El Gobierno de Navarra está trabajando en reforzar los protocolos vigentes para evitar la violencia en las aulas. Tanto la que sufren los alumnos por parte de sus compañeros, como la que padecen profesores por parte de alumnos o de sus familiares. Para detectar ambos tipos de violencia existen sendos protocolos que detallan cómo debe actuar la comunidad educativa, a qué instancias debe acudir, qué tipo de ayuda se puede prestar a las víctimas y cómo articular medias de prevención. Sin embargo, casos recientes de violencia en las aulas están poniendo en cuestión la eficacia de la aplicación de estos protocolos. Y, bien sea por la presión social que supone el conocimiento de un caso de bulling con final trágico, bien por la presión expresa que están ejerciendo algunos sindicatos de Educación para reforzar las medidas de seguridad del profesorado, lo cierto es que el departamento de Educación está tomando carta en el asunto y trabaja en “reforzar” dichos protocolos.
Así lo ha reconocido la portavoz del Gobierno foral, Ana Ollo, tras ser preguntada en rueda de prensa por el caso de un joven que se suicidó el pasado 16 de marzo, víctima de acoso escolar. En una carta hecha pública, los padres del joven mantienen que “la excelencia de un colegio no se logra únicamente con una gestión impecable y con la consecución de unos objetivos académicos elevados, sino también solucionando los posibles conflictos que puedan surgir, no ocultándolos”.
Con respecto a este caso concreto, Ollo ha señalado que la función del Gobierno no es investigar en una causa judicialmente abierta, sino trabajar en el protocolo de acoso escolar vigente para reforzarlo y conseguir que no puedan repetirse casos como el citado. El protocolo no se activó en el caso del joven que se quitó la vida. Y no lo hizo, explica Ollo, porque no había denuncia previa ni del propio joven, ni de su familia, ni del propio centro escolar. Sin denuncia, no hay medidas de actuación contra la violencia escolar. Así que el Gobierno estudia qué fórmulas podrían implantarse para evitar que casos de acoso que no se denuncian pasen desapercibidos para las autoridades educativas.
El pasado mes de abril, la asociación juvenil Levántate contra el Bullying denunció en el Parlamento la existencia de 30 casos de acoso escolar ( ocurridos en los primeros cuatro meses del año en Navarra. La asociación reclamó entonces una revisión de los protocolos que se aplican, para dotarlos de mayor coordinación entre los organismos de la Administración que entran en funcionamiento para atender a las víctimas de acoso.
Recientemente, algunos sindicatos de Educación han denunciado un repunte de violencia ejercida contra los profesores. El próximo día 24 se reunirán con Educación en el seno de la comisión de Salud Laboral. Aunque Navarra cuenta con un protocolo de actuación ante agresiones al personal docente, estos sindicatos consideran que se trata de una normativa que debe actualizarse y cuestionan su eficacia. En su opinión, es necesario ampliar el concepto de violencia contra los profesores recogido en el protocolo y eliminar los obstáculos burocráticos para que sean los propios profesores quienes puedan contactar directamente con el servicio de Riesgos Laborales, sin intermediarios.