- La demanda interpuesta por varios colectivos sociales recurre 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados y ha sido admitida por el juzgado
La batalla judicial por los criterios que aplica Lanbide para conceder la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) está servida. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Vitoria ha admitido a trámite la denuncia de colectivos sociales contra el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide por los criterios que mantiene en materia de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y ha impuesto medidas cautelares para que no se apliquen hasta que haya sentencia definitiva. La demanda admitida a trámite recurre 28 de los 75 criterios que Lanbide tiene publicados. En concreto, se recurre 17 por considerarlos contrarios a la Ley y el resto porque necesitan ser regulados mediante Decreto publicado en el Boletín Oficial del País Vasco y no mediante una circular interna.
El órgano judicial da un plazo de 20 días a Lanbide para responder a este recurso y para que remita el expediente. Las medidas cautelares van dirigidas, especialmente, contra los criterios relacionados con el padrón, los contratos de alquiler o la residencia efectiva. Para evitar su inaplicación temporal, Lanbide tiene 10 días para dar una respuesta satisfactoria ante el Juzgado de lo Contencioso.
“Desde la instauración del Ingreso Mínimo de Inserción en el año 1989”, explican los denunciantes, “ha sido una constante que las leyes y decretos que regulan las diferentes prestaciones sociales [IMI, Renta Básica, RGI] vinieran acompañadas de la elaboración de manuales de aplicación e instrucciones internas”. Durante años, los colectivos han demandado su publicación y que fueran accesibles. “Muchas veces las motivaciones para las denegaciones, suspensiones o resoluciones de Lanbide se hacían mencionando unos criterios que eran inasequibles para las personas usuarias del Servicio Vasco de Empleo”.
Recortes
Según los colectivos sociales, Lanbide ha aprovechado la reciente publicación de sus criterios en su página web para introducir recortes en el acceso a las prestaciones sociales. “Es criticable que el Gobierno vasco quiera iniciar un debate sobre la reforma de la RGI mientras empieza ya aplicar una serie de recortes a la actual legislación, sin ningún amparo legal para esta actuación”.
Los colectivos sociales de Bizkaia denunciantes son Argilan-ESK, Argitan (Centro Asesor de la Mujer, Barakaldo), Asociación Trabajadoras Hogar Bizkaia, Baietz Basauri!, Berri-Otxoak de Barakaldo, Brujas y Diversas, Danok Lan de Galdakao, Elkartzen, Mujeres del Mundo, Posada de los Abrazos/Besarkatuz, SOS Racismo Bizkaia, y PAH Bizkaia-Kaleratzerik EZ!.