El PSE-EE ha creado una nueva Dirección de Servicios Penitenciarios para centralizar la gestión de las tres cárceles vascas y de su personal dentro del área de Justicia y Derechos Humanos que dirige desde junio María Jesús San José. Este cambio en la estructura del Gobierno aparece ya en los presupuestos de 2025, donde se asignan de saque 77,7 millones a esta nueva oficina. Son 50 para gastos de personal, 17 para gastos de funcionamiento y 5 para inversiones, entre otras partidas. Aún no se ha elegido a la persona que liderará este equipo.
Euskadi recibió hace tres años, en octubre de 2021, la transferencia de la gestión de Prisiones. La competencia se adscribió al extinto Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, entonces controlado por el PNV. Con la renegociación de la coalición entre nacionalistas y socialistas de cara a la investidura de Imanol Pradales, se acordó un cambio entre los partidos en esta materia. Tanto las cárceles como las políticas de memoria cayeron dentro de las carteras socialistas.
Ahora San José ha iniciado la creación de una oficina específica para Prisiones, aunque la Dirección de Justicia seguirá siendo la encargada de la ejecución penitenciaria, es decir, de la concesión de beneficios o progresiones de grado. Se trata de “dotar de especialización” a la gestión penitenciaria, argumenta el Ejecutivo. La misión inmediata más relevante para Servicios Penitenciarios será la puesta en marcha del nuevo penal de Gipuzkoa, el de Zubieta, que sustituirá al antiguo de Martutene. Cuando se acometió la transferencia, se pactó que el Estado terminaría las obras de construcción de Zubieta y que, cuando eso se produjera, se haría una permuta con la devolución de Martutene que, a su vez, será revertida a la ciudad de Donostia para sus planes urbanísticos, como los cuarteles del Ejército en Loiola. Estas obras acumulan retrasos.
La memoria de presentación de la nueva dirección de Servicios Penitenciarios indica también que “se acusa en 2024 un aumento de la población interna en los centros penitenciarios vascos, superior a la capacidad operativa pactada con el Estado, para hombres en régimen ordinario”. Es algo que el PNV ya venía advirtiendo cuando dirigía Prisiones y que llevó a frenar peticiones de traslados de presos de las cárceles gestionadas por el Estado, que son todas las del resto de España salvo las catalanas.
“El volumen de la población penitenciaria depende de diversos factores que no tienen que ver necesariamente con el aumento o disminución de la delincuencia o la tasa de esclarecimiento de los delitos, como la política criminal. Un endurecimiento de las penas (como por ejemplo las reformas penales que castiguen con prisión la reincidencia en pequeños hurtos) puede provocar un incremento de la población reclusa aun cuando disminuya la criminalidad y viceversa”, explican desde el Gobierno.
Y añaden: “Las variaciones en los perfiles de la población penitenciaria (por ejemplo, el incremento de personas con patología dual o de jóvenes con comportamientos disruptivos tras procesos de migración traumáticos) y las nuevas tendencias criminológicas (como por ejemplo el incremento de los delitos cibernéticos, de los delitos de violencia de género o delitos sexuales) determinan la necesidad de implementar nuevas estratégicas y abordajes de tratamiento para favorecer la reinserción de las personas condenadas”.
En este sentido, el Gobierno entiende que la ampliación de la plantilla -con 287 nuevas plazas con respecto a las transferidas en 2021- permitirá un “impulso” al objetivo de la reinserción. Entre los cambios programados, se anuncia una unidad de régimen abierto en Gipuzkoa y de un módulo de régimen cerrado en la cárcel alavesa de Zaballa, así como atenuación del tratamiento de los presos mayores de 70 años, con enfermedades graves o con largas condenas.
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