El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, dirigido por la consejera Nerea Melgosa (PNV), ultima el decreto que creará las ayudas económicas para huérfanos por asesinatos de violencia machista, aunque no hay todavía una fecha definida para su entrada en vigor ya que falta la recepción de informes y otros trámites administrativos. Este lunes se ha afirmado la aprobación previa, que prevé una cuantía anual de 5.760 euros que podría llegar hasta los 25 años y un pago único de 10.000 euros para casos desatendidos desde 2003. Las prestaciones están contempladas en la ley autonómica aprobada en 2022 y, de hecho, en los presupuestos de 2023 ya se reservó una partida de 25.000 euros para ello. En 2024 se dotará ya a este programa con 450.000 euros, según las previsiones del Ejecutivo.
El Gobierno matiza que entiende la violencia machista en el sentido más amplio del término, lo que incluye todas las causas de agresiones hacia las mujeres y no solamente casos perpetrados por la pareja o la expareja. En este sentido, se alude a “feminicidios sexuales” o “sociales” y a episodios de violencia intrafamiliar también. El Ejecutivo defiende un “cambio de enfoque”: los hijos no han de ser considerados como “meros testigos” de la violencia sufrida por sus madres sino “también víctimas directas” y merecedoras de reparación. “Tales crímenes tan traumáticos provocan un dolor inimaginable al dejar rota la infancia y adolescencia e implican un impacto psicológico y emocional que dificulta el desarrollo vital pleno de los menores”, se podrá leer en la exposición de motivos del decreto cuando sea aprobado.
“Esta ayuda económica parte del reconocimiento de las hijas e hijos como víctimas directas de la violencia machista contra las mujeres. Trata de contribuir a la reparación del daño. Refuerza el apoyo y la asistencia a estos menores debido a su especial vulnerabilidad”, argumenta la viceconsejera Lide Amilibia, responsable del área de Políticas Sociales en el macrodepartamento que ahora dirige Melgosa y antes Beatriz Artolazabal, durante cuyo mandato se aprobó la ley. Otras comunidades autónomas ya tienen también ayudas para este colectivo de huérfanos.
Las prestaciones están estimadas en 5.760 euros anuales de cuantía base pagaderos hasta que el menor cumpla 18 años o hasta los 25 en casos de dependencia, discapacidad (33%) o incluso si se acredita que se están cursando estudios reglados. Esto incluye los cursos de empleabilidad de Lanbide y no solamente una carrera universitaria. Pueden subir hasta los 11.520 euros para situaciones excepcionales de vulnerabilidad. La cifra se actualizará ejercicio a ejercicio conforme a los presupuestos generales del Estado, ya que la cuantía base es el equivalente al 80% del indicador denominado IPREM (7.200 euros este año).
Adicionalmente, se creará una ayuda transitoria que se podrá solicitar durante dos años. Se trata de un pago único de 10.000 euros para atender situaciones con carácter retroactivo. Hay datos de feminicidios desde 2003 pero “hasta el 2012” no se recababa la información sobre los menores al cargo. Se calcula que podrán ser una cuarentena los beneficiarios con base a las edades y datos disponibles de las 53 mujeres asesinadas en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en los últimos veinte años. El mínimo serían 19 huérfanos que sí han sido acreditados de 2013 en adelante.
En Euskadi podrán ejercer los derechos los hijos biológicos pero también los adoptados e incluso los que estaban tutelados. Habrá que cumplir algunos requisitos de residencia y empadronamiento en la comunidad autónoma para poder solicitarlas. Por ejemplo, el menor o mayor de edad joven solicitante tendrá que acreditarlo cuando pida la prestación y no que lo estaba cuando se produjo el fallecimiento siempre que la víctima mortal sí que viviera en Euskadi. Para el caso específico de la ayuda retroactiva sí se pide una doble verificación de residencia, con la petición y cuando se produjo el crimen.
A nivel administrativo, estas ayudas se configuran como “derecho subjetivo” al igual que la vivienda o la renta de garantía de ingresos (RGI). Ello implica que incluso si se agotaran las partidas presupuestarias previstas la Administración estaría obligada a abonar las cuantías adeudadas a todos quienes cumplan los requisitos. Además, el Gobierno vasco será el tramitador de las prestaciones al querer gestionar estas políticas con “carácter unitario” para el conjunto de Euskadi, ya que las diputaciones también tienen competencias sociales muy amplias. “La gestionará la dirección de Servicios Sociales del Gobierno vasco, pudiéndose realizar las solicitudes a través de Zuzenean”, indica a este respecto la viceconsejera. Amilibia estima en “unos meses” el plazo necesario para que se complete toda la tramitación administrativa.
elDiario.es cumple en 2023 diez años en Euskadi consolidado como el periódico nativo digital de referencia. Para continuar creciendo, necesitamos tu apoyo. Puedes darte de alta como socio o socia; si ya lo eres, desde tu panel personal puedes dedicar parte de cuota específicamente a tu edición más cercana, a la de Euskadi. Para más información, estamos en el 625 88 87 80, donde te atendemos también por WhatsApp o Telegram.