“Un antes y un después”. Así ha definido el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan María Aburto, la aprobación por parte del Gobierno del proyecto de ley que regulará el Tercer Sector Social de Euskadi. Se trata de una norma largamente anhelada por las organizaciones que integran este ámbito, ya que les dotará de seguridad jurídica e incluso de estabilidad económica. El Tercer Sector, integrado por organizaciones de la sociedad civil sin ánimo de lucro que trabajan en el área de los servicios sociales para luchar contra la exclusión social, no ha sido inmune a la crisis. Aunque se trata del motor principal que dinamiza la incorporación social de las personas en exclusión (por encima de la Administración), en los últimos años estaba mostrando síntomas de debilitamiento. En la actualidad, el Tercer Sector Social cuenta con más 3.000 organizaciones, 125.000 voluntarios y 30.000 empleos.
Si en 2012 se inició el camino con un decreto, ahora la norma “nace para fortalecer la estructura del Tercer Sector. Por vez primera se regula el tercer sector social como un sector específico”, ha recalcado el consejero. El objetivo es que en el plazo de un año el Gobierno cuente con un plan de promoción estratégica de este sector y con un censo de organizaciones. “El Tercer Sector”, ha añadido, “es un activo de la sociedad vasca para que se configure como sociedad cohesionada y participativa y con una capacidad de respuesta adecuada a los problemas sociales”.
Aparte de la estabilidad jurídica, la ley también reportará a las asociaciones una estabilidad económica ya que la norma legislará las diferentes formas de concierto que existen en la actualidad y que, en muchas ocasiones, dependen de la coyuntura económica que atraviesa cada administración.
La Federación Sartu, que engloba a las organizaciones más importantes del Tercer Sector ya había dado la voz de alarma sobre la debilidad en la que se encuentran muchas de las organizaciones. La irrupción de las empresas tradicionales en el campo de los servicios sociales ha sido uno de los factores que han contribuido a la desestabilización de las organizaciones trradicionales. Se trata de empresas que se presentan a los concursos públicos para tratar de neutralizar la caída de ingresos en sus mercados habituales. Es un fenómeno que se viene apreciando cada vez con más intensidad y que, según Sartu, está cuestionando el futuro de muchas organizaciones que siempre han trabajado sin ánimo de lucro. La ley regulará este tipo de prácticas y, sobre todo, clarificará el terreno de juego de cada uno.