Los activistas de Greenpeace no se han sorprendido con la noticia sobre los permisos solicitados por dos empresas Shell y Capricorn Spain Limited para buscar hidrocarburos en el mar Cantábrico. Consideran que el Gobierno de Mariano Rajoy “ha abierto la veda para saquear el suelo” de todo el territorio del estado y así lo demuestran, a su juicio, estas dos últimas solicitudes presentadas al Ministerio de Industria. “Se suman a la larga lista existente. Nuestro suelo está a la venta al mejor postor y la costa cantábrica no se libra. Se ponen de rodillas ante las multinacionales a cualquier precio. Ahora le toca a Euskadi con el fracking y estas nuevas peticiones de prospecciones frente a sus costas”, afirma Julio Barea, geólogo y portavoz sobre energía de la organización ecologista.“Saquen lo que saquen , un litro de petróleo o un metro cúbico de gas, no se va a a quedar aquí. Lo venderán al mercado internacional. Luego de independencia energética, nada”, advierte Barea.
El movimiento ecologista advierte al Ministerio de Industria que les tendrán en frente si autoriza los permisos a las dos empresas solicitantes. Los permisos son para investigar en cinco zonas concretas conocidas como Mesana y numeradas del uno al cinco, según recoge el BOE. Están localizadas en el Golfo de Bizkaia, a unos 100 kilómetros en línea recta de la costa vasca. eldiarionorte.es se ha puesto en contacto con el Ministerio de Industria para ampliar datos sobre estas solicitudes pero al cierre de esta información no ha llegado respuesta alguna.
Yacimientos que antes no eran rentables
La Ley de Hidrocarburos establece que es la Administración General del Estado la que tiene potestad para otorgar los permisos de investigación de hidrocarburos en las zonas del subsuelo marino. Como parte del procedimiento de solicitud de los permisos, Industria ha publicado en el BOE una resolución en la que se detallan las coordenadas geodésicas en las que se encuentran las distintas áreas susceptibles de exploración. A partir de mañana, se abre un plazo de dos meses para que puedan presentarse ofertas en competencia o que aquellos que se consideren perjudicados en su derecho formulen su oposición. “El proceso el muy largo. Hablamos de tres o cuatro años. Este es solo uno de los pasos previos. Si se llegará a autorizar, las empresas deben presentar una declaración de impacto ambiental que después ha de estudiarse. Lleva mucho tiempo”, aclara Barea, que cree que estas compañía actuaran sobre yacimientos que ya tiene estudiados. “Antes no les resultaba rentable esa explotación, pero ahora, con los altos precios del petróleo les merecerá la inversión”.
Desde Greenpeace insisten en la necesidad de apostar por otro tipo de energías frente a los combustibles fósiles. “Esto es un pozo sin fondo y además vamos en contra de la línea marcada en Europa, buscando como locos hidrocarburos mientras la apuesta es por fomentar las renovables. Hace dos años eramos líderes mundiales en renovables. Todo eso se ha liquidado de un plumazo por el Gobierno del PP y ahora vamos en dirección contraria”. Recuerdan además los muchos daños causados al medio ambiente por las prospecciones petrolíferas. Accidentes, vertidos y derrames contaminantes que han degradado aún más los ecosistemas y la biodiversidad del mar.