El Gobierno de Urkullu insiste con una ley antipandemia para tener “seguridad jurídica” contra la COVID-19 pero no aclara sus plazos ni contenidos

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha insistido este martes en la necesidad de que Euskadi cuente con una “ley antipandemia” para dotar a sus decisiones de mayor “seguridad jurídica”, una idea surgida tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de anular el cierre de la hostelería en los municipios vascos con alta incidencia de la COVID-19 y que sigue a otros varapalos de los tribunales a decisiones autonómicas y que llevaron al lehendakari a ser el primero en pedir a Pedro Sánchez un segundo estado de alarma. La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que controla los servicios jurídicos, ha comparecido ante los medios de comunicación para informar de la existencia de un informe que avala esa necesidad y que se enviará al Parlamento para que lo analice también la oposición. Sin embargo, no se ha presentado el documento, no se han dado plazos del calendario que maneja el Ejecutivo para presentar la ley -ni siquiera está claro si la presentará- y no se han avanzado medidas concretas más allá de que podría permitir agilizar las ayudas económicas a los sectores afectados por las restricciones o que se definirán escenarios de riesgo para escalonar las decisiones.

Garamendi ha indicado que la normativa en vigor da lugar a “interpretaciones” y que sería deseable un marco de mayor “concreción” y “claridad”. La propuesta, consensuada entre los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno, PNV y PSE-EE, a tenor de las palabras del consejero socialista Javier Hurtado, complementa al estado de alarma y “no pretende esquivar” la “supervisión judicial”. El poder ejecutivo, opina el gabinete de Urkullu, tiene un basamento normativo “amplio y poco concreto” que tiene que ser definido para “afrontar situaciones como la pandemia de la COVID-19”. “Deben caber modulaciones de los derechos fundamentales previsibles, limitadas y proporcionales”, ha enfatizado la consejera. Inicialmente, el pasado mes de marzo de 2020, Urkullu aplicó una normativa de Emergencias de 2017 que incluso preveía confinamientos y que ha permitido constituir la mesa de crisis de la emergencia sanitaria con el lehendakari al frente, un órgano conocido por las siglas Labi y que ha tenido especial protagonismo en la segunda ola después de que el Gobierno de Pedro Sánchez delegara en las autonomías la gestión en sus propios territorios.

El Gobierno ha enviado su “reflexión” al Parlamento y ha considerado dar la “oportunidad” a los grupos de la Cámara para que estudien el informe. Al no aclarar si el Ejecutivo ejercerá su potestad y aprobará un proyecto de ley a pesar de su mayoría absoluta, que le garantizaría el éxito, queda en el aire la opción de que sean los propios partidos que apoyan al Gobierno, PNV y PSE-EE, los que activen la norma como proposición de ley. Este tecnicismo podría acelerar los plazos porque evita que el Gobierno y sus órganos consultivos emitan toda una batería de informes preceptivos y ya se ha hecho con otras materias, como la fallida reforma de la renta de garantía de ingresos o la reforma de la ley reguladora de las víctimas de violencia policial. El reglamento parlamentario permite que el Ejecutivo presente proyectos de “lectura única” cuando se aborden materias urgentes, pero impide que se haga, entre otras cuestiones, cuando se regulen “derechos, deberes o libertades de la ciudadanía”, como podría ser el caso.