Getxo tramita un expediente sancionador contra la constructora que tiró el palacete con una multa máxima de 32.000 euros

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Getxo, encabezado por el PNV, ha defendido este jueves la “legalidad” y “diligencia” de todas las actuaciones municipales en relación con el caso del derribo del palacete que contaba con protección municipal durante las obras de construcción de doce viviendas de lujo. El consistorio ha abierto un expediente sancionador a la promotora y se ha nombrado una persona instructora del expediente, la cual propondrá en sede administrativa lo que considere en arreglo a la ley. No obstante, la propuesta inicial de sanción que se hace en este expediente es de carácter 'grave', no 'muy grave', lo que implicaría una multa entre 3.000 y 32.000 euros, según han desvelado los partidos de la oposición que han accedido a dicho expediente.

“No parece que sea una multa acorde con los precios que tienen algunos de los pisos de esta promoción que llegan a 700.000 euros”, ha recordado el concejal de Elkarrekin, Xabier Benito. Desde el equipo de Gobierno han señalado, no obstante, que habrá que esperar a que finalice el trabajo de la persona instructora, que en el caso de observe posibles acciones penales, las deberá poner en conocimiento de la Fiscalía“. 

La discusión de este caso se ha llevado a una comisión ordinaria, pese a la petición de EH Bildu, PP y Elkarrekin de llevarlo a pleno, grupos que han pedido que se ponga en marcha una comisión de investigación sobre el caso. Pese a que el Ayuntamiento y la propia promotora han exculpado a los dos concejales del PNV, socios de la cooperativa promotora de la vivienda, de cualquier relación con el caso o de ser conocedores de que se iba a derribar el edificio protegido sin permiso del ayuntamiento, durante toda la sesión han sobrevolado las insinuaciones de la oposición de que la constructora ha recibido trato de favor a la hora de hacerse con la licencia de construcción, precisamente por ser estos dos concejales parte de los cooperativistas.

Ibon Rodríguez, concejal de EH Bildu, grupo que se ha personado como parte en el expediente por este derribo, ha pedido que sea el Ayuntamiento el que traslade toda la documentación del caso a la Fiscalía, se ha quejado de falta de información y ha recordado que los grupos tuvieron conocimiento de que dos concejales del PNV eran cooperativistas de la promotora un dia antes de que saliera en los medios de comuncación.

El concejal del PP, Eduardo Andrade, ha señalado que la licencia de obras a la constructora Biurban, que después delegó en la promotora Ereaga Atalaya, constituida en régimen de cooperativa, se concedió sólo en cuatro meses, “cuando este Ayuntamiento se caracteriza precisamente por el retraso en la concesión de licencias, que normalmente tardan hasta dos años”, ha dicho, y que se concedió dicha licencia sólo un día antes de que suspendiera el otorgamiento de todas las licencias por la aprobación inicial del PGOU. Además, ha asegurado que se presentó la licencia sin toda la documentación, que hubo que reclamar después, y se exigieron hasta 27 subsanaciones. “No parece que se pongan tantas facilidades en otras obras”, ha dicho. Andrade ha recordado también que previamente al proyecto de Biurban, otra constructora desistió del proyecto porque no consideraba viable mantener la fachada del edificio antiguo, por lo que no ha considerado casual el derribo actual, justo en el mes de agosto. También ha dudado de que los dos concejales del PNV no lo conocieran. “Habrá que ver si es así” ha insistido.

Desde el Ayuntamiento, los responsables del Área de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González, y del Servicio de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza, han pedido “paciencia” a los grupos hasta que se resuelva el expediente sancionador y han recordado que “el Ayuntamiento ha procedido de idéntica manera que lo hace con cualquier otro caso similar de construcción de viviendas”, paralizando las obras cuando detectó el derribo sin permiso municipal.

Han señalado que la promotora ha notificado por escrito que procederá a la reedificación prevista en la licencia, manteniendo las características del edificio preexistente de acuerdo con lo previsto en el proyecto básico aprobado. En cuanto a por qué no se han tomado medidas previas para impedir el derribo, se ha indicado que el Ayuntamiento no tenía conocimiento del inicio de los trabajos de derribo, que la promotora ha justificado por un riesgo evidente de caída, tras resultar afectada la fachada por un inundación.

También han intervenido algunos vecinos críticos con el proyecto, aunque la presidenta de la comisión les ha hecho esperar hasta el término de la reunión que incluía otros puntos dentro del orden del día. El PP había solicitado la comparecencia de los responsables de la constructora y la promotora en la comisión aunque han rechazado esa posibilidad y han ofrecido reunirse de forma individual con los partidos que los consideren necesario.