El astillero La Naval vive horas angustiosas. Accionistas minoritarios, sindicatos, trabajadores, partidos e instituciones lamentan la mala gestión del astillero en los últimos años, situación que explotó en 2017, pero que desde 2015 investiga un juzgado de Barakaldo . A la deriva y con varias vías de agua, sus propietarios han decidido iniciar el proceso de liquidación. Con este panorama, las miradas se han vuelto hacia las instituciones vascas en busca de alguna ayuda. Pero esa ayuda no vendrá en forma de rescate de ninguna manera. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo ha dejado muy claro. “El rescate está descartado”.
Ante las peticiones de rescate de La Naval por parte de la Administración vasca ha recordado que la Unión Europea “prohíbe tajantemente las ayudas de Estado” y cuando las detecta “no solo las anula e impide su materialización” sino que “exige inmediatamente la devolución de las cantidades”.
Erkoreka ha advertido de que, “puesto que se trata de medidas radicalmente proscritas y prohibidas por la Unión Europea, son imposibles de adoptar”. “Las consecuencias las hemos experimentado alguna vez en Euskadi y suelen ser francamente gravosas para las instituciones, la industria vasca y el conjunto de la sociedad, que es la que soporta el impacto económico de ese tipo de ayudas que después tienen que revertirse. No conviene adentrarse por ese camino”, ha indicado.
Con este panorama, el Gobierno se ha comprometido a intensificar la búsqueda de nuevos inversores. “El Ejecutivo va a seguir colaborando con todos los actores que tienen algo que decir en esta materia, tanto con la dirección de la empresa como con el comité, las compañías presentes en el Consejo de Administración y la Administración concursal de manera que pueda trabajar conjuntamente para atraer nuevos inversores o garantizar que la empresa armadora holandesa pueda realizar la construcción del Alexia en el astillero”.