Euskadi ha captado por el momento 1.089 millones de euros de los fondos europeos para el periodo 2021-2023, según ha detallado el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, que ha vuelto a criticar la “lentitud” en la llegada de estas ayudas, que está causando “incertidumbre” en las empresas. El consejero ha señalado que el último trimestre de este año es “clave” para la llegada de los fondos y ha criticado que el “sistema de embudo” que está llevando a cabo el Gobierno central, sin establecer una cogobernanza plena, con las comunidades autónomas “puede poner en riesgo” su llegada al tejido productivo. “Tienen que tramitarse con urgencia y acortarse los plazos”, ha señalado Azpiazu. En este sentido, ha señalado que de los 52.000 millones de euros presupuestados para los ejercicios 2021 y 2022 de los fondos, el Gobierno central solo ha ejecutado 2.400 millones. La falta de cogobernanza en este ámbito es una crítica recurrente en el Gobierno vasco que ha asumido el propio lehendakari, que en el mes de mayo pidió agilidad en los trámites para que la economía vasca “no se asfixie”.
El consejero Azpiazu también ha mostrado su preocupación porque el Gobierno central mantiene un “hermetismo absoluto” sobre la solicitud de ampliación del crédito de 70.000 millones de euros que puede corresponder a España en préstamos desde la UE y la adenda que está elaborando para su petición. “El hermetismo es absoluto para con las Comunidades Autónomas”, ha lamentado Azpiazu, que ha considerado que esta ampliación “se trata de una gran ventana de oportunidad que se ha de poner en valor, diseñando las reformas e inversiones más adecuadas y conectadas con el tejido económico y social vasco”. En este sentido, ha afirmado que podría suponer “una vía de entrada para la figura de PERTE Regional”, que considera que sería la fórmula más eficaz para que todas las necesidades del tejido productivo vasco estuvieran debidamente atendidos. El consejero ha adelantado que mediados del mes que vienen las comunidades tendrán una reunión con la ministra de Economía Nadia Calviño, en la que analizarán estas cuestiones.
Según la información que ha trasladado el consejero en la comisión e Economía y Hacienda, de estos 1.089 millones de euros, 856 millones serán gestionados por el Gobierno vasco, que suponen un 4,79% del total de 17.000 millones distribuidos entre las comunidades autónomas; 143 millones los gestiona el Estado y 90 millones se asignan desde entidades locales, que se reparten en proyectos hasta 2023. Hasta finales de 2022 los que corresponden a Gobierno vasco son 644 millones -el resto para el año 2023- de los que esperan tener puestos en circulación un 86,4% a finales de año. El consejero se ha quejado también de a falta de capacidad de decisión del ejecutivo vasco en lo que al uso de estos fondos porque vienen asignados con destinos finalistas.
Dentro de la ejecución que corresponde al Gobierno, por departamentos, son Planificación Territorial, Vivienda y Transporte; Igualdad Justicia y Políticas Sociales; y Trabajo y Empleo, los que tienen asignado un mayor volumen de fondos. En conjunto dan cuenta de más del 88% del total. Con los fondos recibidos hasta la fecha, el Gobierno vasco ha lanzado un total de 29 convocatorias de subvenciones destinadas a colectivos diversos, con un volumen total de 164 millones de euros. Se han licitado 44 contratos con una dotación de 102 millones de euros y se han realizado 4 encargos a EJIE por un valor de 1,8 millones de euros. En el segundo semestre de 2022, está previsto lanzar 25 nuevas convocatorias de subvenciones, 22 licitaciones de contratación pública y 7 encargos a EJIE que movilizarán otros 289 millones de euros adicionales.
En lo que se refiere a los 143 millones a través de convocatorias estatales, 18 millones de euros ha ido a distintas convocatorias del Plan de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, 54 millones de euros para los denominados proyecto piloto para derechos sociales y 4,2 millones de euros para cuestiones de I+D.
Respecto a los PERTE, Azpiazu ha destacado la presencia de empresas vascas y centros tecnológicos y de investigación vascos en la convocatoria del de Vehículo Eléctrico y Conectado, que representan a los distintos eslabones de la cadena de valor de la fabricación de vehículos, aunque esta convocatoria aún no está resuelta, por lo que se desconoce los proyectos vascos que lograrán recursos europeos.
Por su parte, en el PERTE de Salud de Vanguardia, diferentes entidades como Biodonostia, Biocruces, BioAraba, CIC Biogune, Centro de excelencia Internacional en Investigación sobre cronicidad y la Universidad del País Vasco han conseguido financiación para desarrollar proyectos de investigación en el ámbito de la medicina personalizada de precisión.
Fondos para los ayuntamientos
De los 1.500 millones de euros destinados a las entidades locales, 185 ayuntamientos del País Vasco han captado un total de 90 millones destinados al impulso de un modelo de movilidad sostenible, segura y conectada en las ciudades (65,3 millones de euros), movilidad sostenible, segura y conectada (14,6 millones de euros), impulso de las pymes urbanas (5,8 millones de euros), conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G (3,5 millones de Euros), rehabilitación y regeneración urbana (0,85 millones de euros) e impulso a la formación profesional (0,02 millones de euros). De los 185 municipios, 35 son del Territorio de Araba que en total ha captado el 15,5% de los fondos, 77 son de Bizkaia que ha recibido el 40,2% y 73 son de Gipuzkoa dónde ha llegado el 44,3%.
Desde los grupos de la oposición, el parlamentario Mikel Otero, de EH Bildu, ha señalado que el documento Euskadi Next, en el que el Gobierno vasco detallaba sus propuestas, se quedará en un “deseo” y no será una realidad, ya que como ha reconocido el propio Azpiazu es “un plan español”, por lo que hay un grado de incertidumbre porque habrá proyectos que llegarán o no llegarán. En la misma línea, desde Elkarrekin Podemos, David Soto, ha mostrado su preocupación porque no se llegue a la fase de ejecución de muchos proyectos que estaban incluidos en el documento Euskadi Next. Por su parte, Luis Gordillo, de PP+Cs, ha criticado lo que ha calificado de improvisación en todo el proceso, que se está cambiado sobre la marcha sin planificación. “Este proceso tiene muchos agujeros” ha dicho Gordillo, aunque ha reconocido que no todos son responsabilidad del Gobierno vasco.
No obstante, el consejero ha insistido en que se trata de un proceso “vivo” y “flexible”, en el que habrá que estar adaptándose continuamente a los cambios que lleguen desde Europa o desde el Gobierno central.