Un informe elaborado en 2012, con motivo del vigésimo quinto aniversario de la entrada de España en la Unión Europea, mostraba que Euskadi había obtenido 4.100 millones de euros en inversiones comunitarias desde 1986. La a veces lejana Bruselas ha confinanciado desde la reconversión industrial hasta bici-carriles. De cara a 2018, conforme al proyecto de presupuestos del Gobierno vasco entregado este lunes en su totalidad al Parlamento, la aportación europea crecerá un 22% respecto a 2017 y se situará en 112 millones de euros fruto de una inyección adicional de 20 millones contra el desempleo.
En total, Europa pondrá 29,3 millones para políticas activas de empleo (más 2 específicamente contra el paro juvenil), así como 3,2 dentro de su fondo social, 2,3 para desarollo rural o 43 millones para el fondo de garantía agraria, entre otros programas. En 2017, los ingresos comunitarios se quedaron en 91 millones.
90 millones para la estación del AVE en Donostia
El Estado también realiza aportaciones económicas a la Administración autonómica que se suman al presupuesto propio de sus organismos. La más importante es desde hace años la partida que cubre las obras de la 'Y vasca' que Euskadi ejecuta en Gipuzkoa (Adif se encarga directamente de los tramos de Bizkaia y Álava). En 2018, ese dinero pasará de 350 millones a 161, aunque no es un descenso real ya que lo que ocurre es que se ajustará el dinero al avance efectivo de las obras, ya muy avanzadas en ese territorio. De cara al próximo ejercicio, las cuentas prevén dar continuidad a las “obras adjudicadas y en fase de construcción”, es decir, a los tramos Antzuola-Ezkio/Itsaso (Oeste), Hernialde-Zizurkil, Zizurkil-Andoain, Urnieta-Hernani y Hernani-Astigarraga. Asimismo, hay una partida de 10 millones de euros y un compromiso de aportar otros 80 (90 en total) para la nueva estación del AVE en San Sebastián.
España, fruto de un acuerdo político, aporta también 17 millones en concepto de “colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza”. Se trata de unos fondos destinados a compensar a la Seguridad Social la pérdida por la jubilación anticipada de los agentes de la Policía vasca, posible desde los 60 años.
El Gobierno pagará 600 euros mensuales en Bizigune
Una de las partidas más importantes de las cuentas es la destinada a la renta de garantía de ingresos (RGI) y sus complementos, que constituyen el salario social de quienes no disponen de recursos o de quienes tienen pensiones o nóminas bajas. Serán 507 millones de gasto en 2018, susceptibles de ampliación ya que esta ayuda social es un derecho subjetivo que obliga a abonarla sí o sí a quienes cumplen los requisitos. En 2017, por vez primera, la dotación presupuestaria se ajustará al gasto real, con más de 60.000 familias beneficiarias. Hasta entonces, se había presupuestado por sistema por debajo de la ejecución obligando a practicar recortes durante el año en otras políticas sociales. Desde 2010, año en que se puso en marcha el sistema de garantía de ingresos actual, el desvío ha sido próximo a los 380 millones.
Los presupuestos mantienen la previsión de que desaparezca la PCV, los complementos de 250 euros para alquiler que acompañan a la RGI, en favor del nuevo sistema marcado en la Ley de Vivienda. Por primera vez en España, Euskadi ha convertido el acceso a un piso protegido en un derecho para quienes no tienen recursos y el Gobierno está obligado por ley a ofrecer una vivienda digna a quienes reúnan los requisitos o, en su defecto, una prestación económica llamada PEV. Se da la circunstancia de que la redacción inicial del decreto regulador de este derecho social suponía un recorte al dejar fuera de la PEV a personas que antes sí podían ser beneficiarios de la PCV, principalmente extranjeros sin permiso de residencia. No obstante, el actual consejero, Iñaki Arriola, ya se ha mostrado dispuesto a corregir esa situación con el nuevo decreto de Vivienda.
En materia de vivienda, otra medida de importancia contenida en las cuentas es la decisión de elevar de 450 a 600 euros el canon que pagará el Gobierno a los ciudadanos que ponen su piso a disposición de la Administración para ofrecerlo en alquiler social. De esta manera, se pretende hacer más atractivo este programa llamado Bizigune en comparación con los precios del mercado libre e ir captando poco a poco pisos con los que satisfacer un derecho a la vivienda que se espera que sea ejercido por 18.000 personas de aquí a 2025.
Más ayudas a la familia y plan contra la obesidad
La consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, plantea también en estos presupuestos la modificación del decreto de 2015 por el que se regulan las ayudas a las familias con hijos dentro del ansiado objetivo de impulsar la natalidad en Euskadi. El deseo es “ampliar en una nueva anualidad las ayudas recibidas por las familias por segundo hijo o segunda hija, así como algún otro aspecto del mismo”. La cuantía de estas oscila entre los 450 y 900 euros en función de la renta de los solicitantes. El presupuesto de este programa será de 31,4 millones en 2018, por 30,7 de 2017. Según datos oficiales, 8.600 familias recibirán este año la prestación por el primer hijo, 19.451 por el segundo y 9.754 por los siguientes.
El Gobierno defiende el acento social de estas cuentas y, de hecho, insiste en que “el 77%” de los 11.486 millones de euros que se dispondrán para el próximo ejercicio irán destinados a políticas sociales. En ese dinero se incluyen desde las grandes partidas sanitarias y educativas (por ejemplo, los 510 millones de euros de gasto farmacéutico con receta, un 3% más) hasta programas más específicos, como el que se estrenará en 2018 contra la obesidad infantil con cargo a los presupuestos del Departamento de Salud, el mejor dotado de toda la Administración vasca.
De Spri a Agencia de Desarrollo Empresarial
En un contexto de fuertes críticas de la oposición y de cierre de algunas grandes empresas, el Gobierno destinará el próximo año 103,6 millones de euros a políticas de desarrollo industrial y de ayuda a los emprendedores con el objetivo de “consolidar” su apoyo a las empresas en dificultades. Es una cuantía muy similar a la de 2017. El área de Industria del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad que dirige Arantxa Tapia insiste en la necesidad de una “estrategia central de apoyo a las empresas en su salida de la crisis”. El Ejecutivo considera que, pese al actual contexto de crecimiento, su labor de apoyo a empresas en dificultades no puede verse “reducida”, sino que se ha de “consolidar”. Y asume que, “como parte de la transformación industrial, inevitablemente, vamos a seguir viendo como algunas empresas entran en crisis”, informa Europa Press.
El Gobierno, por otro lado, incorpora un artículo en la ley de presupuestos que modifica la naturaleza jurídica y el nombre de la histórica SPRI, inicialmente Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial, ahora Sociedad para la Transformación Competitiva y desde 2018 Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Este nuevo organismo, que mantendrá las siglas históricas, pasará a ser un “ente público de derecho privado” y asumirá el personal y las competencias de la antigua sociedad pública, así como también su red exterior recientemente impulsado con dos nuevas entidades mercantiles en Estados Unidos y Londres. “Promover la inversión industrial extranjera en proyectos tractores de alto valor añadido y generadores de empleo” es una de las misiones de la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial.
Seguridad espera 292.000 multas de Tráfico en 2018
De los 640 millones de presupuesto global del Departamento de Seguridad, el grueso va a parar a la Ertzaintza, que tendrá una dotación de 608 millones en 2018 por 593 del pasado año. En 2018, una partida importante volverá a ser la destinada a la renovación del parque móvil (11 millones). En cuanto a los suministros, el cuerpo gastará más de 6 millones en combustible y unos 2 en primas de seguros. Supera los 7 millones la partida para la renovación del vestuario. De ellos, más de 4 irán destinados a la adquisición de nuevos chalecos antibalas en un contexto de alerta terrorista 4 por el yihadismo. Como curiosidad, se da la circunstancia de que la Ertzaintza pagará 8,6 millones en “seguridad”, es decir, en contratar empresas privadas para la vigilancia de centros policiales como Erandio, Arkaute u Oiartzun.
En cuanto al capítulo de ingresos, el área que dirige Estefanía Beltrán de Heredia prevé ingresar 24,7 millones en multas de tráfico. Se estima que los radares recaudarán 9 millones, que las patrullas impondrán sanciones por valor de 15,7 millones, de ellas 1,4 a vehículos extranjeros. Para ello, se contempla un coste de 1,8 millones en el franqueo para el envío de estas notificaciones. Traducido en infractores, se calcula que serán 292.000, 55.000 de ellos extranjeros.
En marcha la ley de víctimas de violencia policial
Otro epígrafe de las cuentas de 2018 recogen la previsión de destinar 1,4 millones de euros a “desarrollar e implementar” la ley que reconoce a las víctimas de violencia policial, una norma que se encuentra suspendida por el recurso interpuesto por el Gobierno de España ante el Tribunal Constitucional. No obstante, no todos los preceptos de la ley se encuentran afectados por medida cautelar, por lo que el Gobierno autonómico espera poder empezar a desarrollar algunos de los aspectos no suspendidos.
El presupuesto global del área de Derechos Humanos para 2018 asciende a algo más de 6 millones de euros. Como cada año, en este apartado se recogen diversas partidas destinadas a las víctimas del terrorismo y a la promoción de los derechos humanos. Las ayudas para colectivos de damnificados por el terrorismo suman 139.250 euros, a los que se les añaden aportaciones específicas a entidades como la Asociación Víctimas del Terrorismo (54.000 euros), Fundación Fernando Buesa (50.000 euros) o Fundación Cultura de Paz (40.000 euros), entre otras. Dentro del Instituto de la Memoria Gogora también se contemplan programas para la recuperación de la memoria histórica y para investigar la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Ajuria Enea, 660.000 euros; las delegaciones, 2,9 millones
Los presupuestos de 2018 recogen, entre otros muchos datos, el coste de mantenimiento del palacio de Ajuria Enea, sede de los actos más solemnes y residencia oficial del lehendakari aunque Iñigo Urkullu ha optado por pernoctar algunas noches en su domicilio particular. Las partidas de limpieza, cuidado, jardinería y suministros de Ajuria Enea rondan los 660.000 euros, aunque en muchos casos son gastos compartidos con el moderno edificio de oficinas anexo. A ello hay que sumar el coste de las oficinas de los exlehendakaris, que tienen derecho a ello de manera vitalicia. Serán unos 19.000 euros en 2018.
Por otro lado, Euskadi dispone de una red exterior compuesta por las delegaciones en la Unión Europea, en Argentina-Mercosur, en Chile, Perú y Colombia, en Estados Unidos y en México. El coste global de estas oficinas ronda los 2,9 millones, lo que incluye las nóminas de los 'embajadores'.
Dinero para Anoeta, no para Mendizorroza
La denominada “sección 99” del presupuesto vasco es una suerte de cajón de sastre donde se incorporan las transferencias de crédito para proyectos que no corresponden a ningún área específica del Gobierno. Un año más, ahí figura el canon que recibe Vitoria como capital vasca, aunque el concepto exacto es el de “sede de las instituciones comunes”. Son 10 millones de euros, el doble que hace unos años como prometió el lehendakari, Iñigo Urkullu, a los que hay que sumar fondos para el tranvía, para el denominado autobús eléctrico de alta capacidad y para otras inversiones locales.
En este epígrafe figura también la ayuda comprometida por el Ejecutivo para la reforma de Anoeta, el estadio de la Real Sociedad. Son 10 millones de euros en total que se están abonando en tres pagos de 3,3 millones. No se menciona la polémica reforma del estadio del Deportivo Alavés aunque el pasado año el acuerdo del Gobierno de PNV y PSE-EE con el PP incorporó una primera dotación de 100.000 euros para elaborar un “estudio” del proyecto para Mendizorroza abanderado por el dueño del club, Josean Querejeta. Los 'populares' siguen defendiendo esta iniacitiva y podría constituir un elemento de negociación en el Parlamento, donde el Gobierno de PNV y PSE-EE necesita de un tercer socio para sacar adelante los presupuestos.