La mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi (un órgano conocido como Labi) ha acordado este viernes mínimos “ajustes” en las medidas de control de la pandemia de la COVID-19 en vigor desde después de Navidad, cuando se produjo un repunte. El principal cambio radica en que se flexibiliza el confinamiento municipal para permitir una cierta movilidad a las localidades colindantes para la realización de “actividades socioeconómicas o deportivas al aire libre”. Habrá algunas posibilidades para hacer deporte también en municipios que no estén en alerta roja aunque no sean colindantes. Hay muchos pueblos que están físicamente pegados aunque administrativamente divididos en los que se habían producido algunas disfunciones, tales como Donostia y Pasaia, Zumarraga y Urretxu, Beasain y Ordizia, Ermua y Eibar, zonas del gran Bilbao o Vitoria y Zigoitia, donde se ubica un centro comercial muy transitado. El Ejecutivo ha explicado que estos cambios se aplicarán desde la medianoche del domingo al lunes y estarán vigentes 20 días.
Lo que sí cambia es la regulación de la hostelería, pero por causas de otra índole. El Gobierno vasco acata la resolución judicial conocida esta semana y que fue emitida por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), cuyo ponente ha sido el polémico juez Luis Garrido. Anuló el sistema automático de cierre de bares y restaurantes en las localidades en alerta roja, con más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. El nuevo paquete de medidas no contempla ningún mecanismo para clausurar la restauración en caso de repunte de la incidencia, aunque sí hay restricciones en el aforo (50% en interior y sin uso de barra), en los horarios (20.00 horas) o en el máximo de personas que se pueden juntar alrededor de la mesa (grupos de cuatro).
El golpe que ha supuesto para Euskadi perder una “herramienta” que consideraba clave para contener la expansión del coronavirus. En este escenario, ha sido el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, el que ha comparecido después de la reunión del Labi y no la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. “[Nuestras] Decisiones [han estado] basadas en recomendaciones sanitarias y orientadas a preservar y proteger la salud comunitaria”, ha enfatizado Urkullu, que ha recalcado la “perplejidad” de su gabinete por lo ocurrido. El lehendakari ha informado de que el mismo momento en que se conoció la resolución del juez Garrido escribió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedir modificaciones en el estado de alarma para dar más “garantías jurídicas” a las decisiones autonómicas, pero no ha recibido respuesta desde La Moncloa.
Las decisiones “inexplicables” del juez Garrido
El lehendakari ha cargado contra el juez Garrido y contra el tribunal por hacer una lectura “naíf” de la pandemia al no contemplar como lugar de mayor riesgo de contagios la hostelería. Ha leído un dictamen del Departamento de Salud en el que se remarca el problema de los espacios cerrados, poco ventilados y con relajación en el uso de mascarilla, donde hay más posibilidades de circulación de aerosoloes. “Cifras superiores a 500 deben considerarse de alto riesgo y tiene consecuencias que se expresan en términos de morbimortalidad. Ignorar esta realidad sólo puede llevar a decisiones inexplicables”, ha remarcado Urkullu.
Con todo, el lehendakari ha rehusado recomendar a los habitantes de zonas con más incidencia que desistan de acudir a bares y restaurantes. Eso sí, ha llamado a la prudencia y a la responsabilidad: “Sólo cabe que todos arrimemos el hombro. No voy a hacer ninguna indicación a nada, pero sí una apelación a la corresponsabilidad necesaria”.
Euskadi se halla en pleno descenso de la tasa de incidencia de la COVID-19, aunque todavía se mantiene en niveles de alerta roja. Además, la presión hospitalaria sigue en niveles máximos de toda la segunda fase de la pandemia, iniciada en agosto y que ha tenido ya tres picos en agosto-septiembre, noviembre y después de Navidad. Este jueves las camas de UCI ocupadas por pacientes críticos con el Sars-Cov-2 eran todavía casi el 50%, cuando ya se considera de riesgo un porcentaje del 35%.
El Labi ha acordado una 'hoja de ruta' a más largo plazo -la tercera versión de plan Bizi Berri ('Vida nueva', en euskara). En ella se establecen las medidas que pueden acompañar a los cinco niveles de alerta, aunque se incluye un sexto de alerta roja reforzada. Aunque la tasa de 500 es ya el nivel “excepcional” en el que se actúa, si la incidencia pasa de 700 se contemplarían otras medidas “extraordinarias”, como pedir al Estado el adelanto del toque de queda o, “en un caso extremo”, algunas fórmulas de “confinamiento”.
elDiario.es/Euskadi
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