La Fiscalía pide más de cien años de cárcel para diez adultos por prostitución de menores tutelados en Álava

La Fiscalía de Álava, dirigida por Josu Izaguirre, ha solicitado penas que en conjunto superan los cien años de prisión contra un grupo de diez adultos que incitaron a la prostitución a menores tutelados del centro Sansoheta, de la Diputación de Álava. Los hechos se conocieron en 2016. Se les acusa “corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública”, ya que además de los delitos sexuales había también consumo compartido de drogas con los adolescentes. Tenían entre 14 y 17 años en aquel momento según indicó la entonces responsable de Política Sociales de Álava, Beatriz Artolazabal, ahora consejera en el Gobierno de Iñigo Urkullu.

“Todos estos hechos fueron cometidos sobre personas menores de edad sometidas a la tutela de la Diputación Foral de Álava”, explica el ministerio fiscal en un escueto comunicado en el que afirma que “dadas las circunstancias del caso” y “la gravedad de los hechos” por tener “víctimas extremadamente vulnerables” no va a proporcionar más datos sobre una investigación que se ha prolongado un lustro. No obstante, en 2020 Izaguirre ya destacó en una entrevista en Radio Vitoria la gravedad de que menores ejercieran la prostitución estando tutelados.

El caso se originó en Sansoheta, un centro de régimen semiabierto para adolescentes con graves problemas de integración social y ubicado a las afueras de Vitoria. Es una instalación de titularidad pública, aunque gestionada por una empresa privada. En 2016 trascendió que al menos nueve de los internos tenían un perfil en una web de contactos en las que ofrecían servicios sexuales a cambio de dinero. Concertaban las citas con adultos desde los ordenadores del centro. En un inicio ya se concretó que los encuentros nunca se dieron en las instalaciones públicas.

La madre de uno de los jóvenes tutelados había denunciado antes a la Policía Municipal de Vitoria que había visto mensajes sobre estas prácticas en el WhastApp de su hijo. Se iniciaron unas primeras pesquisas pero quedaron archivadas por falta de pruebas, aunque con los datos que se aportaban los perfiles de los menores se encontraban muy fácilmente en aquella web de contactos. Se aludió también a que el menor tenía un “historial de fugas” y que no podían aplicarse medidas de control sobre él. Sin embargo, seis meses después se conoció el arresto de un conocido psicólogo de la ciudad que, aparentemente, había abusado de los menores. Fue enviado a prisión preventiva y, ahora sí, una investigación determinó que había más adultos implicados. Aunque todos ellos fueron alegando que habían actuado en todo momento con el consentimiento de los adolescentes. Sin embargo, la legislación es clara y nunca existe esa figura de la prostitución consentida cuando el que la ejerce es menor de edad.

La Diputación también reclamará condenas similares

El juicio por este caso se celebrará próximamente en la Audiencia Provincial de Álava. Ha sido el juzgado de instrucción 2 de Vitoria el que ha llevado a término la investigación, una sala en la que ha habido hasta tres titulares en los últimos años, Ana Jesús Zulueta, Yolanda Varona y Cristina Rodríguez Ruiz. Fue en marzo cuando se dio por finiquitada la instrucción y entonces se señaló a once posibles responsables, aunque la Fiscalía imputa los delitos a diez de ellos. Se trata de una circunstancia sobrevenida, no porque no haya quedado acreditado que participó igualmente en la trama. En los próximos días presentará también su escrito la entidad Clara Campoamor, personada como acusación popular.

La propia Diputación de Álava también está personada y formulará su escrito de acusación en breve. Sin embargo, fuentes forales adelantan que “a faltan de una lectura más pausada” de la petición de la Fiscalía comparten en líneas generales el análisis de lo ocurrido. Por ello, consideran “adecuadas” las condenas solicitadas y probablemente formulen una calificación en términos similares.