Gipuzkoa no cesó el envío de lixiviados a Artajona hasta que se lo pidió la empresa sancionada y cerrada por irregularidades

En octubre, trascendió que la Fiscalía había presentado una denuncia contra José Ignacio Asensio, diputado foral de Medio Ambiente de Gipuzkoa y, por ello, presidente del consorcio de residuos GHK. Se le señalaba por una presunta falsedad documental en el envío como “lodos” con código 19 08 02 de 5.400 toneladas de “lixiviados” líquidos en cisternas procedentes del denominado CMG-I, el complejo que incluye a la incineradora de Zubieta, a una empresa en la localidad navarra de Artajona llamada Ecofert Sansoain. El 11 de diciembre, además, el Gobierno de Navarra puso por escrito que consideraba irregular ese movimiento. Sin embargo, la entidad gestora del CMG-I, Ekondakin, no cesó en esos envíos que primero fueron llamados “incorrectos” y luego “ilegales”. Solamente el 20 de diciembre se puso fin a esos movimientos y sucedió porque lo pidió la propia destinataria, Ecofert Sansoain, que ya ha sido clausurada cautelarmente y ha recibido sanciones económicas por valor de 110.000 euros por estos hechos.

Estos datos constan en documentación adicional remitida por el Gobierno vasco al Parlamento a instancias de EH Bildu. Aunque GHK es un organismo de la Diputación, es el área de Medio Ambiente autonómica la encargada de la autorización y vigilancia de la planta. Maider Asla, directora técnica de Ekondakin, es la que explica esta circunstancia en un correo electrónico a César Gimeno, que es el director general de GHK. En esas comunicaciones, se explica también que se desconocía que Ecofert Sansoain no podría recibir lixiviados líquidos por carecer de autorizaciones. De hecho, Ekondakin y GHK aseguran no disponer de “explicaciones adicionales” sobre el fin de su relación con la planta de Artajona más allá de la notificación telefónica desde Artajona, aunque en el momento de esta comunicación, el 29 de enero, ya era público y notorio desde una semana atrás la decisión del Ejecutivo navarro de cerrar Ecofert Sansoain por recepción ilegal de residuos (y no solamente los guipuzcoanos).

Es más, el Gobierno vasco también remitió a GHK una comunicación el 25 de enero en la que recogía textualmente las conclusiones de Medio Ambiente de Navarra, que ha contado con apoyo de la Guardia Civil, de la Policía Foral, de técnicos ambientales y del Guarderío Forestal. Ese dictamen dejaba claro, por un lado, que lo enviado a Artajona eran lixiviados, para lo que no tenía autorización, y, por otro lado, que estaban erróneamente clasificados con el código 19 08 12 del listado obligatorio para toda la Unión Europea. La documentación interna de Medio Ambiente de Euskadi recoge también que la planta de Zubieta solamente ha de gestionar lixiviados en casos “imprevisibles”, es decir, aparentemente de modo excepcional. Eso no encaja con el hecho de que fueran 5.400 toneladas durante casi dos años.

El asunto de los lixiviados de Gipuzkoa se ha convertido ya en una gran polémica política con tres escenarios, Vitoria, Zubieta y Pamplona. Asensio, en Gipuzkoa, permanece sin novedades de cómo avanza la investigación judicial y rechaza de plano las irregularidades denunciadas por Navarra, que son coincidentes con las tesis de la Fiscalía y de la plataforma GuraSOS, a la que desdeña por estar supuestamente tutelada por EH Bildu. El consejero navarro, José María Aierdi, ha repetido en numerosas ocasiones ya que el movimiento de residuos fue “ilegal”. Es de Geroa Bai, la coalición que integra al PNV. Sin embargo, en el caso del Gobierno vasco, la postura verbalizada tanto por el lehendakari, Iñigo Urkullu, como por la consejera del ramo, Arantxa Tapia, ambos del PNV, es que la operativa no fue irregular e incluso que desconocen los motivos por los que Ecofert Sansoain ha sido clausurada.