Al superarse los cien días de la histórica transferencia de Prisiones al Gobierno vasco, la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha presentado en sociedad en Vitoria tanto la agencia Aukerak ('Oportunidades', en euskera), enfocada a la reinserción social de los 1.365 reclusos de las cárceles de Zaballa en Álava, Basauri en Bizkaia y Martutene en Gipuzkoa, como a su director, Carlos Roy, y con el objetivo de que el 40% alcance esa meta vital, también en el caso de los . El logotipo del ente Aukerak es una mariposa que quiere simbolizar, por un lado, la posibilidad de “metamorfosis” también de quienes han cometido un delito y, por otro, que Euskadi no está “aterrizando” en la gestión penitenciaria sino “despegando” y echando a volar.
“Actualmente, en los centros penitenciarios vascos contamos con 1.365 personas privadas de libertad, de las que 114 son mujeres. Soy consciente de que otros agentes políticos y mediáticos centran toda su atención en un colectivo muy concreto, el de 84 presos y presas de ETA. Pero quiero insistirles en que nuestra gestión está dirigida a todo el conjunto de internos e internas, a esas 1.365 personas, sin excepcionalidades ni tratamientos específicos para colectivos específicos. Nuestra metodología de trabajo mira a la persona de manera individual [...]. Éste es nuestro modelo: trabajar con la persona, una a una”, ha expresado la consejera Artolazabal en un acto que ha tenido lugar en el emplazamiento nuevo de Aukerak, junto al seminario de Vitoria y donde tienen su sede otras instituciones autonómicas como el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, la Agencia de Protección de Datos o Izenpe. En la inauguración ha habido un aurresku y txistularis, así como un brindis “musical” por los protocolos de prevención de la COVID-19.
Según los datos aportados, los presos de ETA en Euskadi representan el 6,15% del total de la población reclusa. Es un porcentaje que ha crecido dado que desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España se han incrementado los acercamientos y traslados hasta el punto de que ya no hay condenados terroristas en centros más al sur de Madrid y de que el 50% del colectivo se halla en los centros gestionados desde octubre por el Ejecutivo vasco o en el de Pamplona, de titularidad estatal. 36 están en Zaballa, 24 en Basauri y 23 en Martutene. 61 están en “régimen ordinario”, 14 tiene un “régimen abierto” y nueve están ya en “libertad condicional”. De ellos, 28 participan (24 varones y 4 mujeres) en “talleres” de reinserción, 27 en las propias penitenciarías y el último en uno externo. En general, de los 1.365 reclusos vascos (775 en Zaballa, 314 en Basauri y 275 en Martutene; 114 mujeres y 1.221 hombres) 346 son trabajadores, 223 en actividades internas y 123 en talleres gestionados por empresas externas.
“Se está produciendo un traslado de presos de ETA. Entendemos que la situación de desaparición de ETA desde hace diez años hace que sea necesario seguir avanzando en la convivencia en este país. Es necesario que podamos eliminar esa política penitenciaria de dispersión que en este momento no tiene razón de ser. Cualquier persona que sea trasladada, tendrá que asumir los códigos. Sin beneficiar ni perjudicar a nadie. Se incorporarán como un preso más a la vida normal de los centros. al margen del delito y desde ese criterio de arraigo. Creemos que tras la desaparición de ETA tiene que derogarse la legislación penitenciaria excepcional”, ha explicado a este respecto Artolazabal, que ha apelado a la “lealtad” y a la “coordinación” con el Ejecutivo central para afrontar esta cuestión. “Sería conveniente adecuar la legislación penal y penitenciaria”, ha planteado. “No va a haber un trato preferente, ni privilegios ni excepcionalidades”, ha recalcado sobre la situación de los presos terroristas, cuyos cambios de estatus se ajustarán a los criterios “técnicos” de las juntas de tratamiento y serán revisados por la Justicia, aunque se valorará las enfermedades graves o la edad avanzada, aunque también a las víctimas.
Precisamente la reinserción social y laboral se ha constituido en el eje de la nueva política penitenciaria que quiere aplicar Euskadi después de la transferencia. Artolazabal considera “estratégico” impulsar los cumplimientos de penas en “semilibertad”. Ha aludido a “las famosas tres 'erres', reeducar, resocializar y reinsertar” y ha apelado a condenas “menos coercitivas” en línea con “las recomendaciones de las instituciones europeas y de Naciones Unidas”. “Sin perder de vista las necesidades y los tiempos de las víctimas -ha dicho la consejera- hay que recuperar a la persona privada de libertad”. Aukerak -ha insistido- quiere ser una “válvula de salvación”. “Pretendemos brindarles segundas oportunidades. Oportunidades de reconducir su vida. En sus manos estará aprovecharlas. [...] Estamos convencidos de que incrementar los medios para la reinserción sociolaboral redundará en una mayor seguridad en nuestra sociedad y en una menor reincidencia”, ha planteado para sentenciar: “Así es la sociedad del siglo XXI”.
La consejera, a preguntas de los periodistas, ha indicado que la reinserción no debería ser ajena a ningún delito por el que se haya ingresado en prisión. Se ha marcado como objetivo lograr un índice de 40%, el ratio de las “sociedades más avanzadas”. “Los modelos en los que nos hemos fijado son los de los países nórdicos. Queremos asemejarnos a ese modelo. Actualmente en el Estado español está en el 25%. Tenemos un índice de mejora importante”, ha explicado Artolazabal.
Roy, nuevo director de Aukerak, ha insistido en ese “nuevo modelo” para ayudar a la “empleabilidad” de los condenados y ha destacado que lidera un equipo “ilusionado y ambicioso”. Ha indicado que en 2022 quiere poner en marcha un “servicio de orientación y acompañamiento integral” de los penados con la colaboración de entidades sociales y del Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). Asimismo, ha destacado que en su nacimiento dispone de un presupuesto de 665.000 euros para “acciones formativas” y 3,7 millones para otros talleres productivos. El objetivo es que haya un 20% más de participantes en las actividades y un 24% más de horas de servicio. Euskadi dispone también de un presupuesto de alrededor de 6 millones “para incrementar las plazas residenciales que permitan cumplimientos de penas de régimen abierto”.
En realidad, Aukerak hereda las funciones y parte del personal de un organismo estatal llamado Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. La propia consejera ha admitido que ya con la gestión estatal se llevaban a cabo estos programas. “Trabajo no nos falta. Nos toca sembrar para recoger los frutos”, ha señalado Roy. Aukerak tiene 17 personas en su estructura, 10 de ellas personal transferido del Estado.
Artolazabal ha hecho un balance más general de la gestión de Prisiones desde la premisa de que se ha iniciado “un camino largo y complicado en sus inicios” y de que los 100 primeros han sido “días intensos, de mucho trabajo”, en los que no ha habido ninguna incidencia “reseñable”. Las cárceles que eran del Estado pasaron el 1 de octubre a ser de gestión autonómica. Eso se ha apreciado en el cambio del escudo de España por los logotipos del Gobierno vasco y en “obras sencillas” como la “renovación de los colchones” para que los reclusos descansen mejor o una mejora de las duchas. La consejera ha explicado que se han iniciado ya los primeros programas de perspectiva de género, tanto para el personal como para las reclusas, que se han incrementado los derechos a comunicaciones y que se le está dando “especial atención” a la “salud mental” y a las “adicciones”. “Se intensificarán” estas novedades en 2022, ha prometido.
Ha destacado igualmente la paz social tras el acuerdo con el sindicato mayoritario, Acaip-UGT. De hecho, la consejera ha alejado expresamente el fantasma que se avivó antes de la transferencia de que un volumen importante de funcionarios habían pedido el traslado a cárceles que iban a seguir dependiendo del Ministerio del Interior. Aunque el concurso no ha finalizado, ha asegurado que más personal ha solicitado venir a los centros de Euskadi que salir de ellos. En principio, las retribuciones serán más altas. “Por los datos que conocemos que nos han sido trasladados desde el Ministerio de Interior, aunque no está finalizado, el saldo parece que puede ser positivo. El número de personas que han solicitado irse a otros centros es inferior a los que han solicitado el traslado a las cárceles vascas. Todavía no está cerrado, pero el saldo será positivo”, ha explicado.
Son “alrededor de 700” los funcionarios de Prisiones en la actualidad. Las plantillas tienen “una elevada edad” -54-55 años de media- y es necesario planificar “con rapidez” una convocatoria para compensar la “importante jubilación” que llegará “en breve”. Ha confiado Artolazabal en que esas nuevas incorporaciones aporten también “nuevos perfiles” profesionales para un modelo diferente al anterior. “En ese marco temporal de dos años el objetivo es conseguir la mejor relación de puestos de trabajo que garantice alcanzar con éxito los objetivos que nos hemos marcado”, ha apostillado. En todo caso, ha asegurado que la dotación actual de personal garantiza la “calidad” del servicio y que hay un pacto con los sindicatos para abonar compensaciones en caso de que sea preciso hacer llamamientos extaordinarios.