La Fiscalía ve nuevos indicios de contaminación y falta de control en el entorno de la incineradora de Gipuzkoa

El fiscal de Gipuzkoa Daniel Rodrigo Álvarez Fernández entiende que hay “indicios” de vertidos contaminantes procedentes de la incineradora de Zubieta, a las afueras de Donostia y parte del denominado Complejo Medioambiental de Gipuzkoa. A raíz de una denuncia de la plataforma GuraSOS, ha enviado el expediente para iniciar una investigación judicial con la colaboración de la UCOMA de la Guardia Civil y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. GuraSOS, sin embargo, lamenta que el asunto esté peloteando entre diferentes juzgados de Donostia por un problema de competencias y no de fondo.

El escrito del ministerio fiscal recoge que se denunció en julio de 2022 la aparición en la zona de Arkaitzerreka “gran cantidad” de espumas y líquidos “de color ocre”. Se hacía mención a que tenían su origen “en un tubo del que vienen las aguas de la plataforma donde se encuentran las instalaciones de la planta de valorización energética de residuos (PVE) y la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) del complejo medioambiental de Gipuzkoa”. Ante ello, la Fiscalía realizó una preinvestigación paralela a otra causa judicial referida a hechos similares ocurridos en 2020.

Para hacer comprobaciones, se envió a la Guardia Civil. Ya fue polémica esta decisión en 2020 al entender la Ertzaintza que era una misión de su competencia. Las muestras -para ambos casos- se tomaron a finales de julio de 2022. Asimismo, la Policía de Usurbil realizó un análisis que “confirma la presencia de contaminantes (amonio, cloruros y metales pesados como cobre, níquel y cromo) en cantidades constitutivas de un riesgo para la salud de las personas y el equilibrio del ecosistema con origen en la actividad” de Zubieta. Así las cosas, la Fiscalía entiende que hay base para crear en la existencia de vertidos contaminantes. Y añade que también hay indicios de “falta de control” por parte del complejo, gestionado por la entidad pública GHK a través de la contratista Ekondakin. Apunta que pese a “tener conocimiento del riesgo” no se hizo una actuación “urgente” para la “recuperación” del ecosistema. “Dichos indicios son de entidad suficiente para la realización de una investigación urgente al respecto”, señala Álvarez Fernández.

La Fiscalía pretendía sumar estas nuevas denuncias al caso ya abierto por los hechos de 2020 -una “acumulación”, en el argot jurídico-, pero la magistrada Silvia Villanueva, titular de Instrucción 5 de Donostia, se ha declarado “no competente” porque este presunto delito ambiental “nada tiene que ver” con el anterior. “Se trata de hechos nuevos, con nuevos responsables, sin que se pueda hablar de delitos conexos”, insiste la magistrada, que afirma que las empresas que participaban en 2020 en la puesta en marcha de la planta no son las mismas que operaban allí dos años después. La única coincidencia es que el vertido se ha producido “en el mismo espacio físico”. Por ello, envió el sumario a Instrucción 4, que estaba de guardia cuando entró la denuncia de la Fiscalía, pero que ha rechazado abrir una investigación diferenciada.

GuraSOS, en medio de este peloteo, ha señalado en un comunicado que “este último Juzgado no comparte los argumentos esgrimidos por el y ha rechazado su inhibición, por lo que será finalmente la Audiencia Provincial la que decida cuál será el juzgado que vaya a instruir la causa”. Eso sí, afirma que en el entretanto el expediente no se debería detener. “Son muchas las diligencias de investigación solicitadas por Fiscalía”, aseveran. Este colectivo mira también a la Diputación y a su responsabilidad sobre GHK. “Los poderes públicos están obligados a informar a la ciudadanía sobre los riesgos contaminantes de proyectos como la incineradora. [...] Se trata del tercer caso de apertura de diligencias judiciales ligados al funcionamiento del citado complejo”, estiman.