En una sesión del juicio del 'caso De Miguel' con muchas ausencias, el abogado Aitor Medrano, defensor del que fuera gerente del parque tecnológico de Miñano, Alfonso Arriola, antes director general del Alavés y después asesor del Tribunal de Cuentas, ha defendido que las dos contrataciones bajo sospecha de aquella etapa son totalmente legales. Medrano, a modo didáctico, ha expuesto dos largas enumeraciones con motivos para que el tribunal absuelva a Arriola de todas las acusaciones, que suman 5 años y 9 meses de cárcel con 5.400 euros de multa.
El primero de los contratos fue precisamente el que dio origen al 'caso De Miguel'. La empresaria y abogada urbanista Ainhoa Alberdi denunció que el 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, le exigió una comisión de 100.000 euros por haber favorecido que su empresa, Urbanorma Consulting, se llevase 'a dedo' el contrato de la primera fase de ampliación de Miñano, consistente en la compra de terrenos. De Miguel no tenía entonces, en 2006, cargo alguno en Miñano, pero fue Arriola quien le pidió una recomendación para elegir a la empresa. Quien todos conocían como Txitxo propuso a Alberdi y ella resultó la adjudicataria sin que se buscasen otras ofertas.
Según la defensa de Arriola, no puede haber delito en la adjudicación directa porque en aquella época Miñano no era un “poder adjudicador”: una sociedad con el 100% de capital público no tenía que someterse a ninguna normativa de contratación, ni siquiera a los principios de publicidad y concurrencia. Asimismo, ha enfatizado que el contrato tenía un tope de 600.000 euros. “Si quieres colaborar en un cohecho, difícilmente limitas los honorarios de la empresa que va a pagar una comisión ilegal”, ha enfatizado Medrano, que ha destacado que la propia Alberdi le excluyó en sus declaraciones del intento de cobro de la mordida. Ha añadido también que la sentencia del 'caso Urdangarín' impediría que Arriola fuese condenado por prevaricación, ya que no había una “lex certa” en la época que regulara la publicidad y concurrencia de los contratos en sociedades públicas por lo que “quienes tenían que aplicar la 'lex incerta' no tenían conciencia dolosa para cometer el delito”.
El segundo contrato es la continuidad del primero, la segunda fase de la ampliación, la actuación urbanística sobre las parcelas adquiridas. Alberdi denunció que al negarse a pagar la comisión fue excluida de ese contrato a pesar de ir de la mano de quien resultó adjudicatario, Sergio Fernández Oleaga, de la empresa Stoa, una persona próxima a De Miguel hasta el punto de considerarle un “padrino”. Este contrato ha sido reactivado en 2018.
En aquella ocasión, ya en 2008, el contrato sí se sacó a concurso por haber cambiado las normativas internas de contratación de Miñano. El abogado Medrano ha pedido al tribunal que se ponga “en la mente de un facineroso” y ha planteado que “sólo con haber adelantado unos meses la contratación” se podía haber hecho 'a dedo' si el objetivo era beneficiar a Stoa a instancias de De Miguel. Asimismo, ha recordado que como Fernández Oleaga presentó una oferta de 343.000 euros y un desglose de 494.000 euros, de haber habido fines oscuros Miñano habría empujado para que Stoa cobrase más dinero. “De pan ajeno, rebanada grande”, ha ironizado el letrado.
Se da la circunstancia de que otra empresa participante en el concurso, Lugarfive, anunció su intención de recurrir. Según la Fiscalía, ello provocó que se “manipulara” el expediente de contratación para justificar que era la de Stoa la mejor oferta del concurso a pesar de la duplicidad de presupuestos. Un informe de la Ertzaintza remarcó que los cambios en las puntuaciones se hicieron en apenas 25 minutos, tomando como prueba dos 'emails' con valoraciones distintas de Lugarfive que se cruzaron Arriola y su directora técnica, la también imputada Miren Lourdes Bilbao.
La defensa de Arriola insiste en que tal falsedad documental no se produjo, entre otras cosas porque incluso con los cambios la oferta de Stoa seguiría siendo mejor que la de Lugarfive, aunque la Ertzaintza insistió en que los cambios se hicieron porque “sí o sí” el concurso estaba teledirigido para beneficiar a Fernández Oleaga. En todo caso, Medrano ha remarcado que no se ha hecho un análisis pericial de los originales para comprobar su veracidad. Tanto Arriola como Bilbao consideran que las distintas puntuaciones eran un mera “simulación” para valorar distintos escenarios, documentos internos sin valor oficial.
La Fiscalía añade que Fernández Oleaga compensó a De Miguel con una mordida de unos 3.000 euros por estas maniobras. “¿Todo esto para que alguien cobre 3.000 euros de comisión en un contrato de 343.000 euros?”, ha lanzado al aire Medrano, que ha concluido que “no hay intervención de Arriola en ninguna maniobra coaccionadora contra Alberdi” o en reclamaciones de comisiones.
Medrano se ha referido también a las negociaciones abiertas en septiembre con la Fiscalía y que han llevado a algunos acusados a confesar a cambio de una rebaja de condena o, en el caso de Txitxo, a cambiar de opinión a última hora para volver a retomar su estrategia de negarlo todo. Arriola y los otros acusados de Miñano nunca se sentaron a negociar. ¿Por qué? “Hubiese sido muy fácil hacerlo, pero sería salir de este juicio con la marca de haber cometido un delito. Si [Arriola] se ha negado es porque no ha cometido ningún delito. Una persona que obra así y se expone a un juicio es inocente”, ha remachado el letrado, que ha quitado importancia a que su cliente se negara a contestar a las preguntas de la Fiscalía porque ya compareció durante “más tiempo que un concierto de los Rolling Stones” para explicar los hechos conforme al guion preparado con su abogado.
El mismo informe de la Ertzaintza que alertaba de la posible manipulación del expediente para contratar a Stoa destacaba la existencia de una tercera adjudicación en Miñano, de nuevo con Stoa como beneficiario, con indicios de irregularidades. Ese contrato se produjo apenas unos meses después, en primavera de 2009, pero no ha sido objeto de acusación en el juicio. Se trata de los trabajos de dirección de obra del edificio E8 del parque tecnológico. La Policía localizó correos en los que se valoró cómo conceder este trabajo de 63.000 euros a Stoa, una cadena en la que participaron Alfonso Arriola, Miren Lourdes Bilbao y Koldo Ochandiano, entonces contable del parque. Como no se podía hacer de manera directa ('a dedo') se planteó un concurso negociado restringido con tres empresas y fue el propio Sergio Fernández Oleaga el que indicó al parque tecnológico a quienes invitar. La suya fue la mejor oferta y coincidía exactamente con los 63.000 euros previstos.