Euskadi ha anunciado que, por tercera vez en lo que va de pandemia, activará el estado de emergencia sanitaria por el fuerte incremento de la COVID-19 en las últimas semanas y su consiguiente reflejo en ocupación hospitalaria y fallecimientos. Este martes se han notificado más de 1.200 contagios y ha habido 60 ingresos en 24 horas, el doble que la media de la última semana. Esta decisión llega después de que el Tribunal Supremo ha autorizado (como apuntaban los precedentes y la posición de la Fiscalía) el uso del pasaporte COVID en el ocio. La emergencia sanitaria abre un abanico para poder recuperar restricciones más severas en materia de horarios o aforos, aunque no medidas que afecten a derechos fundamentales como las limitaciones de movilidad, los cierres perimetrales o el toque de queda. El Gobierno de Iñigo Urkullu, con esa decisión, recuperará también la mesa de crisis conocida por sus siglas en euskera Labi, presidida por el lehendakari y que reúne a un buen número de consejeros, a los representantes de las tres diputaciones forales y de los ayuntamientos de las capitales y al delegado del Gobierno de España.
La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha dicho que se dan de plazo hasta el pronunciamiento del alto tribunal -“hoy mismo”, ha confiado- para analizar otras posibles restricciones adicionales a las actuales. “Los indicadores nos muestran que la tendencia sigue al alza. Hemos decidido activar la emergencia sanitaria tras conocer la resolución del Tribunal Supremo. Mientras tanto, analizamos otros posibles medidas teniendo en cuenta las características propias de esta situación, no comparables con las anteriores”, ha señalado la titular de Salud. No ha concretado qué medidas serán ni cuándo entrarían en vigor, pero ha recalcado que esta ola no puede afrontarse como otras por la diferencia de la cobertura vacunal.
Formalmente, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha activado ya el escenario 2 sobre 5 del plan de contingencia hospitalaria. Hay ya 251 camas de UCI abiertas, 49 de ellas ocupadas por pacientes con COVID-19. Sagardui ha avisado de que “es una época complicada” y que hay otras enfermedades que requieren espacio en las unidades de intensivos, pero no ha dado el dato de la ocupación total preguntada dos veces por ello en la rueda de prensa en la que ha comparecido. Ha destacado que, por el momento, se sigue programando la actividad asistencial ordinaria con normalidad y que Euskadi tiene “capacidad de triplicar las camas hasta llegar a 692”. Tampoco ha precisado cuál es la presión específica en Gipuzkoa, cuya incidencia ya supera los 800, alegando que Osakidetza trabaja “en red” y tiene capacidad de gestionar “flujos” entre sus centros.
La primera emergencia sanitaria llegó el 13 de marzo de 2020, cuando particularmente en Vitoria se estaban disparando ya los casos de coronavirus. Urkullu lo comunicó en una rueda de prensa en solitario, ya sin presencia de los medios de comunicación pero todavía sin mascarillas. Este anuncio quedó eclipsado ya que, a las 24 horas, Pedro Sánchez anunció el estado de alarma y el confinamiento. Aunque este marco duró hasta mediados de junio de 2020, formalmente Euskadi levantó la emergencia sanitaria en pleno confinamiento, en mayo, y con el único fin de poder convocar elecciones autonómicas en julio con el margen de tiempo previsto en la ley. Estos comicios estaban previstos para abril pero, por vez primera en la historia, hubieran de suspenderse por la pandemia, lo que dejó varios meses el Parlamento disuelto pese a no haber fecha para su renovación.
Euskadi va ya por la séptima y no por la sexta ola de la COVID-19. La segunda, prácticamente olvidada en el relato público, tuvo lugar en agosto de 2020 y después llegaron la de octubre y noviembre de ese año, las que siguieron a Navidad y a Semana Santa, la del verano y la actual. Fue entonces, el 15 de agosto, festivo, en período vacacional y en fin de semana, cuando se comunicó la activación de la segunda emergencia sanitaria. En este caso vino motivada no solamente por la subida de los casos en pleno agosto sino también por los primeros impedimentos del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) a las medidas limitativas del ocio y la hostelería que se venían planteando. En octubre llegó la gran ola en España y Sánchez recuperó el estado de alarma, en buena medida porque la Justicia vasca volvió a impedir en Euskadi restricciones sin cobertura jurídica excepcional. Ese marco se agotó medio año después, en mayo, pero la emergencia sanitaria perduró. En total, duró 416 días. El 6 de octubre, Urkullu solemnizó en un acto en la sede de la Presidencia vasca en el que no permitió preguntas de los medios de comunicación y en el que entregó obsequios a todos los miembros de las mesas de crisis, el final de una etapa, aunque menos de dos meses después ha llegado un paso atrás.
De hecho, en muy pocos días se superó el umbral de seguridad con el que se había justificado el final de la emergencia, una tasa de incidencia por encima de 60 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Este lunes ese indicador marcaba 471, con 49 personas en la UCI y 278 hospitalizados totales. Con la gran diferencia de la cobertura vacunal, los datos marcan que la segunda emergencia se decretó con una situación asistencial mucho más liviana: el 15 de agosto eran 154 los ingresados totales y 14 de ellos estaban críticos en la UCI. La incidencia marca 242. Ese período acabó el 6 de octubre con 71 ingresados, 31 de ellos en la UCI.
Desde junio, el Gobierno vasco dispone de una ley antipandemia que regula los diferentes escenarios posibles dentro de la emergencia sanitaria. Fue un texto pactado entre PNV y PSE-EE, socios en el Ejecutivo de coalición, y Elkarrekin Podemos-IU. Como principio básico, la norma recoge que “en tanto se mantenga la situación de emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, todos los ciudadanos y ciudadanas deberán desarrollar sus actividades, de cualquier índole, conforme al principio de precaución, con objeto de prevenir la generación de riesgos innecesarios para sí mismos o para otros y de evitar la propagación del virus causante de la pandemia”. Por ello, “conforme a la normativa general de salud pública, todos los ciudadanos y ciudadanas tienen la obligación de facilitar el desarrollo de las actuaciones de salud pública y de abstenerse de realizar conductas que dificulten, impidan o falseen su ejecución”.
Como las medidas de la ley se regulan en función de la incidencia acumulada, Euskadi entraría directamente en el “estadio 3”, el más severo de todos, preparado para tasas por encima de 500. Pero ni la “restricción de la movilidad nocturna” ni otros “confinamientos individuales o colectivos” parecen posibles sin estado de alarma, por lo que quedaría tocar “horarios de cierre”. “Se adelantarán los horarios de cierre de todo tipo de actividades económicas y sociales, pudiéndose suspender aquellas que más incidan sobre el contacto social”, marca la ley. Además, con tasas inferiores a 500 ya se alude a la posibilidad de “cierre de todo tipo de actividades económicas no esenciales, valorándose en caso de mantenerse su apertura al público el uso máximo de un 35% de su aforo”, “suspensión de todo tipo de actividades sociales y culturales en formato presencial”, “valoración del pase de la actividad educativa presencial a un formato online” y a la “valoración de la suspensión de toda actividad deportiva que no sea profesional o semiprofesional, quedando posibilitada únicamente, y con las restricciones que procedan, la actividad física al aire libre, individual o de dos convivientes”. En otras fases, sin embargo, Euskadi no ha sido estricto con los umbrales de esta ley y los ha adaptado alegando que hay que mirar más indicadores que los que el propio Gobierno fijó hace solamente unos meses, tales como la presión asistencial, la tendencia o la propia cobertura vacunal.