El fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro, considera fundamental la protección de las cuatro hermanas menores que residen en Álava y que han sido sometidas a la mutilación genital femenina en Mali, el país de origen de sus padres. “La Fiscalía de Menores es la que tiene que velar por la protección y la custodia de las menores”, ha indicado el fiscal superior en conversación con este diario. Serían medidas de protección o medidas cautelares de carácter civil en las que incluso “podría retirarse la patria potestad a los padres de la niñas, si se comprueba que se ha producido el delito y que ha habido una falta de vigilancia por parte de los padres”, apunta el máximo responsable del ministerio público en Euskadi.
En cualquier caso, Calparsoro no ha querido adelantar las medidas que se van a adoptar en este caso, que lleva la Fiscalía de Menores de Álava tras la denuncia interpuesta en 2014. Los datos sobre la denuncia que obran en poder de la Fiscalía es que los abuelos de las cuatro hermanas habrían aprovechado el viaje de vacaciones a Mali en 2013 para someter a sus nietas a la ablación, una práctica que en ese país africano sufre el 98% de las mujeres. Los médicos forenses comprobaron que las niñas habían sufrido la mutilación del clítoris y, en principio, no consta que los padres pusieran impedimentos.
Todo esto está encima de la mesa de la fiscalía para adoptar las medidas de protección y de garantías de salvaguarda y custodia de las menores. “En este caso, la nacionalidad de las menores es igual. Lo que cuenta es la residencia, que es en Vitoria, para adoptar las medidas de protección que se fijen finalmente”, explica Calparsoro.
Competencia de la Audiencia Nacional
Pero al margen de la vía civil, está también la posible investigacion penal del delito de ablación, con todas las complicaciones legales que tiene al haber cometido presuntamente en un país extranjero. La última reforma sobre la justicia universal realizada en esta legislatura por el Gobierno del PP no afecta a este caso, un delito, el de la ablación cometido en un país extranjero a una residente española, que puede ser investigado en nuestro país. “Es complicado, sin duda, pero en cualquier caso la encargada de la investigación del posible delito sería la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, precisa Calparsoro.
Desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco, se advierte de que “el problema ha aumentado y se ven más casos”. Alrededor de 1.063 niñas de un colectivo de 3.600 mujeres originarias de los países donde se sigue ejecutando este rito -entre ellos Chad, Gambia, Malí, Senegal, Sudán, Yemen, Somalia, Guinea, Yibuti y Egipto- podrían estar en riesgo, según apuntan los datos de 2014, y desde Salud lamentan que “parte de estas mujeres ya han sufrido la mutilación”.