El fiscal del 'caso De Miguel', Josu Izaguirre, asignado a la investigación de las oposiciones de Osakidetza

El 29 de julio se acerca. Esta fecha es el final previsto para la investigación que sigue el juzgado de instrucción 2 de Vitoria en relación a las denuncias de filtraciones en las oposiciones médicas del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) celebradas en 2018. En realidad es la tercera vez que hay una fecha marcada en rojo en el calendario y, por tercera vez, se tendrá que tomar la decisión de si prorrogar o no la causa, lo que llevaría el caso al menos hasta el 29 de enero de 2023.

Sea como fuere, los últimos dos períodos de seis meses que se han ido concediendo han supuesto mínimos avances en cualesquiera direcciones. De hecho, no consta que en lo que va de año se haya practicado ni una sola diligencia nueva. La gran novedad desde que se conociera en mayo que la magistrada Blanca Ester Díaz Pulido es la cuarta instructora del expediente en cuatro años es que también hay un nuevo fiscal asignado temporalmente. Se trata de Josu Izaguirre, según han confirmado portavoces del ministerio público.

Ante la baja de la fiscal Cristina Vicente Briansó, quien hasta hace unos meses fuera el fiscal-jefe de Álava ha sido comisionado para esta causa, posiblemente la más compleja de cuantas están pendientes ahora mismo en el Palacio de Justicia de Vitoria. Izaguirre es ahora un fiscal raso dentro del equipo de Carmen Cotelo, su sustituta.

En su etapa anterior, Izaguirre se significó por haber asumido el liderazgo en la investigación del mayor sumario de corrupción conocido en Euskadi, el 'caso De Miguel', que se resolvió en primera instancia con fuertes condenas para excargos orgánicos y públicos del PNV encabezados por Alfredo de Miguel. Será precisamente en septiembre cuando el Tribunal Supremo analice los recursos presentados y vaya preparando una sentencia ya firme.

Posible cambio de destino

A la espera de un posible cambio de destino –Izaguirre compitió por ser fiscal superior vasco contra Carmen Adán–, el exfiscal jefe está llevando ahora causas relacionadas con los delitos económicos y asimilados.

En esta investigación, hasta el momento, hay veinte personas imputadas. Son los opositores Maite Izaguirre, Esther Bravo, Ricardo Asensio, Manuel Hernando Rydings y Claudia Aramendi y la vocal del tribunal María Reyes Vega de la OPE de Angiología; los opositores Fe Arcocha, Laura Quintas y Francisco de la Cuesta de Cardiología; el autor del examen de Urología, el doctor Javier Extramiana; José Luis Cabriada como autor del examen de Digestivo; César Augusto Valero, redactor de las preguntas de Anestesia; Eduvigis Álvarez del tribunal de Neurofisiología, José Antonio Elexpuru y Covadonga Fernández del jurado de Neurocirugía; Iñigo Echevarría, vocal de Traumatología; y la opositora Thais Salas y su familiar Alfredo Martínez Flórez, así como los vocales Andrés Beltrán y Javier Meléndez de Cirugía Plástica.

Finalizada la investigación se debe determinar si hay pruebas para llevar a todos ellos o a una parte a juicio o si, por el contrario, se sobreseen las actuaciones. No se han aceptado, hasta la fecha, las peticiones para la toma de declaración a altos cargos políticos como el exconsejero de Salud en el momento de los hechos, Jon Darpón, del PNV. Se da la circunstancia de que, durante la investigación del 'caso De Miguel', este partido cargó duramente contra Izaguirre por verlo “al servicio del Gobierno del PP” –aunque el caso se inició durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero y el juicio terminó con Pedro Sánchez en La Moncloa– y por “maltratar” al partido nacionalista.

Con la Fiscalía ejercen como acusaciones los sindicatos ESK y LAB. Fuentes judiciales explican que todavía está pendiente de resolverse por parte de la Audiencia Provincial de Álava un recurso presentado no ya contra las condiciones de la última prórroga sino de la anterior, decidida hace ya un año y que fue precisamente cuando se excluyó expresamente a Darpón y a su equipo de la investigación. Hay también “otras peticiones no respondidas desde enero”, indican estas mismas fuentes.

Ni siquiera están incorporados a la causa todos los exámenes de las categorías investigadas a pesar de que los pocos que sí han llegado al juzgado, los de Anestesia y Traumatología, presentan indicios de algunas anomalías, como redacciones muy similares, incluso en los errores.