En la primavera de 2017, el Gobierno de Iñigo Urkullu presentó su tan ambiciosa como polémica -por incluir algunas restricciones- reforma de la renta de garantía de ingresos (RGI), el salario social para quienes no tienen recursos o para complementar nóminas o pensiones bajas. Un año después, PNV y PSE-EE decidieron que se tramitaría como “proposición de ley” -un texto presentado por los partidos en el Parlamento- y no como “proyecto de ley” -una norma aprobada por el Ejecutivo-. Aquella anomalía se presentó como una solución “rápida y ágil” dada “la urgencia y los requerimientos existentes para que se reforme el sistema que regula estas prestaciones sociales”, en palabras del consejero-portavoz, Josu Erkoreka. Ahora, en el otoño de 2019 y con la legislatura encarando su tramo final, la reforma sigue sin terminar de ver la luz. En una comparecencia en la Cámara, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, ha reconocido el error estratégico.
“Visto el resultado, teníamos que haber optado por otra cosa”, ha asumido Artolazabal, que ha añadido que con un proyecto de ley se estaría “en otra fase”, “debatiendo enmiendas” y no en un momento muy previo de la tramitación, recabando todavía testimonios de expertos y agentes implicados, como es el caso de la comparecencia de este viernes de la propia Artolazabal. Fuentes del Gobierno matizan, en todo caso, que también hay parte de culpa en ello en la oposición, que “no ha actividado” la posibilidad de acuerdos durante meses y que ha estado sumida en posiciones “electoralistas” ya que en estos meses han coincidido hasta tres campañas.
El texto de PNV y PSE-EE fue registrado en la Cámara en abril de 2018, once meses después de su presentación. El asunto llegó al pleno del 28 de junio del año pasado para su toma en consideración, pero la posición de minoría del Gobierno y los recelos de la oposición hicieron que nacionalistas y socialistas retiraran la reforma 'sine die' en busca de consensos. Casi otro año completo después, el 27 de junio de este año, el Gobierno consiguió que el PP diera luz verde a la tramitación con una abstención frente al 'no' de EH Bildu y Elkarrekin Podemos. Con el parón estival, las comparecencias solicitadas por los partidos para recabar opiniones se han iniciado a finales de septiembre y esa fase no se ha concluido.
No hay ni un horizonte temporal claro para saber cuándo podrá aprobarse la reforma ni tampoco uno político. El Gobierno necesita de un tercer socio para sacar adelante esta ley. Oficialmente, todas las opciones están abiertas, pero el Ejecutivo es consciente que Elkarrekin Podemos y EH Bildu exigen la reversión de algunos recortes en estas prestaciones registrados desde 2011 y que están más cercanos a las propuestas de agentes sociales, plasmadas en su momento en una iniciativa legislativa popular. En privado, en el Ejecutivo temen que el final de la legislatura -sea o no anticipado, algo que sólo puede decidir Urkullu- acabe por dejar en agua de borrajas uno de los proyectos clave de este cuatrienio, pero insisten en que si la oposición muestra “voluntad” se podrán alcanzar puntos de encuentro. Artolazabal está manteniendo reuniones con los partidos con ese fin.