La Fiscalía ve “probable” que la sentencia del Supremo del 'caso De Miguel' no llegue hasta primavera de 2022

El fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha fijado la primavera de 2022 como fecha “probable” para que el Tribunal Supremo se pronuncie al fin con la sentencia del mayor sumario de corrupción conocido hasta ahora en Euskadi, el 'caso De Miguel', sobre el que la Audiencia Provincial de Álava emitió en diciembre de 2019 una contundente resolución condenatoria contra exdirigentes del PNV alavés como Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Tellería y contra excargos públicos como Xabier Sánchez Robles o Iñaki San Juan por haber participado en una red de comisiones o de adjudicaciones. De confirmarse ese plazo, habrían pasado diecisiete años desde que se creó Kataia Consulting, la empresa pantalla central de la trama, casi trece años desde la denuncia inicial de la empresaria a la que De Miguel le pidió una mordida, Ainhoa Alberdi, doce desde la detención de los políticos, cuatro desde el arranque del juicio y dos años y medio desde la sentencia inicial.

En la Cadena Ser, Izaguirre, que llevó el caso desde el inicio, ha asegurado que hablar del año que viene son predicciones “fiables” y que “es bastante probable” que sea en primavera. No obstante, ha reconocido estar “desvinculado” ya de un caso que “marcó de manera profunda” su carrera profesional. Ahora son los fiscales del alto tribunal los que han respondido a los recursos presentados por la mayoría de condenados. Con un documento de 538 páginas, el ministerio público solicitó que se ratificara la sentencia de primera instancia. La pandemia ha retrasado éste y otros procesos judiciales pero lo voluminoso de este procedimiento demorará aún más de lo común su resolución.

No obstante, tampoco será la definitiva. Los letrados de las defensas y singularmente el del que fuera 'número dos' del PNV de Álava han insistido en que durante la investigación se produjeron vulneraciones de derechos fundamentales, de modo que abren la puerta a continuar con su pugna en el Tribunal Constitucional o incluso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Durante el juicio se llegó a escuchar que la Ertzaintza había “enriquecido” pruebas y que se habían producido todo tipo de excesos por parte no solamente de la Policía sino del juez instructor, Roberto Ramos, y del fiscal Izaguirre. Según Gonzalo Susaeta, letrado de De Miguel del bufete Cuatrecasas, lo ocurrido era propio de Cuarto Milenio: “Es paranormal. No he visto nada igual en mi vida”.

Por otro lado, en la misma entrevista, Izaguirre ha mostrado su preocupación por el incesante volumen de casos de desvío de fondos en las juntas administrativas de Álava. Se trata de entes inframunicipales, pequeñas entidades locales que gestionan concejos que en algunos casos no superan la veintena de habitantes. Ha habido desfalcos en Aretxabaleta, Eribe, Ribaguda, Arkaute, Urturi o Respaldiza. Son ya varios los años en que la Fiscalía demanda un mayor control a estos organismos públicos que, a pesar de su pequeño tamaño, mueven importantes cantidades de dinero de todos. “No tienen una fiscalización externa. Mi sorpresa cuando me tocó estudiarlo es que las juntas administrativas no tienen ningún tipo de control. En una sociedad democrática no tiene que haber ninguna instancia pública sin control económico externo. En todas se repite el patrón. Es una constante desde hace varios años”, ha enfatizado Izaguirre.