Euskadi se enfrenta al reto de mantener la llama de la memoria de las víctimas entre las nuevas generaciones

Vídeo 1: ¿qué saben los jóvenes vascos sobre ETA o el GAL? Respuestas: “Miguel Ángel Blanco iba a ser el futuro presidente”; “¿Lasa y Zabala? Me suenan, pero no sé quiénes son”. Vídeo 2: ¿qué opinan los jóvenes vascos tras recibir en sus aulas información directa sobre el terrorismo y la violencia? “Necesitábamos esto”.

El Día de la Memoria, la jornada que cada 10 de noviembre en Euskadi recuerda a todas las víctimas, ha estado centrado en 2023 en la transmisión de lo que ocurrió a las nuevas generaciones. Tanto el Gobierno de España, a través del Memorial de Vitoria, como el Gobierno vasco, a través de Gogora (Instituto de la Memoria), han organizado actos en el mismo sentido y han grabado testimonios de adolescentes. “Fue como explicar Egipto”, admitía un profesor sobre el desconocimiento imperante. “Es necesario mirar al lado oscuro de nuestra historia”, abundaba otro. En el primero de los vídeos, dado a conocer este jueves, había jóvenes que daban el salto de esa ignorancia a justificar el uso de la violencia en algunos supuestos. En el segundo, que reunía a estudiantes que habían participado en programas sobre memoria en las aulas, ya consideraban la vulneración de los derechos humanos como una barrera infranqueable.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha opinado que “la transmisión es responsabilidad de todos”, también del sistema educativo. “El Gobierno vasco ha tratado de poner herramientas al servicio de la comunidad educativa para la transmisión de la memoria. Con el programa Adi-adian 34.651 alumnos han vivido la experiencia de escuchar y reflexionar con personas que han sido víctimas”, ha puesto como ejemplo. “Estamos construyendo el futuro de un país en el que se asesinó, se amenazó, se coaccionó y se extorsionó en nombre de una idea y un proyecto político. Un país al que ETA lastró e impidió volar libre. Un país que sufrió también el terrorismo parapolicial y de extrema derecha. La denominada 'guerra sucia' y la tortura forman parte, lamentablemente, de la crónica negra de Euskadi. Nuestra memoria debe ser crítica. Ni justificación, ni legitimación. Autocrítica sincera, reconocimiento de la injusticia del daño causado, asunción de la responsabilidad y voluntad reparadora”, ha indicado igualmente en su discurso en el acto de Gogora en Bilbao, en el que ha tenido un recuerdo para Iván Illarramendi, asesinado por Hamás y cuya muerte se ha conocido esta semana. 

En el acto del Memorial, que tuvo lugar el jueves en Vitoria, se escucharon mensajes similares. Florencio Domínguez, su director, defendió las políticas públicas de memoria de las instituciones, incluido el sistema educativo. “Los jóvenes no conocen el terrorismo. Cuando lo hagan, empatizarán con las víctimas y no con los verdugos”, agregó. El delegado del Gobierno de España en funciones, Denis Itxaso, apeló a “transmitir” también la épica de la resistencia al terrorismo. Finalmente, la alcaldesa de la ciudad, Maider Etxebarria, indicó que “el desinterés de cierta parte de los jóvenes no puede servir para obviar el dolor de las víctimas”.

Sin unidad política salvo en Donostia

El Día de la Memoria fue instaurado en 2010 al ser una de las pocas jornadas en el calendario sin víctimas del terrorismo. El lehendakari era entonces el socialista Patxi López. En 2012 se aprobó el primer decreto de reconocimiento de las víctimas de violencia policial, en ocasiones casos de terrorismo no amparados por la normativa estatal como el reciente de Joxean Lasa y Joxi Zabala. Sin embargo, esto ha hecho que nunca haya habido unidad política en la conmemoración, que se completa con la del 11 de marzo, día europeo de las víctimas del terrorismo por los atentados de Madrid en 2004. Se puede leer aquí una cronología con todas las ediciones.

Este 2023, PP, Ciudadanos y Vox no han estado en la ofrenda floral silenciosa del Parlamento Vasco por incluir a las víctimas policiales con las de ETA y otros terrorismos. En Vitoria también ha estado presente el lehendakari, entre otras autoridades y unos invitados singulares, una pequeña delegación de Nagorno Karabaj encabezada por Levon Grigorian, abogado. EH Bildu sí ha asistido pero, como es costumbre, ha acompañado también un evento en el exterior de la Cámara del colectivo de familiares de presos de ETA Etxerat, que tienen otro enfoque de la jornada. Las formaciones de la derecha han organizado sus propios homenajes.

Javier de Andrés se ha estrenado como presidente del PP en esta fecha en el acto que, también como es costumbre, su partido realiza en un monolito con los nombres de víctimas de ETA. Ha señalado que es una “obligación moral” apoyarlas. Mencionando de soslayo los incidentes de los últimos días en sedes socialistas, un De Andrés que dijo que esas protestas eran “sanas” y luego que se le malinterpretó, ha recalcado que el PP “siempre ha estado en el lado en el que caían las piedras” y no en el que se lanzaban. En su acto, Vox ha hecho política. Marco Moreno, gemelo de un niño asesinado por ETA, ha señalado lo siguiente: “Cada día tenemos menos libertad gracias a los pactos de Pedro Sánchez con el independentismo. Cualquier día mi hermano tendrá que pedir perdón por haber sido asesinado”. “No caben relatos equidistantes”, ha solicitado, por su parte, el líder de Ciudadanos, José Manuel Gil.

En la jornada ha habido más actos, como el homenaje del poder judicial al juez asesinado José María Lidón. “Vivimos tiempos donde la memoria es frágil y los recuerdos se desdibujan. Donde las nuevas generaciones responden a la urgencia del presente y no conocen el pasado”, ha señalado la magistrada Reyes Goenaga, presidenta de la Audiencia Provincial de Bizkaia. También ha habido convocatorias de ámbito local. Algunas sí han sido unitarias, como la de Donostia. “Creo que esa es una buena señal”, se ha felicitado el alcalde, Eneko Goia, con quien han compartido espacio Juan Karlos Izagirre, de EH Bildu, o Jorge Mota, del PP, víctima directa de ETA.

Entretanto, la coalición EH Bildu ha aprovechado la fecha para presentar una iniciativa en el Parlamento para tratar de atender a las demandas de la comisión que analiza las peticiones de víctimas de violencia policial. En su reciente informe, plantearon una serie de disfunciones y falta de medios que ralentizan su labor. La formación también reclama que el Estado asuma la responsabilidad de sus funcionarios en estos crímenes.