Urkullu, acompañado de Sagardui y Erkoreka, durante la reunión del LABI de este lunes IREKIA
Euskadi ha decidido valerse de las garantías jurídicas que proporciona el estado de alarma para confinar todos sus municipios -y la comunidad en sí misma, pero no cada una de las provincias- y limitar los desplazamientos al término municipal. Además, mantiene el toque de queda entre las 23:00 y las 6:00, y las reuniones en espacios públicos y privados podrán ser, como máximo, de seis personas. Así lo ha comunicado este lunes la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, tras una reunión de la comisión técnica de la emergencia sanitaria (el LABI) que se ha prolongado durante más de tres horas y que ha seguido a otras reuniones iniciadas a las 8:00. Las medidas entrarán en vigor este martes.
La movilidad hacia otros municipios, según ha explicado Sagardui, solamente se permitirá por motivos laborales, sanitarios, educativos, de cuidado de otras personas o por otras causas de fuerza mayor. Sí hay salvedad para que pueda haber movilidad entre municipios colindantes por motivos “socioeconómicos”, pero no de ocio. Se trata de una puntualización que ya se empleó en la desescalada porque hay zonas urbanas unidas pero divididas en dos áreas administrativas, como Eibar y Ermua, Azpeitia y Azkoitia o Beasain y Ordizia. Las excepciones para el toque de queda son también idénticas: causas justificadas. Asimismo, el Gobierno vasco ha convertido en obligación lo que pretendió ya hace casi dos semanas: no permitir las reuniones de más de seis personas. “Las excepciones serán que se trate de personas convivientes”, puntualiza Sagardui.
Plantilla de declaración responsable para los desplazamientos por motivos laborales
Según explica el Gobierno, “las medidas previstas en el presente decreto serán objeto de seguimiento y evaluación continua y, en todo caso, en un plazo no superior a 15 días, con el fin de garantizar su adecuación a la evolución de la situación epidemiológica, pudiendo, a estos efectos, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efectos”. Hay un matiz importante, que es que las zonas que desde el jueves tenían restricciones por ser zona roja ganan dos horas de horario de apertura de hostelería. Ahora se pasa a un cierre general con el toque de queda (23.00 horas) cuando en esas áreas se había fijado el cierre a las 21.00 horas. Las fuentes consultadas asumen esta incoherencia pero indican que ello se compensa con un mayor endurecimiento en otros aspectos y por el bien superior que supone la “unificación de medidas”.
Al decreto presentado con la consejera Sagardui le acompaña un largo anexo con más de 25 disposiciones y que entra en el detalle de otros aspectos como los servicios religiosos, el deporte no federado o el uso de parques y espacios públicos. El análisis individualizado de cada uno de esos puntos es lo que ha demorado la presentación pública de estas medidas. Se ha acordado también un documento a modo de permiso para presentar ante las fuerzas de seguridad y poder circular con normalidad en caso de necesidad.
Laberinto jurídico hasta llegar al estado de alarma
Euskadi, en cierta medida, es el origen de la operación que ha llevado al Gobierno de Pedro Sánchez a decretar este domingo un estado de alarma para toda España hasta el 9 de mayo. El sábado 17, cuando la pandemia ya daba signos de que volvía a ascender, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, presentó un paquete medidas entre las que sobresalía la limitación de las reuniones a un máximo de seis personas. No entró en vigor en esa fecha, ya que se envió para su ratificación al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Aunque ya en agosto, tras una “consulta informal” con la sala de lo contencioso-administrativo, la limitación de los grupos a diez personas se quedó en recomendación y no en obligación, el Gobierno de Iñigo Urkullu estaba convencido de que tendría el visto bueno judicial. Pero no fue así y el escenario cambió de raíz.
La sala de lo contencioso-administrativo, el jueves, le dijo con claridad al Gobierno vasco dos cosas. Una, que solamente se pueden limitar derechos constitucionales como la movilidad o la libertad de reunión mediante ley orgánica -normas de mayoría especial que sólo pueden salir de las Cortes Generales- y, dos, que la ley orgánica de 1986 con planteamientos generales sobre salud pública no era lo suficientemente garantista para hacerlo. El Ejecutivo vasco (una coalición de PNV y PSE-EE) entendió el mensaje: se abría “un marco que pretende cerrar puertas a cualquier medida que no pase por la decisión previa de declarar el estado de alarma”.
El mismo jueves, por la noche, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (el LABI) convirtió en recomendación las medidas más duras -confinamientos de municipios con alta incidencia y reuniones de solamente seis personas-, pero con la consciencia de que aquello era insuficiente debido a las cada vez más altas cifras de contagios que registra Euskadi. Esta semana la pandemia ha crecido un 49% respecto a la anterior. Así las cosas, el viernes Urkullu hizo de la necesidad virtud y después de haber sido uno de los dirigentes más críticos con el estado de alarma durante la primera ola -hasta el punto de referirse siempre a la situación como emergencia sanitaria- encabezó las peticiones autonómicas a Sánchez. Su condición: que el Gobierno central delegase en los presidentes autonómicos la regulación y gestión de las medidas. Aceptado este extremo, y a falta de las concreciones del decreto en el Boletín Oficial del Estado, Euskadi confía en poder actuar con seguridad jurídica y rapidez.