El exsenador del PNV Víctor Bravo, condenado por tres delitos fiscales, recurre la sentencia para evitar la cárcel

El exsenador del PNV Víctor Bravo, castigado por un juzgado de primera instancia de Donostia a siete años de cárcel por tres delitos fiscales cometidos durante su etapa como director de la Hacienda de Gipuzkoa, mantiene la batalla para eludir la entrada en prisión y la pena económica (una multa de 3,1 millones de euros y una indemnización a la Agencia Tributaria de 1,5 millones más). Según han confirmado fuentes judiciales, Bravo ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, como también lo ha hecho el segundo procesado, su socio y empresario Fernando Isidoro González Enfedaque, ex de Air Madrid. En su caso, ninguna de las penas por los delitos supera los dos años -lo que le libraría de la cárcel- ya que antes del juicio devolvió alrededor de 1 millón de euros.

La sentencia del 'caso Bravo II' -el primero lo protagonizó el hermano de Víctor, José María Bravo, condenado por apropiarse durante años de dinero de las deudas fiscales desde su puesto en Hacienda- se conoció en febrero de 2020. El parón generalizado en la Administración de Justicia motivado por la pandemia retrasó la interposición de los recursos pero fueron presentados a principios de junio y las partes acusadoras, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, han presentado ya sus alegaciones.

Este caso gira en torno a una figura fiscal especial llamada “Sociedades de Promoción de Empresas” y que era exclusiva de Gipuzkoa. Procuraba generosas exenciones fiscales. Era la Hacienda foral la que daba el visto bueno a las empresas interesadas. Según la resolución judicial, Bravo y González Enfedaque “planificaron” que una empresa inmobiliaria con sede real en la localidad catalana de Cambrils y ninguna estructura real en Donostia llamada Glass Costa Este Salou se hiciese pasar por guipuzcoana. El propio Bravo concedió el régimen especial a la empresa en la que tenía intereses.

El caso se inició en 2007 -en la misma época en que apareció, por ejemplo, el 'caso Balenciaga', que también ha acabado en condena para el exalcalde de Getaria e impulsor del museo Balenciaga, Mariano Camio- y las penas no son más altas por las “dilaciones indebidas”, según la sentencia de la juez de primera instancia, María Ángeles Rubio. En su recurso, Bravo incide en esta cuestión y rescata la idea de una posible prescripción de los delitos. Insiste también en que el caso se ha magnificado por su posición política. La apelación viene firmada por un letrado a pesar de que en algunos momentos del juicio Bravo se defendiera a sí mismo, una práctica permitida pero inusual en la Justicia española.

Formalizados los recursos, las partes están a la espera de la respuesta de la Audiencia Provincial guipuzcoana. Las fuentes consultadas no son capaces de estimar un plazo aproximado para la segunda resolución en este proceso. No obstante, quedaría todavía la puerta del recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Es allí donde esperan también los recursos presentados por los condenados en el 'caso De Miguel', trama de comisiones ilegales vinculada con exdirigentes del PNV encabezada por Alfredo de Miguel, sobre el que recayó una pena de 13 años de prisión.