En un breve comunicado, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno de Iñigo Urkullu, dirigido por la consejera del PNV Arantxa Tapia, ha anunciado que ha dado la “orden directa” a los gerentes de las sociedades públicas Hazi y Miñano (el parque tecnológico de Álava) para que “procedan al despido” inmediato de Alfredo de Miguel y Koldo Ochandiano, respectivamente, dado que han sido “condenados por corrupción con penas de cárcel”.
Ambos habían estado trabajando allí durante los últimos años, incluso después de la sentencia de primera instancia que ahora ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, bajo la premisa de que la resolución judicial no era firme. Indica el área de Tapia que han conocido el fallo “a través de los medios de comunicación” y no “oficialmente” por las personas condenadas, a las que no se cita por el nombre. Indican fuentes del Gobierno que no hay constancia de que el despido vaya a implicar para los condenados una indemnización económica. En todo caso, se elaborará un informe de detalle sobre el proceso de salida, que solamente se podrá ejecutar de forma definitiva cuando la sentencia sea notificada y, por lo tanto, adquiera firmeza.
De Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava, regresó tras ser despojado de sus cargos públicos y orgánicos a IKT, una entidad pública que luego se transformó en Hazi. Tenía una excedencia. Eso sí, antes liquidó otra en otra sociedad pública, Sprilur, previo cobro de una indemnización de 22.000 euros. En estos años ha disfrutado de varios ascensos y su nómina en Hazi se ha más que duplicado. En la última época ejerció como “gerente” -según consta en documentos oficiales- de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea, dependiente de Hazi y en la que colaboran las cofradías. En los últimos días su proyección pública por este puesto había generado controversia.
En el caso de Ochandiano, regresó a su puesto como contable en Miñano, el mismo puesto que tuvo cuando se produjeron los hechos. Dice la sentencia del Supremo de que el hecho de que participara en la mesa de contratación del parque tecnológico facilitó que De Miguel pudiera pedir comisiones a la empresa que habían colocado allí para un contrato, Urbanorma Consulting. Ochandiano era también el contable de la red de empresas de la trama corrupta. Ambos y un tercer miembro de la Ejecutivo del PNV de Álava, el Araba Buru Batzar, eran socios en la mercantil pantalla Kataia Consulting. Se da la circunstancia de que ejecutara el despido la gerente de Miñano, Miren Bilbao, que estuvo imputada en el caso pero que quedó absuelta en primera instancia.
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