituto Vasco de la Memoria) es el 944 032 845 y su dirección de correo electrónico gogora@euskadi.eus.
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