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La Fiscalía pide 21 meses de cárcel y 1.476 euros en responsabilidades económicas en el primer juicio a los trabajadores de Tubacex

Trabajadores durante las protestas en contra de los despidos de Tubacex este martes

Belén Ferreras

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El primer juicio contra uno de los acusados por los disturbios que se produjeron durante la huelga de Tubacex en 2021 arrancará este miércoles en los juzgados de Vitoria. En su escrito, la Fiscalía pide para este trabajador una pena de 1 año y 9 meses de prisión (21 meses en total) por un delito de atentado contra agentes de la autoridad, en concurso real con tres delitos leves de lesiones. Además de la pena de cárcel solicita el pago de multas e indemnizaciones por valor de 936 euros. En concreto, por cada uno de los tres delitos leves de lesiones la Fiscalía solicita una pena de tres meses de multa a una cuota diaria de 10 euros (900 euros). Además pide que que el acusado indemnice a tres agentes de la Ertzaintza por las “lesiones sufridas” con las cantidades de 180 euros, 144 euros y 252 euros respectivamente, más los intereses de demora.

Según se recoge en el escrito de la Fiscalía, el día 23 de febrero de 2021, sobre las 16.15 horas, “a raíz del conflicto laboral que se estaba viviendo en la empresa Tubacex”, “y a fin de asegurar la salida sin incidentes del bus que transportaba a los trabajadores de la empresa, la Ertzaintza desplegó un dispositivo en el exterior de las instalaciones de la misma, para lo cual formaron un cordón policial a fin de evitar que las personas allí reunidas pudiesen aproximarse al autobús causando disturbios”. La Fiscalía consididera probado que el acusado, “desconociendo el principio de autoridad, tiró un objeto contra el autobús y arremetió contra el cordón policial propinando un empujón a los agentes que lo conformaban”. Posteriormente, “cuando el agente le requirió para identificarse, el acusado intentó huir, motivo por el cual le agarró por los hombros logrando zafarse el acusado”. Tras ello, y después de correr “tropezándose con otras personas y cayendo al suelo” fue reducido por otros dos agentes. Momento en el que, según la Fiscalía, “desconociendo el principio de autoridad y movido por un ánimo de menoscabar su integridad física, les lanzaba fuertes patadas y braceaba”, impactando estas patadas contra los agentes .

El escrito señala que a consecuencia de estos hechos, uno de los agentes presentó “presentó dolor en zona de estiloides cubital de muñeca izquierda, erosión en borde cubital y molestias a la palpación en borde cubital de la muñeca, necesitando de una primera asistencia facultativa, interviniendo para su curación cinco días de perjuicio personal básico sin secuelas”. Otro de los agentes “presentó erosiones en dorso de primer dedo y dorso de quinto metacarpiano de la mano izquierda y dolor a nivel de falange distal de tercer dedo de la mano derecha, necesitando de una primera asistencia facultativa, interviniendo para su curación cuatro días de perjuicio personal básico sin secuelas”. Mientras que el tercero de los agentes presentó “esguince de ligamento colateral externo de rodilla izquierda, dolor al varo forzado, necesitó de una primera asistencia facultativa, interviniendo para su curación siete días de perjuicio personal básico sin secuelas”.

Este es el primero de los juicios por incidentes entre Ertzaintza y trabajadores durante este largo conflicto que duró casi ocho meses y en los que se produjeron varios episodios de cargas policiales y enfrentamientos directos entre los agentes y los trabajadores que formaban los piquetes de la entrada. En septiembre se celebrarán los juicios contra otros tres encausados y hay otros dos pendientes de que se fije la fecha de juicio. Fuentes de los trabajadores encausados denunciaron el pasado 11 de junio que sumadas las penas de todas los juicios la Fiscalía reclama más de 20 años de cárcel. De hecho, para las tres personas que se juzgarán en septiembre, que son tres jóvenes de otras empresas de la comarca y el Ministerio Fiscal pide para ellos una pena de 4 años y 7 meses para cada uno de ellos, informa Europa Press, aunque este es un punto que no ha podido ser confirmado. Habitualmente las condenas de dos años suelen ser dejadas sin efecto.

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