El Gobierno vasco está abierto a pactar con EH Bildu una fórmula que evite la deslocalización de las empresas vascas. O que al menos la haga gravosa. Aunque todavía no hay ningún acuerdo cerrado, fuentes del Ejecutivo han confirmado que su intención es pactar con la coalición abertzale que se incluya de alguna forma esta cuestión en la Ley de Subvenciones, a la que el Gobierno vasco ha dado este martes su visto bueno para empezar el trámite parlamentario. El pasado 4 de abril el Gobierno dio su criterio favorable a la toma en consideración de una iniciativa legislativa 'ad hoc' para este fin formulada por EH Bildu, pero mostró su preferencia a la Cámara de que esta proposición se “armonizara o se tramitase de manera conjunta con la Ley de Subvenciones”. En el proyecto de ley al que el Gobierno vasco ha dado su visto bueno este martes no se ha incluido ningún artículo al respecto, pero los partidos del Gobierno quieren negociar con EH Bildu la inclusión de alguna cláusula o disposición adicional, para evitar deslocalizaciones de empresas que hayan recibido subvenciones.
Fuentes de EH Bildu han señalado que, por el momento, no se ha abierto ningún tipo de negociación al respecto y que está previsto que este jueves el pleno del Parlamento apruebe la admisión a trámite de su proposición de ley, ya que contará con los votos a favor de PNV y PSE-EE. El inicio de una negociación sobre la fórmula de “fusionar” ambas propuestas podría llevar a que EH Bildu retirara ese punto del orden del día. De no ser así, arrancará la tramitación parlamentaria de la proposición de EH Bildu y de la Ley de Subvenciones por separado, y fuentes parlamentarias, tanto del Gobierno como de la oposición, desconocen cómo podrían fusionarse porque es algo que no se ha hecho nunca.
En cualquier caso, lo que los partidos del Gobierno accedan a pactar con EH Bildu no será exactamente la literalidad de la propuesta de la coalición abertzale, ya que en el mismo informe favorable a la toma en consideración ya se apunta que “existe a día de hoy una regulación suficiente para responder ante casos de deslocalización empresarial” en el ámbito de Euskadi, y señala a distintas disposiciones normativas en normas forales vigentes en varios territorios históricos. Además, la postura que tome el Parlamento Vasco seguirá en buena parte la línea que siga el Gobierno central en este sentido, después de que el Congreso de los Diputados aprobara el 30 de marzo la proposición no de ley de EH Bildu que insta al Gobierno a “elaborar y desarrollar” en la próxima Ley de Industria “una legislación específica para condicionar la recepción de apoyo y ayudas públicas por parte de empresas a que no haya reubicación o deslocalización de la actividad”, así como para recuperarlas en el caso de que una empresa traslade su sede social fuera de España. Se presentó a raíz de la decisión de Ferrovial de trasladar su sede fuera de España. La propuesta salió adelante con el apoyo de PSOE y Unidas Podemos, que acordaron en el último momento una enmienda transaccional con la coalición abertzale, que rebajó sus pretensiones iniciales, ya que en primer recogía expresamente que las empresas que reciban fondos públicos no se pudieran deslocalizar durante, al menos, cinco años posteriores a las últimas ayudas recibidas, y si lo hacían estuvieran obligadas a devolverlas.
La proposición presentada por EH Bildu esta basada en la norma foral de Bizkaia. Propone que, “si se da una deslocalización tanto del ámbito productivo como el ámbito fiscal, se exija a la empresa que incurra en esa práctica la devolución integral todas las ayudas percibidas por las administraciones públicas vascas en los últimos diez años”. En cuanto al proyecto de Ley de Subvenciones aprobado por el Gobierno vasco, establece los principios generales que deben presidir la gestión de las subvenciones, como los de planificación, publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia. El consejero-portavoz, Bingen Zupiria, ha querido destacar con un dato la relevación de una propuesta aparentemente menor. Las dotaciones destinadas en los presupuestos autonómicos de 2023 a subvenciones rondaron los 3.000 millones de euros. Es casi la cuantía del área de Educación. Solamente Salud supera los 4.000 millones.
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