Euskadi prueba este fin de semana su limitación nocturna de reuniones de no convivientes sin toque de queda

Mientras varias comunidades autónomas han vuelto al toque de queda, Euskadi estrena este fin de semana un nuevo marco que “decreta la imposibilidad” de que haya grupos de “no convivientes” en parques, playas u otros espacios públicos de 00.00 a 06.00 horas pero que no impide salir, pasear o incluso consumir en hostelería, abierta hasta las 02.00 horas. El lehendakari, Iñigo Urkullu, que planteó esta medida el miércoles ante la explosión de casos de COVID-19 que se vive desde hace semanas y siete días después de optar por no hacer movimientos, busca en su aplicación la complicidad de los municipios e insiste en que hay que tomarlo como “prohibición”, aunque tal palabra no aparezca en el decreto firmado por él. Precisamente por ello, juristas consultados por este periódico dudan de su eficacia jurídica. Además, los alcaldes se ven sin herramientas para ordenar lo que la norma marca y la Policía tanto autonómica como local afronta el verano con plantillas mermadas.

Este viernes, en un acto en Vitoria, Urkullu ha defendido sus medidas. Se trata de “intentar evitar que haya aglomeraciones sin que se cumplan las medidas preventivas”, señala. Sobre todo, se pretende controlar encuentros masivos de jóvenes. Los positivos de personas de 10 a 30 años nunca han sido más altos en Euskadi en toda la pandemia. Después de semanas debatiendo si era o no una nueva ola lo que estaba ocurriendo, ya se ha confirmado con toda su crudeza que ha llegado el sexto ciclo de subida de la COVID-19 tras los de marzo, agosto y noviembre del pasado año y los que en 2021 siguieron a la Navidad y a la Semana Santa. Con los mayores de 40 años muy cubiertos con la vacuna, las hospitalizaciones se han mantenido en niveles más bajos, pero ya han empezado a crecer. Solamente del jueves al viernes el porcentaje es del 25%. Y a ello se suman que más del 45% de quienes se hacen una prueba tienen síntomas. Sumados a los que desarrollan la enfermedad más tarde, hay cientos de jóvenes pasando el verano en sus casos con tos, fiebre y hasta habiendo perdido uno o dos sentidos, el olfato y el gusto. Y todo ello ha coincidido con la expansión de la variante delta del Sars-Cov-2.

Sostiene Javier Tajadura, profesor de derecho constitucional de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU), que el nuevo decreto no tiene “ninguna efectividad” desde el punto de vista jurídico. Remarca que no aparece en el texto en ningún lugar el término ‘prohibición’. “El lehendakari no tiene competencias para limitar derechos fundamentales. El ‘se prohíbe’ sabe que se lo anulan rápidamente por ser manifiestamente inconstitucional. Afortunadamente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se toma en serio el Estado de Derecho. Sin estado de alarma, no caben toques de queda ni nada. Por eso ni se lo preguntan”, abunda Tajadura. En Euskadi, a diferencia de en Navarra o Valencia, los jueces han tumbado medidas autonómicas incluso dentro del estado de alarma por considerarlas lesivas para los derechos fundamentales. En la pandemia ha adquirido protagonismo el magistrado Luis Garrido, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo. Esta semana, la mesa de crisis de la emergencia sanitaria, el órgano conocido como Labi, ni siquiera se ha planteado el toque de queda como tal y ha diseñado esta fórmula de evitar “aglomeraciones” de “no convivientes” entre la medianoche y el amanecer, que fue adelantada por este periódico.

“Pero este toque de queda encubierto para el botellón no es necesario. Todo alcalde tiene competencias para regular el uso de la vía pública, con pandemia o sin pandemia”, insiste Tajadura. “Sabemos el objetivo, prohibir botellones. Pero no tienen mucho sentido estos quiebros. Desde mi punto de vista, quizás es más eficaz apelar a la responsabilidad de la gente. La inmensa mayoría nos comportamos con responsabilidad. El objetivo de controlar las aglomeraciones es compartido por la población. Ahora, un decreto como éste lo que genera es una confusión increíble”, subraya Arantxa Elizondo, profesora de Ciencia Política y Administración también en la UPV/EHU.

Más allá del armazón jurídico, también ha sido objeto de polémica el papel de los ayuntamientos en el control de las restricciones nocturnas. El alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, que también es presidente de la asociación de municipios Eudel, ha dicho que no se puede poner “un policía detrás de cada persona” y que, en el caso de su ciudad, “no se pueden vallar 10 millones de metros cuadrados” de zonas verdes. Otros regidores se han pronunciado en la misma línea, como la alcaldesa de Bakio, Amets Jauregizar, que recuerda sus playas kilómetricas con decenas de entradas.

Urkullu ha respondido que él no ha pedido que nadie cerque ninguna zona. Solamente ha enfatizado que los municipios han de “ordenar” horarios y zonas vetadas. “Cada alcalde sabrá cuál es el método: un bando, megafonía en los vehículos municipales o la herramienta más productiva, rentable o eficaz”, ha manifestado. Además, ha dejado patente que en el Labi están representados los regidores de las tres capitales y que uno de ellos, Urtaran, actúa también como representante de 251 localidades. “Cogobernanza”, ha repetido. Urkullu no, pero el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, sí mencionó los perímetros. “Si no hay policías suficientes, habría que acordonar, rodear y determinar de alguna manera la prohibición de acceso y uso de los mismos a esas horas de las noche”, señaló.

Policías locales sin turno de noche y una Ertzaintza bajo mínimos

¿Hay o no hay policías para atender las posibles incidencias nocturnas y, sobre todo, para distinguir entre quienes están en el ejercicio de sus libertades y quienes vulneran las normas? Roberto Seijo, secretario general de Erne, el principal sindicato de la Ertzaintza, es tajante: “No”. Constata que algunos cuerpos locales incluso “no tienen turno de noche”. Y, sobre la Policía autonómica, aporta dos ejemplos. Una comisaría de la costa de Bizkaia dispone de tres patrullas para varios municipios y un agente de atestados de guardia en la central. Y otra de una gran capital tiene un coche para un barrio de 50.000 habitantes que no puede retirar para acudir a zonas alejadas de botellón. Los casos son de la noche del jueves al viernes. La Ertzaintza tiene una plantilla teórica de 8.000 efectivos pero, según los datos de Seijo, son actualmente 7.190. De ellos, “un mínimo del 25% está de vacaciones” y hay un absentismo que ronda el “10-11%”. “Como policía y como ciudadano, me parece un caos en la gestión policial”, sentencia Seijo.

En un comunicado, Ertzaintza y Policías locales han solicitado “colaboración ciudadana”. “Las autoridades sanitarias indican que nos encontramos en una situación de alta intensidad de transmisión de contagios, sobre todo entre la población más joven”, afirman estos cuerpos, que llaman a la especial observancia de las normas en esta franja de edad. Reclaman que se eviten eventos festivos, celebraciones grupales y concentraciones de personas y que se respeten las distancias y el uso de mascarillas. Eso sí, se anuncian ya “dispositivos policiales conjuntos y coordinados”, también en “lugares habituales en los que se tiene conocimiento de botellones”.

En nuestros especiales interactivos, se pueden consultar todos los datos sobre la evolución de la pandemia en Euskadi, sobre los positivos y fallecidos en todas y cada una de las residencias de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el avance día a día de la campaña de vacunación. También tenemos mapas con los brotes más destacados.