Las Haciendas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa remitieron el año pasado a la Fiscalía un total de 18 informes sobre 20 posibles delitos contra la Hacienda pública por valor de 17,39 millones de euros. Hay que tener en cuenta que solamente es infracción penal el quebranto superior a 120.000 euros al erario. Dentro de las actuaciones del plan contra el fraude fiscal, se afloraron un total de 639 millones de euros, lo que supone un 4% del total recaudado por Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en el año 2022.
Según se recoge en el Informe Anual Integrado del Fraude Fiscal, remitido al Parlamento Vasco, la mayor parte de las cantidades afloradas y que se pretendía defraudar están ligadas con el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) con 202,36 millones de euros; también con retenciones y petición de pagos fraccionados, con un total de 190,06 millones; con el Impuesto de Sociedades, 130,235 millones de euros; y con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con 72 millones de euros.
A lo largo del pasado año, las tres Haciendas forales han incrementado el uso de herramientas informáticas para luchar contra el fraude a través de un mayor control sobre la información que trasladan los contribuyentes y confirmar su veracidad. A modo de ejemplo, se han realizado requerimientos específicos para la detección de gastos calificados como no deducibles y de consumos privados no relacionados con actividades económicas. En total se presentaron 10.667 autoliquidaciones con ajustes positivos en la base imponible en concepto de gastos no deducibles. Entre ellos el informe destaca un importe de más de 18,9 millones de euros por gastos de relaciones públicas, de más de 3,3 millones por regalos y obsequios y más de 43,7 millones por utilización de vehículos turismo para fines no empresariales.
En el control de los grandes grupos empresariales para evitar la elusión fiscal, las Haciendas ha investigado a 84 personas y se han regularizado cuotas por un importe de 38,16 millones de euro. Entre estos 84 contribuyentes hay vascos que participan en entidades domiciliadas en países considerados paraísos fiscales, de territorios de nula tributación o que no dispongan de un efectivo intercambio de información tributaria con las Haciendas forales. Por el control de personas que declaran rendimientos anormalmente bajos o significativamente inferiores a la media del sector de actividad o del modelo de negocio al que pertenecen, se han tramitado 2.245 procedimientos de inspección, aflorando 25,49 millones de euros.
En cuanto a la investigación a personas emisoras y receptoras de facturas irregulares o sin contenido económico real, o participantes en tramas de fraude en relación con el IVA, se ha regularizado la situación tributaria de 80 personas por importe total de 8,27 millones de euros, tanto en el IRPF como en el IVA. Y en estos mismos impuestos la investigación de actividades en sectores de alto valor añadido y de elevado riesgo fiscal o en los que un alto porcentaje del cobro de sus operaciones se realice en efectivo o se destine a personas consumidoras finales, se han regularizado 11,31 millones, tras investigar a 202 personas.
En cuanto a personas que no han presentado declaración de IRPF pese a estar obligadas, en el año 2022 se han realizado 15.571 propuestas de liquidación y 1.349 propuestas de sanción correspondientes a diversos ejercicios a aquellas personas no presentadores de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. El importe total contraído asciende a 14,88 millones de euros, de los que 13,56 millones corresponden a las propuestas de liquidación y 1,31 millones a las propuestas de sanción.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, se han efectuado 5.758 requerimientos correspondientes a personas no presentadoras de este impuesto, Consecuencia de estos requerimientos se han presentado 1.042 autoliquidaciones y se han girado 79 propuestas de liquidación por importe de 1,39 millones, más 1.827 propuestas de sanción por importe de 581.785 euros; en total 1,97 millones de euros. También se he realizado un control de los pagos en metálico por encima de los 1.000 euros permitidos.
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