El salto de Pablo Iglesias de la vicepresidencia del Gobierno de España a la política autonómica madrileña y el nuevo liderazgo emergente de Yolanda Díaz en la coalición Unidas Podemos han vuelto a poner de relieve los ejemplos de bicefalia en los partidos políticos frente a otros de concentración del poder orgánico e institucional en una única mano. Y la palabra “bicefalia” hace posar muchas miradas sobre el PNV, que en los últimos años ha ganado cotas de poder y de influencia con el tándem conformado por Andoni Ortuzar en Sabin Etxea e Iñigo Urkullu en Ajuria Enea (con permiso de Aitor Esteban en Madrid). Pero el modelo del PNV no es fruto de las circunstancias políticas de cada momento o de las decisiones de los líderes de turno, es una filosofía –con sus excepciones y precedentes históricos rotundamente fallidos– que viene perfectamente tasada en los estatutos nacionales de la formación, que incluyen más de una decena de artículos al respecto y hasta un cuadro que concreta el régimen de incompatibilidades.
“EAJ-PNV desarrolla la aplicación del concepto de incompatibilidad, basándose en los principios de separación de cargos internos y externos, de no acumulación de poder y de no confusión entre la figura de quien controla y de quien ha de ser controlado”, se puede leer en el artículo 100 de la 'constitución' interna del PNV, unos estatutos que fueron retocados en diciembre de 2020 y que ajustaron algunas cláusulas también sobre este sistema. La premisa fundamental –según explica un dirigente del partido– es que, por ejemplo, el organismo interno que pueda confeccionar una lista electoral para su ratificación posterior entre las bases no esté en manos de quienes se jueguen un puesto de salida en esa plancha. Incluso no es posible ser a la vez trabajador y cargo interno.
¿El resultado? Ni Urkullu ni ninguno de sus consejeros tienen poder interno y, al revés, ningún miembro del Euzkadi Buru Batzar, la Ejecutiva del PNV conocida por sus siglas EBB, puede ser lehendakari, consejero o incluso viceconsejero o un cargo público menor. Eso sí, sí pueden ser asesores y se da la paradoja de ver a cargos del máximo nivel como la 'número dos' del EBB, Mireia Zarate, u otros dirigentes como Nerea Melgosa, Ana Esther Furundarena o Mikel Burzako, de personal de confianza de consejeros. Estos cargos tienen un nivel retributivo idéntico al de los viceconsejeros o directores de la Administración autonómica.
Las incompatibilidades se aplican también en el nivel foral y local. Tampoco los diputados generales y los alcaldes pueden dirigir el partido en sus zonas. “Los cargos ejecutivos de elección popular o de designación […] son incompatibles con los cargos internos […] del mismo ámbito territorial”, remarca el PNV. Pero aquí empiezan las excepciones. Si el partido en un municipio no tiene más de 100 afiliados, puede “levantarse” la incompatibilidad. También ocurre con los dirigentes que quieren ser alcaldes: pueden ser autorizados si no se superan los 20.000 habitantes. Podría darse el caso de que un dirigente territorial quisiera ir al Parlamento o a las Juntas Generales y, sí, podría recibir un dictamen de compatibilidad igualmente. Hay algunos ejemplos de ello: José Antonio Suso, el presidente del PNV de Álava, es parlamentario vasco y alcalde de la pequeña localidad de Leza. Y su homólogo en Navarra, Unai Hualde, no solamente es parlamentario foral sino que preside la Cámara. Mientras, la dirigente vasca María Eugenia Arrizabalaga es parlamentaria autonómica. Las excepciones están contempladas, pero para evitar que se conviertan en regla no pueden tener circunstancias excepcionales más del 40% de los integrantes de cualquier órgano interno.
En el PNV también están formalmente limitados los mandatos: “La reelección de los cargos internos solo podrá efectuarse por una sola vez, debiendo transcurrir un mandato para poder acceder a una nueva elección”. Pero aquí sí que hay más excepciones. “La asamblea competente para la elección de tales cargos podrá, de manera expresa e individualizada, excepcionar la aplicación de esta limitación a la reelección”, plantea la normativa interna. El propio Ortuzar ha iniciado ya un tercer mandato consecutivo. Pero, sobre todo, la salvedad estatutaria ha sido exprimida por Joseba Egibar, que en 1987 accedió a la presidencia de Gipuzkoa y que continúa en el cargo 34 años después. Solamente se produjo un paréntesis de 2000 a 2004.
El sistema de 'checks & balances' se completa con otras medidas para preservar el partido de lo que Ortuzar tanto critica en público de la 'nueva política'. Incluso ser afiliado requiere del padrinazgo de dos militantes. ¿Podría entonces acabar alguien como Toni Cantó en el PNV? Si se fichara a alguien con carné de otra formación en el pasado lo tendría que autorizar el órgano competente y, en todo caso, “los miembros del Euzkadi Buru Batzar deberán llevar afiliados un mínimo de cuatro años”. Si el fichaje es para un cargo público, quien haya promovido esa designación deberá informar internamente, aunque es infrecuente que haya vetos, según explican quienes han participado en esta toma de decisiones. Ha habido ejemplos recientes, como la elección de Nekane Murga, cardióloga de profesión, como consejera de Salud en 2019. El más próximo en el tiempo es el salto del juez Jaime Tapia a asesor de la consejera Beatriz Artolazabal para diseñar el modelo penitenciario vasco tras la esperada transferencia de Prisiones. Se da la circunstancia de que Tapia fue el presidente del tribunal que juzgó el mayor caso de corrupción en Euskadi, el 'caso De Miguel', que se saldó con elevadas penas de prisión a exdirigentes del PNV de Álava y excargos nacionalistas del Ejecutivo vasco por cobro de comisiones y otros delitos.
En estos últimos años, dos personalidades casi opuestas como las de Ortuzar y Urkullu, con Esteban como capitán del grupo parlamentario en el Congreso, han exprimido este modelo de contrapesos. Incluso en los mítines sus estilos diferenciados se complementan. Pero no siempre la bicefalia ha estado tan engrasada. La cohabitación entre Xabier Arzalluz en el partido y Carlos Garaikoetxea en el Gobierno vasco acabó en escisión, con el segundo liderando la creación de EA, un partido ahora integrado en la coalición EH Bildu. “Nunca supimos qué podíamos hacer o no hacer de cara a un Gobierno que estaba fuera de la disciplina del partido”, llegó a declarar Arzalluz. Las comunicaciones de Garaikoetxea llegaron a ser intervenidas en un caso que acabó en juicio en el inicio de la década de 1990.
Más reciente fue la etapa de tensión entre Josu Jon Imaz y Juan José Ibarretxe. En los años en que el segundo lanzó una propuesta soberanista (el conocido como 'plan Ibarretxe'), un Imaz entonces al frente de Sabin Etxea encarnaba un nacionalismo más pactista y moderado. “¿Qué pasaría el día después si no hubiera acuerdo político con el Estado? Visto lo visto en los últimos años, no hace falta ser adivino para imaginar a ETA matando en nombre de la defensa de una presunta voluntad popular no atendida. La consecuencia de todo ello puede ser diabólica. No en nuestro nombre”, manifestó sobre una hipotética consulta ciudadana unilateral. Ese referéndum fue fijado para el 25 de octubre de 2008 pero el Tribunal Constitucional lo anuló y el PNV, ya con Urkullu al frente del EBB, no desbordó la legalidad. A los pocos meses se celebraron elecciones y, aunque Ibarretxe fue candidato y ganó con los mejores resultados de siempre, el PSE-EE se apoyó en PP y UPyD para que Patxi López fuera lehendakari. En esa fase, los hechos anularon la bicefalia tras el paso a la oposición, lo que consolidó la figura de Urkullu hasta su candidatura ganadora en 2012, 2016 y 2020.
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