Las negociaciones continúan en el 'caso De Miguel'. El principal acusado, Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava acusado de 21 delitos de corrupción y que se expone a 54 años de cárcel (15 de cumplimiento efectivo), tiene ya sobre la mesa una propuesta de rebaja de condena por parte de la Fiscalía a cambio de que se declare culpable, empezando por la admisión de que la denuncia de la empresaria Ainhoa Alberdi era cierta y de que él y el también dirigente nacionalista Aitor Tellería la extorsionaron para cobrarle una comisión de 100.000 euros. El ministerio fiscal, en todo caso, exigirá el ingreso efectivo en prisión tanto de quien todos conocen como Txitxo como del resto de los imputados que sean condenados en virtud de estos pactos.
La propuesta de la Fiscalía pasa por flexibilizar su acusación rebajando el número de delitos totales (se pueden agrupar en menos tipos) y también por solicitar la aplicación de penas de prisión más bajas para cada uno de ellos dentro de los márgenes que permite el Código Penal. Desde las defensas, se especulaba con la posibilidad de que también se incluyera una suspensión del ingreso en prisión. Existe un resquicio por el cual ese objetivo se puede lograr -aun con una pena acumulada importante- si individualmente ninguno de los delitos que sean asumidos supera los dos años y se cumple con el resto de condiciones, principalmente la satisfacción de las multas económicas. Fuentes judiciales consultadas por este periódico confirman, en todo caso, que la Fiscalía se opondrá a esas suspensiones en la fase de ejecución de condenas y así se lo ha trasladado ya a sus interlocutores en las conversaciones que se mantienen muy vivas en las últimas horas.
La última palabra sobre la entrada en prisión de los imputados en el 'caso De Miguel' estará, por lo tanto, en manos del tribunal. De manera informal, las defensas han buscado garantías en este sentido y han mantenido contactos con su presidente, Jaime Tapia. Precisamente, este magistrado de la Audiencia Provincial de Álava ha estado en el centro de la polémica al declarar el pasado viernes en Radio Vitoria que las solicitudes de penas del ministerio fiscal están “infladas”. Sus palabras en plena fase decisiva del mayor caso de corrupción de Euskadi han causado un hondo malestar interno en la Fiscalía pero también entre jueces y magistrados y ya han motivado una respuesta formal por parte de la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, y de su junta de fiscales. Además de Tapia, conforman la sala Elena Cabero -encargada de la redacción de la sentencia- y Raúl Aztiria.
Pedreira se reúne con varios abogados
Las conversaciones para explorar un acuerdo de conformidad con los acusados avanzan a buen ritmo. El juicio ha quedado suspendido hasta el 1 de octubre para darles margen. Las lidera el fiscal Manuel Pedreira, que asiste a Josu Izaguirre en el 'caso De Miguel'. Este miércoles se han mantenido encuentros individuales con los abogados de, entre otros acusados, Aintzane de Miguel -hermana del principal acusado-, Josu Arruti -intermediario en la operación de Zambrana-, Xabier Sánchez Robles -director de Juventud del Gobierno vasco- o Iñaki San Juan -titular de las empresas Errexal y Ortzi Muga-. La ronda de contactos continuará en las próximas horas.
Entre los 26 acusados hay estrategias diferenciadas. El grueso de los letrados se ha mostrado dispuesto a dialogar, empezando por Gonzalo Susaeta, abogado de De Miguel, y que ya valora una declaración de culpabilidad por delitos de corrupción. Otros, en cambio, ya han trasladado a la Fiscalía su negativa a llegar a un acuerdo. El abogado Miguel Alonso, que representa al exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga, manifestó a este periódico su intención de defender la inocencia de su cliente y de “colaborar” con la Fiscalía en el interrogatorio en el juicio para aclarar todos los extremos de su caso.
Larrañaga está acusado en la subderivada de esta macrocausa que afecta a la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, una oficina dependiente del Departamento de Cultura del que el político guipuzcoano del PNV era 'número dos'. La investigación concluyó que el director de Juventud, Sánchez Robles, concedió contratos 'a dedo' a tres empresas de la órbita de De Miguel, Errexal, Kataia Consulting y Ortzi Muga, y que, en muchos casos, no consta que se realizaran los trabajos que supusieron un desembolso de más de 200.000 euros. Las contrataciones fueron firmadas por Larrañaga, a quien la Fiscalía considera copartícipe de los hechos, por lo que solicita para él hasta 17 años de prisión, pero Alonso ya ha manifestado que hay base para sostener que el “responsable directo” de las adjudicaciones fue exclusivamente Sánchez Robles.