Euskadi dispone de un remanente de tesorería que asciende a 1.877 millones de euros. “Un buen colchón”, como ha reconocido el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, para afrontar un periodo de incertidumbre económica agravada por las consecuencias de la guerra en Ucrania. Esta cantidad permitirá “afrontar cualquier vicisitud que pueda añadirse a las ya contempladas”, con “una solvencia económica y unas cuentas públicas saneadas y sólidas”, ha señalado el consejero en la presentación de la Ejecución presupuestaria del año pasado, en el que no se gastaron 605 millones que estaban presupuestados y que se han sumado a la hucha del Ejecutivo. Todavía no está determinado en qué se invertirá este remanente de tesorería, pero lo que el Gobierno sí descarta, al menos de momento, es que se vaya a proceder a incrementar las ayudas que reciben los colectivos más desfavorecidos, como es caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las Ayudas de Emergencia Social (AES) o las ayudas destinadas a paliar la pobreza energética, según han señalado desde los departamentos que las gestionan, el de Trabajo y Empleo en lo que se refiere a la RGI y el de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en el resto. Eso sí, en el caso del departamento que dirige Beatriz Artolazabal, cuyas ayudas se destinan precisamente a los colectivos más vulnerables por su carácter de emergencia, señalan que “se está valorando qué hacer para ayudar a quienes peor lo están pasando. No está definido, pero sí se está estudiando”, afirman, sobre todo a la hora determinar cuáles serán las ayudas para los refugiados que están llegando desde Ucrania.
La subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV) del 15% está incluida en el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez esta semana para paliar los efectos de la guerra de Ucrania y de la subida de la energía en la economía de las familias. Estará vigente durante los tres próximos meses, hasta la mensualidad de junio, al menos de momento, un periodo en el que el pago de esta prestación estará todavía a cargo del Gobierno central para los beneficiarios en Euskadi, ya que se acordó un periodo de transición en el momento de suscribir la transferencia. Es decir, que los beneficiarios del IMV cobrarán un 15% más durante los tres próximos meses, mientras que los que perciben la RGI mantendrán invariables sus prestaciones.
Como argumento para justificar que no se suba esta prestación, el Ejecutivo vasco recuerda que las cuantías de las ayudas son mucho mayores que las del IMV. Por ejemplo, la prestación para una persona sola de la RGI es de 727,40 euros mensuales, frente a los 491 euros del IMV, que los tres próximos meses será de 565,37; y la prestación para una familia monoparental con tres miembros o más ascendería a 1.035,86 frente los 894,77 del IMV, que cobrarán un 15% más hasta junio. La RGI se revalorizó en los presupuestos de este año un 3%, por encima del 1,8% del ejercicio anterior. Una subida, que tal y como se destacó desde el Gobierno en el momento de la presentación de las cuentas, está por encima de la subida del 2% aprobada para el sueldo de los funcionarios y en línea con la subida de las pensiones, que este año se han incrementado un 2,5% en el caso de las contributivas y en un 3% para las no contributivas. Seguramente, también estará este incremento por encima del que experimentarán los salarios de muchos trabajadores. Este mismo jueves, el consejero Azpiazu hacía un llamamiento a la prudencia para que el IPC no se trasladara a los sueldos y no entrar en una espiral inflacionista. Pero en el caso de la RGI hay que recordar, sin embargo, que hace unos años se suprimió la indexación de estas ayudas al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando el Gobierno de España empezó a subirlo, la cuantía de la subida ahora es decisión del Gobierno vasco, y en 2011 se aplicó un recorte lineal del 7% a la cuantía que nunca se ha recuperado.
En lo que se refiere a las Ayudas de Emergencia Social, desde el Departamento de Beatriz Artolazabal señalan que las AES se han incrementado en los últimos tres años y en este presupuesto se destinan a este efecto “41,5 millones de euros”. Unas ayudas con las que se intenta cubrir necesidades básicas, entre las que se encuentra el suministro energético, cuya cuantía máxima anual es de 1.500 euros al año, frente a los 900 anuales del año pasado. En cualquier caso, recuerdan que lo perceptores de AES “tienen que tener un empadronamiento mínimo de 6 meses, con lo cual las personas que vienen de Ucrania no tendrían derecho de momento, en este primer momento”. Existe otra partida de ayuda para pobreza energética que se gestiona a través de Cruz Roja y que este año 2022 “se ha duplicado de 400.000 euros a 800.000”. No obstante insisten en que “se está valorando qué hacer para ayudar a quienes peor lo están pasando. Pero todavía no está definido, pero sí se está estudiando”, señalan.
Ayudas para empresas y autónomos
De momento, las ayudas anunciadas por las instituciones vascas se destinan a pymes y autónomos, como es el caso de las que aprobarán el martes las diputaciones forales para aplazar impuestos, las ayudas directas al sector primario, o el adelanto de las inversiones que estaban contempladas en el listado de los fondos europeos, que se llevarán a cabo sin esperar a si llega el dinero finalmente de Europa. El remanente presupuestario se destinará a inversiones aunque, de momento sin concretar. En el Presupuesto del año pasado, Azpiazu ha resaltado las inversiones en Salud, Educación o Igualdad u Políticas Sociales, departamentos en los que se ha ejecutado 100% del presupuesto, el 99% y el 91%, respectivamente. “Los programas correspondientes al Modelo Vasco de Protección Social, sustentado en la Educación, la Sanidad, el Empleo y la Protección Social han sido realizados prácticamente en su totalidad”, ha dicho.