El lehendakari, Imanol Pradales, ha incorporado a la demanda de transferencia a Euskadi de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social las denominadas “políticas pasivas de empleo”, es decir, las prestaciones de paro y el fondo de garantía salarial (FOGASA). Esta parte quedó expresamente descartada cuando en 2011, siendo lehendakari Patxi López, se acordó la cesión del Inem y la creación de Lanbide y ahora se aspira a un acuerdo con el Estado de cara a 2025. Pradales ha lanzado este mensaje tras una reunión en La Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien también ha arrancado el compromiso de activar “a finales de octubre” una comisión bilateral para “acelerar” los acuerdos para completar el Estatuto de 1979, con la pretensión de que este mismo 2024 se puedan acometer ya los traspasos de la gestión del litoral, de Salvamento Marítimo o de Meterología.
Pradales ha inaugurado este viernes la ronda de reuniones con todos los líderes autonómicos que ha convocado el presidente del Gobierno. Es así porque fue la vasca la primera comunidad que accedió a la autonomía tras la aprobación de la Constitución. No han pasado aún dos meses desde la primera cumbre que ambos mantuvieron en Vitoria a finales de julio, muy simbólica porque solamente es la tercera visita de un jefe del Ejecutivo central a Ajuria Enea en casi medio siglo desde la aprobación del Estatuto.
El lehendakari, que ha comparecido en euskera y castellano en Madrid, ha considerado que es “un hito muy importante” que en apenas un mes se cree una comisión bilateral que agilice las negociaciones estatutarias. Es algo que Iñigo Urkullu no logró en la anterior legislatura. Ese foro deberá acordar antes de final de año un primer bloque. Euskadi siente que tiene “muy avanzadas”, según ha dicho en otras ocasiones, materias como litoral. El PNV ya recibió de Sánchez la fecha de 2025 como tope para completar el Estatuto a cambio de la investidura y Pradales quiere valerse de ese calendario para un total de 29 acuerdos. Los socialistas, que son socios de coalición en Euskadi, han avisado ya de las dificultades que entrañará la Seguridad Social, nunca antes cedida a una comunidad autónoma. Pradales insiste también en gestionar las infraestructuras “estratégicas” -puertos y aeropuertos- pero aquí también hay interpretaciones diferentes porque la Constitución prevé que el Estado gestione las que sean de “interés general” (art. 149.1.20). Y ha indicado que, después, tocará negociar ya un nuevo Estatuto que incluya el reconocimiento nacional vasco.
Pradales ha salido de la reunión con la sensación de que Sánchez quiere una legislatura larga y ha remarcado que Euskadi defiende esa “estabilidad” en España porque es necesaria para cumplir sus acuerdos políticos. El lehendakari, además, ha apelado a cerrar un acuerdo sobre los límites de déficit y deuda que permitan a las instituciones vascas contar con presupuestos expansivos en 2025. Igualmente, ha repetido su defensa de la singularidad foral ante la polémica abierta por la financiación autonómica tras la promesa de un nuevo marco catalán. “No voy a meterme en casa ajena porque no me gusta que nadie se meta en nuestra casa. Pero se ataca injustamente [al sistema vasco] con un desconocimiento enorme”, ha manifestado a los periodistas.
El lehendakari ha querido pedir también Sánchez que agilice la llegada de la alta velocidad a Euskadi. Las obras se iniciaron en 2006 y quedan muchos flecos aún pendientes. Uno de los más relevantes es cómo será la conexión con Navarra. Pradales quiere que el Gobierno presente ya los “informes” sobre las dos alternativas encima de la mesa, la de Vitoria y la de Ezkio/Itsaso. Asegura que tiene el “compromiso” de Sánchez de que hablará de la cuestión con Óscar Puente, que tiene a dos socialistas vascos en su equipo, José Antonio Santano (secretario de Estado) y Pedro Marco (nuevo presidente de Adif). En la reunión se ha analizado también la situación en Venezuela, particularmente la detención de dos bilbaínos acusados de terrorismo por el régimen de Nicolás Maduro.
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