El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Departamento de Salud, Osakidetza y el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral (Osalan) han firmado un acuerdo para “mejorar la atención” de los trabajadores con patologías provocadas por haber estado expuestos al amianto. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, que ha adelantado que el nuevo convenio incluye un protocolo para “evaluar el prejuicio ocasionado” por el mineral tóxico tanto en términos de salud como a nivel profesional.
“El objetivo es prestar una mayor atención tanto en el ámbito de la prevención como en el clínico y el que tiene que ver con el ámbito clínico-laboral”, ha indicado Zupiria durante la comparecencia que ha tenido lugar tras el Consejo de Gobierno. De esta manera, ha anunciado que se creará un grupo de trabajo formado expertos que se encargará “de vigilar el seguimiento de las personas que han estado expuestas al amianto a lo largo de su vida laboral en Euskadi”. Según ha explicado, con el nuevo convenio -que sustituye al anterior- se valorará a las personas “con criterios facultativos homogéneos” para después considerar “con todos los antecedentes y elementos de juicio necesarios” el grado correspondiente de incapacidad laboral -temporal o permanente- de cada trabajador.
El entorno de las víctimas de amianto se ha tomado el anuncio con desconfianza. Desde la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi (Asviamie), su portavoz, Jesús Uzkudun, ha confesado no tener “grandes esperanzas” en este nuevo convenio ni en el protocolo de atención. “Es pura propaganda. Los protocolos de Osakidetza admiten poquísimos casos e incluso, aunque los admitan, terminan perdiendo los juicios a la hora de luchar por una compensación. Además, se contempla a los trabajadores que se encuentran en activo, pero no a los jubilados o los que no pueden justificar de ningún modo que han estado expuestos”, denuncia Uzkudun en una conversación telefónica con este periódico.
Según el portavoz de la asociación, que también es uno de esos trabajadores afectados por el amianto tras haber trabajado como mecánico en Aceros y Fundiciones del Norte Pedro Orbegozo, entre 1976 y 1993, parte del problema de este tipo de protocolos es que el proceso “suele ser demasiado largo” y los pacientes a los que se les detectan patologías relacionadas con el mineral -generalmente mesoteliomas- “tienen poca esperanza de vida”. A modo de ejemplo, Uzkudun ha nombrado a dos trabajadores que “no han podido demostrar que sus mesoteliomas han sido provocados” por el amianto en su lugar de trabajo, el primero porque “ayer mismo falleció” y el segundo, porque “lleva esperando desde agosto a que le comuniquen si el origen de su enfermedad es profesional”.
“Todos los médicos tienen el deber de comunicar cuando detectan un mesotelioma la posibilidad de que sea por exposición al amianto y la realidad es que no se suele comunicar. Hay mucho desconocimiento sobre el tema y juegan con ello. Incluso diría que les compensa que se detecte el origen de enfermedad profesional cuando el paciente ya ha muerto, porque así la compensación que se le debe dar es menor”, asegura Uzkudun, que desde hace daños ofrece información y seguimiento a las posibles víctimas de amianto y gracias a la labor que realiza cerca de 11.000 personas que han estado en contacto con el mineral tóxico se encuentran en vigilancia sanitaria.
El Gobierno incluyó por primera vez en los Presupuestos un fondo de compensación para las víctimas del amianto con una partida de 25 millones de euros, tras un acuerdo alcanzado con EH Bildu al que se sumaron otras formaciones políticas. Según estimaciones, al menos 25.000 trabajadores vascos han estado en contacto con el amianto a partir de los años 80 -no se conocen datos de fechas anteriores- y se ha podido comprobar que 2.800 muertes han sido provocadas por ello. En España se calcula que unas 40.000 personas han muerto por esta causa, y que en las próximas décadas lo harán otras 40.000 más, ya que el periodo de latencia medio, es decir, el tiempo que pasa desde que se inhala el amianto hasta que se desarrolla el cáncer, es de entre 30 y 40 años.
elDiario.es/Euskadi
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