Euskadi mima a los funcionarios de Prisiones con un estudio de la amenaza de ETA y promesa de mejores condiciones laborales

El Gobierno vasco ha querido hacer visible la asunción de la competencia de Prisiones, firmada con el Estado a principios de mayo y que será efectiva desde el 1 de octubre, con una visita a la mayor cárcel de Euskadi, la de Zaballa a las afueras de Vitoria, y en la que se ha rendido un homenaje a los funcionarios amenazados por ETA y, singularmente, a Máximo Casado, natural de León y que fue asesinado por los terroristas en 2000. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha anunciado en las puertas del penal, todavía gestionado por el Ministerio del Interior, que se realizará un estudio específico sobre este colectivo, que sufrió “tremendas e injustas dificultades” durante años. También ha deslizado que este personal verá mejoradas sus condiciones con el traspaso, tanto en cuanto a jornadas como en cuanto a retribuciones.

En un contexto en que la derecha había llegado a asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez cedía al de Iñigo Urkullu las cárceles para beneficiar a los presos de ETA, Artolazabal y su equipo han querido poner en valor las “intimidaciones criminales de ETA” que padeció este colectivo. El estudio será similar al que ya se ha hecho con la persecución que vivieron concejales de partidos como PP o PSE-EE y miembros de la Ertzaintza y va en la línea del que se ultima en relación a la “difícil situación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi”, en palabras de la consejera. El trabajo se realizará en colaboración con el instituto Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, especializado en Derechos Humanos.

Artolazabal ha pedido también un voto de confianza al personal del Estado que ahora pasará a ser autonómico. Ha dicho que son “parte muy importante” del nuevo modelo. “Es el mensaje que hemos transmitido a representantes sindicales en contactos que ya estamos manteniendo. Nos han trasladado sus preocupaciones, lógicas ante cualquier cambio. Y les hemos pedido tranquilidad. Lógicamente, hace falta un tiempo prudencial para adaptarnos, plantilla y Gobierno, al trasvase de personal desde la Administración española. Estamos confiados en que, como ha sucedido con otras transferencias, la cercanía mejorará la gestión y las propias condiciones del colectivo laboral”, ha apostillado la consejera.

Como gesto, ha comparecido en Zaballa acompañada de Benito Aguirre, director de la cárcel de Zaballa. “¡Claro que me gusta!”, ha comentado a los medios de comunicación sobre la transferencia y los cambios organizativos y penitenciarios que supondrá. “Es un proyecto ilusionante”, ha aseverado el todavía funcionario del Estado, que ha hecho de anfitrión de Artolazabal y de su equipo en la visita a Zaballa. Aunque ha destacado la línea de trabajo de los últimos años, ha aseverado que hay mucho “margen de mejora”.

Artolazabal ha ofrecido también algunas pinceladas de cuál será la nueva estructura que surgirá dentro de su Departamento para gestionar las Prisiones. Al menos de momento, no habrá un organismo homologable al de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio del Interior. La exconsejera de Industria con Juan José Ibarretxe y ahora viceconsejera de Justicia Ana Agirre será la “responsable directa de la gestión de las cárceles” pero manteniendo sus otras atribuciones previas. En su equipo hay tres directores, Eugenio Artetxe, Javier Landeta y Jon Uriarte, que fue director de la Ertzaintza. Les serán adscritos la acción social penitenciaria, las infraestructuras y el personal, respectivamente. Con ellos, habrá seis altos funcionarios cuyos nombres no se han revelado más que parcialmente. Dos, según se ha indicado, proceden del Estado. Además, juega un papel muy importante el nuevo asesor fichado por el Gobierno, el juez alavés Jaime Tapia.

En el plano organizativo, en 2022 sé se creará un organismo llamado Aukerak ('oportunidades', en euskera), un “nuevo órgano de reinserción socio-laboral, flexible y versátil, para facilitar segundas oportunidades”. Por el momento no tiene director asignado. Euskadi ya ha manifestado que su objetivo no es solamente que cambie la titularidad de las tres prisiones vascas, sino que en ellas se trabaje “con las personas” para impulsar más penas alternativas al encierro y programas de reinserción “como mejor herramienta para disminuir la reincidencia y para aumentar la propia seguridad de la sociedad vasca”. El equipo gestor se completará con una treintena de funcionarios que ya han sido reclutados.

La exconsejera Ana Agirre llevará la dirección política de las cárceles vascas

La viceconsejera Agirre ha informado de que se llevará a cabo también un plan de infraestructuras para analizar la dotación con la que contará Euskadi al recibir la transferencia. Se reciben las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa. Ésta última será devuelta al Estado cuando a “mediados de 2023” Interior entregue “llave en mano” las nuevas instalaciones que levanta en Zubieta. El Gobierno central, a su vez, las cederá a la ciudad de Donostia, que como con los cuarteles de Loyola planea nuevos desarrollos urbanísticos en una capital con escasez de suelo para nuevas promociones de vivienda.

En el lote se incluye el viejo presidio de Nanclares de la Oca, a unos pocos kilómetros de Zaballa y una de las patatas calientes para la nueva Administración penitenciaria por estar en desuso. Agirre ha recordado que la nueva cárcel se inauguró en 2011 -lo hizo el breve ministro del Interior socialista Antonio Camacho, según una placa que preside la entrada junto con la Constitución de 1978- pero ha añadido que “renqueante” la antigua instalación ha servido como centro de inserción hasta hace unos pocos años y como vivienda para trabajadores hasta hace escasas semanas. Euskadi no concreta sus planes para el lugar y solamente adelanta que dentro de su estudio de infraestructuras se analizará si se necesitan esas instalaciones o si no, si se harán obras de rehabilitación o si se optara por la “desafección” para buscarle a esos pabellones nuevos usos. No obstante, sí ha apostillado que en Zaballa todavía quedan módulos por abrir y que la capacidad total de las cárceles vascas es del 50%. La cifra, eso sí, puede resultar engañosa, según Agirre, porque mide las plazas contando como dobles las celdas cuando el ideal sería tenerlas individuales.