El futuro de la central nuclear de Garoña es un tema recurrente de debate en Álava y por extensión en el conjunto de Euskadi. Sobre todo, cuando se vive una campaña electoral. Todos los partidos han descubierto sus cartas. PSOE, Ciudadanos y Podemos no contemplan que las centrales nucleares prolonguen su vida más allá de los 40 años. Es decir, que en el corto plazo, la central burgalesa de Santa María de Garoña, que comenzó a funcionar en 1971 y ahora está parada, no va poder reabrir. Mientras, el PP no oculta su intención de permitir que las centrales funcionen más allá de los 40 años (salvo el partido en Álava, que se alinea con la corriente mayoritaria a favor del cierre). Estos son los partidos que, en mayor o menor medida, están en condiciones de gobernar los próximos cuatro años en España y, por lo tanto, los que tienen en su mano la decisión.
En su programa electoral, el PSOE asegura que implantará un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida, mientras que Podemos fija en 40 años la vida máxima de estas instalaciones. La secretaria general del PSE, Idoia Mendia, ha insistido en el compromiso de los socialistas con esta causa. “Fue un Gobierno socialista quien cerró Garoña y será un Gobierno socialista el que haga imposible que Garoña se reabra y que se convierta en cementerio nuclear”.
El partido morado aboga por poner en marcha un plan de empleo para la “transición” en los municipios afectados, que suelen tener una dependencia económica de estas instalaciones muy importante. El candidato de Equo-Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha orientado buena parte de su campaña hacia el cierre de la central burgalesa. “Desde Podemos y EQUO queremos acabar ya con la vida de esta planta. Ese es nuestro compromiso”.
Mientras, Ciudadanos no cree necesario prorrogar la vida útil de las nucleares más allá de lo que ya está establecido, de los 40 años de vida útil que se establecen en general para las nucleares.
Obras costosas
El caso es que la central nuclear de Garoña (propiedad de Nuclenor: 50% de Endesa y 50% de Iberdrola), conectada a la red en 1971 y parada desde diciembre de 2012 por decisión de las eléctricas propietarias, afronta costosas obras si quiere seguir operando. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), el supervisor del sector, lleva meses realizando inspecciones para determinar los requisitos para la reactivación de la central, y exigiendo reformas que requieren de inversiones millonarias. El CSN estableció en 2009 la renovación total de kilómetros de cable y la construcción de un nuevo edificio. Tras el accidente de Fukushima, obligó a implantar mejoras en el venteo de gases en caso de accidente y nuevos sistemas de seguridad, además de revisiones en la vasija. Y recientemente, la Justicia ha obligado a Garoña a construir una torre de refrigeración, ya que la central devuelve al río Ebro el agua demasiado caliente.
Si Nuclenor acometiese todas las inversiones tendrá que enfrentarse a la duda de si el futuro Gobierno le concederá la autorización para seguir funcionando.
Estaba claro que la posible reapertura de Garoña iba a ser uno de los temas centrales de la campaña electoral vasca y en especial en Álava y así ha sido. Todos los partidos políticos contrarios a la nuclear lo han incluido como tema obligatorio en los diferentes actos de campaña, incluso se ha convocado una manifestación a favor del cierre en la víspera de las votaciones, que ha sido prohibida por la Junta Electoral Central.
Y es que con Garoña, nunca se sabe lo que puede ocurrir.